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Organizaciones Dominicanas presentarán Informe Alterno al  Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas(DESC). 

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La Colectiva Mujer y Salud, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM-RD), y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF) participarán en la sesión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (DESC) a celebrarse en la Sede del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Ginebra Suiza.

Las organizaciones de la sociedad civil de República Dominicana presentarán el informe el lunes 26 de septiembre a las 4am hora dominicana. En la sesión van a socializar el “Informe Alterno al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas 2016” sobre la implementación del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en República Dominicana, enfocado en el impacto de la desigualdad entre hombres y mujeres.

Según el documento redactado por diversas organizaciones sociales dominicanas, todavía existe en el país por parte del Estado resistencia a la aceptación de los Derechos Sexuales y Reproductivos como Derechos Humanos, lo que dificulta el acceso de las mujeres a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad y oportunos.

La investigación evidencia la necesidad del aumento del presupuesto de los programas de reducción de la mortalidad materna y de los embarazos en adolescentes, así como la mejora en la implementación de la perspectiva de género en los planes y políticas relacionados con la protección y el acceso a la salud materna.

Observaciones del Comité al Estado Dominicano

Atendiendo a que30 por ciento de las mujeres siguen siendo víctimas de acosos sexuales en los lugares de trabajo, y que sólo unos pocos casos se han dirimido de conformidad con el Código del Trabajo, el DESC recomendaba al Estado Dominicano en sesión del 2010 implementar leyes que tipifiquen como delito el acoso sexual.

En ese sentido el comité también hizo observaciones al país relativas a la situación de migrantes provenientes de Haití, seguridad social y la prohibición absoluta del aborto en todas sus formas.

En la sesión de este año el Estado Dominicano debe rendir cuentas al comité luego de que el organismo le hiciera las observaciones y recomendaciones en lo concerniente al respeto de los derechos humanos en el país.
En el marco de la participación del Estado Dominicano las organizaciones sociales procuran revelar la obligación del Estado para erradicar las prácticas discriminatorias y promover el cumplimiento pleno de los derechos de cada ciudadanx.

Sobre Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (DESC).

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) es un cuerpo de 18 expertos independientes que supervisan la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales de Naciones Unidas, desde 1978 la República Dominicana ratificó la competencia de este Comité en el país.

El informe a ser presentado cuenta con el apoyo de:

  • Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
  • Foro Feminista Magaly Pineda
  • Centro de Estudios de Género de INTEC (CEG-INTEC)
  • Alianza Solidaria para la Lucha contra el VIH y el SIDA (ASOLSIDA)
  • Asociación de Mujeres Domínico-Haitianas (MUDHA)
  • Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA)
  • Movimiento Social de Trabajadores Domínico-Haitianos (MOSCHTA)

DESCARGAS

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INFORME-DESC-EN
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Video República Dominicana tenemos que hablar

Las mujeres tenemos que tener la opción de elegir si queremos o no continuar con un embarazo cuando nuestra vida esta en peligro, cuando haya sido producto de violación o incesto o cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida.  Para ver el video por favor ve a nuestra sección multimedia en videos. http://colectivamujerysalud.org/index.php/multimedia7/videos19

Organizaciones feministas entregan carta en JCE exigiendo cumplir con la cuota femenina

Un grupo de representantes de organizaciones de mujeres entregó en la Junta Central Electoral (JCE) una carta dirigida al presidente del organismo, Roberto Rosario Márquez, para instarlo a no acceder a las presiones de los partidos PLD, PRSC y PRD que buscan modificar la cuota femenina para los puestos eleccionarios de cara a las votaciones de mayo de este año.

Además, recordaron al funcionario que cualquier intento de modificación sería contrario al principio constitucional de igualdad ante la ley de mujeres y hombres, el cual plantea que “se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres”.

Las organizaciones firmantes señalaron en la carta los intentos sistemáticos de los partidos por modificar la cuota femenina a lo largo de casi 20 años desde su adopción, tiempo en el cual no se ha logrado garantizar su total cumplimiento.

“Solicitamos al Pleno de la Junta, no acceder a las presiones del PLD, PRD y PRSC en su intento por reducir conquistas y logros a favor de los derechos de las mujeres”, plantearon. “Recordamos que la Constitución de la República del 2010,  establece en el Art. 39-5 la obligación estatal de “promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a cargos de elección popular”, plantearon.

“Cualquier decisión orientada a una aplicación general y no por circunscripciones de la cuota femenina, sería contraria y violatoria del precitado artículo, los esfuerzos más bien deben ir orientados a tomar medidas de representación política encaminadas a la paridad de género”, dice un párrafo de la citada carta.

 

A continuación, el texto íntegro de la comunicación:

 

Santo Domingo, 14 de marzo 2016-03-12

 

Señor

Roberto Rosario Márquez

Presidente Junta Central Electoral

 

 

Estimado Magistrado:

 

En representación de decenas de organizaciones de mujeres, le saludamos respetuosamente, a la vez de expresar nuestra preocupación por el intento de algunos partidos de retroceder en el procedimiento de aplicación de la cuota femenina.

 

La cuota femenina fue adoptada como una forma de garantizar una mayor participación de las mujeres en los puestos de elección popular, pero desde su surgimiento, los partidos tradicionales han hecho intentos sistemáticos para evadirla y limitar su aplicación y alcance, de tal forma, que a casi 20 años de su adopción no hemos logrado su total cumplimiento.

 

Solicitamos  al Pleno de la Junta, no acceder a las presiones del PLD, PRD y PRSC en su intento por reducir conquistas y logros a favor de los derechos de las mujeres. Recordamos que la Constitución de la República del 2010,  establece en el Art. 39-5 la obligación estatal de “promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a cargos de elección popular”. Cualquier decisión orientada a una aplicación parcial de la cuota femenina, sería contraria y violatoria del precitado artículo, los esfuerzos más bien deben ir orientados a tomar medidas de representación política encaminadas a la paridad de género.

 

”en condiciones de igualdad entrar. 39 as, que la Constitucil acceso al disfrute de este derecho en condiciones de igualdad entrIgualmente,  modificar el reglamento de aplicación de la cuota para reducir la participación de las mujeres sería contrario al principio constitucional  de igualdad ante la ley de mujeres y hombres, el cual plantea que Se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres”.

 

Exhortamos a la Junta Central Electoral a mantener el reglamento de aplicación tal cual está y a trabajar para una vez pasen las elecciones del 2016, adoptar una resolución que garantice el equilibrio en la participación entre mujeres y hombres en todos los puestos de elección popular, acorde a la Constitución.

 

Le saludamos atentamente, reiterándole que nos vamos a mantener vigilantes ante cualquier intento que pretenda limitar derechos adquiridos.

 

 

Sergia Galván                             

Colectiva Mujer y Salud                    .

 

Lorena Espinoza

Foro Feminista

  

Lidia Ferrer

Confederación Nacional de Mujeres del Campo.

 

Rosanny Rivera

Articulación Nacional Campesina.

 

Laura Bretón

Centro de Investigación para la Acción Femenina

CIPAF

  

Graciela de la Cruz

CE-MUJER

 

Alba Reyes

Centro para la educación y el desarrollo 

CEDUCA

 

Posicionamiento sobre discriminación a poblaciones LGBT por Ciudadanxs LGBTQ-RD

A la sociedad dominicana, a sus líderes y gobernantes:

A partir de la designación de James W. Brewster como embajador estadounidense en República Dominicana, se ha impulsado la discusión y el debate sobre los derechos humanos, en particular los derechos de las poblaciones lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT). Desgraciadamente, la prensa mayormente se ha hecho eco de los ataques y las descalificaciones contra el diplomático.

La sociedad dominicana tiene muchos retos que afrontar, desde el grave problema de criminalidad e inseguridad ciudadana que vivimos, hasta los altos niveles de corrupción que se observan en nuestro país. A nosotros no se nos olvida que apenas el 22 de febrero de este año, en plena campaña por la reelección Joao Santana, asesor del presidente Danilo Medina, formalizó su renuncia tras haber sido acusado de corrupción por haber recibido fondos ilícitos de parte de Odebrecht, por loq ue enfrenta cargos ante las autoridades brasileñas.

Los ataques al embajador Brewster se apoyan en obstáculos rancios de nuestra sociedad: el conservadurismo e hipocresía que gobierna la vida pública, la privada y la íntima, y que hoy sirven para atacar a un hombre y para desviar la atención pública de los verdaderos asuntos de interés.

El embajador Brewster es un representante de Estado, sus acciones responden a las directrices de la política de su país de origen. En esta ocasión el Estado Norteamericano busca promover la igualdad en general y no discriminación hacia las personas LGBT en particular, esto ni es una injerencia extranjera, ni es un despropósito.

Nuestra constitución consigna que todos los dominicanos y dominicanas somos iguales ante la ley, y aunque nuestra realidad dista mucho del ideal constitucional, no pueden validarse iniciativas que contravengan nuestra carta magna.

Las poblaciones LGBT, formamos parte de las personas cuyos derechos constitucionales son constantemente violentados. Junto con los jóvenes que no encuentran trabajo, las mujeres que mueren a manos de sus compañeros y las personas a quienes se le niega su derecho a protestar, ponemos sobre la mesa los grandes problemas que nos aquejan como sociedad: racismo, misoginia, homofobia, xenofobia, y tal vez el peor de todos: que a pesar de que la ley contempla protección ante estas realidades, ésta aún no se cumple. Por esto, demandamos el respeto a nuestra ciudadanía.

Esconderse detrás del argumento estéril de la injerencia extranjera ya no es una opción. Cuando un diplomático cumple con sus funciones como son visitas públicas y promoción del comercio no se puede hablar de injerencia. En contraste con el encubrimiento de delitos sexuales, como ha sido el caso de la Iglesia Católica en República Dominicana, la cual ha usado todo su poder para evitar que las víctimas de pederastia accedan a la justicia, que si lo es.

El reconocimiento de derechos humanos, en este caso de las personas LGBT, nunca es ajeno a la realidad de un país. Es deuda histórica, legítima y urgente.

Por lo anterior, demandamos a la sociedad dominicana, a sus líderes y gobernantes a reconocer que las personas que formamos parte de las poblaciones LGBT somos parte valiosa de este país, por lo que exigimos que se respete nuestro derecho a vivir en dignidad, a expresar nuestras ideas y a asociarnos.

En tal sentido, pedimos que se detengan los ataques homofóbicos no sólo contra el Embajador Brewster, sino contra todas las personas LGBT, muchas de las cuales viven su día a día en la más abyecta discriminación y violencia a causa de su orientación sexual o su identidad de género.

Exigimos que este país abra los ojos y se de cuenta de que el oscurantismo en el que hemos vivido sólo promueve la pobreza, la ignorancia y la muerte.

Celebramos la valentía del Embajador Brewster al no replegarse; junto con él salimos a la calle, a los medios de comunicación, a nuestros espacios de trabajo a decir “aquí estamos y nos van a tener que respetar”.

Los derechos de las personas LGBT no son una agenda de los Estados Unidos, son derechos constitucionales que nos corresponden.

Ciudadanxs LGBTQ-RD

- See more at: http://www.7dias.com.do/portada/2016/03/10/i206888_respaldan-embajador-ante-asedio-religiosos-homofobos.html#.VuLhNozhBQN

Carta al Presidente de República Dominicana en el Día Internacional de la Mujer

Santo Domingo 8 de marzo, 2016

 

 

Señor:

Danilo Medina Sánchez

Excelentísimo Presidente  Constitucional de la República Dominicana

Palacio Nacional

Su despacho

 

 

Excelentísimo Señor Presidente:

Las entidades abajo firmantes, en representación de decenas de organizaciones y miles de mujeres, nos dirigimos a Usted nuevamente en ocasión del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con el propósito de demandar respuestas y soluciones a los diversos problemas que obstaculizan el ejercicio de nuestros derechos.

 

Las mujeres dominicanas seguimos siendo sujetas de múltiples formas de desigualdad y discriminación, que se expresan en mayor desempleo, precariedad y discriminación laboral; subrepresentación en todos los órganos de decisión y poder; inaceptables cifras de muertes maternas; negación del ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos y limitado acceso y control a la propiedad de las tierras y las viviendas.

 

La violencia de género en sus distintas formas, la cual tiene su expresión más trágica en los feminicidios, es otro de los principales obstáculos que enfrentamos las mujeres dominicanas para el logro de la igualdad social y el ejercicio pleno de nuestros derechos.

 

Señor Presidente, resulta inaceptable que la República Dominicana continúe en la lista de los pocos países del mundo que prohíben el aborto de manera absoluta y que tampoco ofrece educación sexual en las escuelas con carácter laico, científica y de calidad. Resulta indignante que frente a las grandes amenazas del ZIKA, la respuesta del Estado sea transferir la responsabilidad a las mujeres exigiéndole que no se embaracen,  en vez de asumir políticas orientadas a preservar su salud, su vida y su integridad, como por ejemplo, mejorar el acceso a métodos anticonceptivos.

Frente a los múltiples problemas planteados las mujeres dominicanas demandamos: 

 

1.    Adecuar la legislación nacional para implementar los Convenios Num.183 y 189 de la OIT sobre Protección a la Maternidad y sobre trabajadoras y trabajadores domésticos, los cuales  incluyen licencia pre y post natal de 14 semanas, evitar las prácticas discriminatorias, establecer una mayor protección del empleo y garantizar condiciones de trabajo que no pongan en peligro la salud de la trabajadora embarazada, ni de la criatura, así  como seguridad social para garantizar la igualdad de derechos y trato de los trabajadores y trabajadoras domésticas;

 

2.    Adecuar la ley y práctica laboral que permita la aplicación de la Ley General de Lactancia Materna para facilitar que las trabajadoras puedan  lactar a sus hijos e hijas; lo cual requiere la creación de más y mejores estancias infantiles en los centros de trabajo y el establecimiento de las salas de lactancia en las empresas e instituciones del Estado.

 

3.    Adoptar el convenio 156 de la OIT, como forma de conciliar el trabajo asalariado con la vida familiar, tomando en consideración la responsabilidad y participación  paternal como parte del proceso de desarrollo de la familia

 

4.    Crea condiciones para la inserción de las mujeres en empleos decentes, que  erradiquen la informalidad de su vida laboral y exigir el cumplimiento del principio de trabajo de igual condición, igual valor  como forma de cerrar la brecha de desigualdad salarial que prevalece en el medio productivo. En resumen en este aspecto exigimos ya:

a.    -Igualdad de trato y salarial en el trabajo. ¡No más brechas!.

b.    -Conciliar el trabajo con las responsabilidades familiares y del hogar.

c.     -La aplicación del convenio  189/0IT para las trabajadoras domesticas.

d.    -14 semanas de descanso de maternidad

 

5.    Poner en marcha una política pública nacional con campañas permanentes de prevención de la violencia contra las mujeres, no acciones puntuales y coyunturales; crear y habilitar con carácter de urgencia al menos 36 unidades permanentes de atención a las víctimas de violencia de género; asignar un presupuesto y recursos suficientes para atender la violencia en todas sus manifestaciones; elaborar políticas para el control y porte de armas de fuego (la mayoría de los feminicidios ocurren con arma de fuego) y que se tomen medidas para agilizar la aprobación inmediata de la Ley Orgánica Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.

 

 

6.    Que se reintroduzca de nuevo el Código Penal Dominicano para su aprobación, incluyendo la despenalización del aborto cuando corre peligro la salud y vida de la mujer, en caso de violación e incesto y cuando hay malformación del feto incompatible con la vida;  tomar medidas urgentes para mejorar la calidad de atención en salud sexual y salud reproductiva para reducir los casos de mortalidad materna debidos a malas prácticas médicasa nivel nacional, con especial atención en adolescentes y muertes maternas a causa de complicaciones obstétricas, incluido el aborto; mejorar la inversión pública nacional para contrarrestar la feminización de la epidemia del VIH y mejorar el acceso a medicamentos antiretrovirales.

7.    Garantizar una política de paridad en todos los puestos de la administración pública  y de elección popular, incluyendo los altos puestos en consonancia con los postulados de igualdad y no discriminación establecidos en la Constitución.

 

8.    Garantizar el respeto a los derechos humanos de las mujeres dominicanas de ascendencia haitiana, así como eliminar la práctica de negación o despojo de la nacionalidad dominicana a mujeres y niñas/os domínico-haitianas. Tomar medidas para enfrentar la situación de apatridia o riesgo de que son víctimas mujeres y niñas de ascendencia haitiana.

 

9.    Adoptar medidas orientadas a incentivar el empleo de las mujeres con discapacidad, mediante cuota de empleo en el sector público e incentivos al sector privado, así como eliminar las barreras físicas y de comunicación que constituyan obstáculos al ejercicio pleno de sus derechos.

 

 

10.Garantizar la igualdad de trato y oportunidades en el empleo mediante la incorporación en el Código de Trabajo de las estipulaciones necesarias para la protección de la población homosexual, transexual y bisexual, evitando la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el ámbito laboral y estableciendo mecanismos de sanción a la discriminación e  implementar las medidas preventivas, investigativas y sanciones necesarias para el seguimiento efectivo a los crímenes de odio motivados por orientación sexual o identidad de género

 

Señor Presidente, esperamos que nuestras demandas sean tomadas en consideración como parte de la responsabilidad y el compromiso que Usted tiene de armonizar los planes,  políticas y programas en función de la Constitución y los nuevos Objetivos de Desarrollo Sustentables, vamos dar estricto seguimiento al cumplimiento de nuestras demandas, atentamente:

 

 

§  Colectiva Mujer y Salud

§  Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (CE-Mujer)

§  Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA)

§  Comité Intersindical de la Mujer Trabajadora CIMTRA

§  Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA)

§  Asociación de Mujeres para e Desarrollo Integral Comunitario (AMUDICO

§  Movimiento de Mujeres Organizadas Santo Domingo Oriental (MODEMORI)

§  Articulación Nacional Campesina

§  Acción Libre RD

§  Coalición de las Organizaciones de inmigrantes haitianos en República Dominicana COIH-RD

§  Reconocido

§  Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF)

§  Instituto Dominicano de Apoyo a la Juventud (INDAJOVEN)

§  Movimiento de Mujeres Trabajadoras (MMT)

§  Repúblika Libre

§  Foro Feminista Dominicano

§  Unión Democrática de Mujeres (UDEMU)

§  Red de Mujeres Organizadas por el Empoderamiento y la Igualdad de Género (REDMOEIG)

§  Alianza Solidaria para la Lucha Contra el VIH/ SIDA (ASOLSIDA)

§  Federación de Mujeres Campesinas de Cambita –(FEMUCAM)

§  Centro para la Educación y el Desarrollo (CEDUCA)

§  Instituto de Estudio e Investigación de Género y Familia - UASD

§  Centro de Estudios de Género de INTEC (CEG-INTEC)

§  Asociación Nacional de Enfermería (ASONAEN)

§  Diversidad Dominicana (DIVERDOM)

§  Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM-RD)

§  Círculo de Mujeres con Discapacidad (CIMUDIS)

§  Tú Mujer

§  EMUDE

§  Movimiento Vida sin Violencia (MOVIDA)

§  CONAMUR

Bajo el símbolo de “Anónimas” mujeres protestaron por la ola de Feminicidios frente al Palacio Nacional.

 

Representantes de diversas organizaciones de mujeres bajo el símbolo de “Anónimas” fueron al Palacio Nacional a entregar un documento al Presidente de la República en situación de alerta frente a la ola de feminicidios. Lamentaron que después de esperar por 25 minutos en la recepción,  ningún funcionario fue a recibirlas, por lo que decidieron marcharse, manifestando que esa es una muestra  del poco interés de las autoridades frente a la violencia y a los problemas que afectan a las mujeres.  Las mujeres expresaron preocupación, indignación y postura de alerta frente a la falta de respuesta efectiva del Estado Dominicano para hacer frente a la violencia contra las mujeres.

 

Sostuvieron que las mujeres dominicanas siguen siendo sujetas de múltiples formas de desigualdad y discriminación, que se expresan en mayor desempleo, precariedad y discriminación laboral; subrepresentación en todos los órganos de decisión; inaceptables cifras de muertes maternas; negación del ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos y limitado acceso y control a la propiedad de las tierras y las viviendas, entre otros graves problemas.[1]

 

Sergia Galván,  hablando a nombre del grupo dijo que uno de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres dominicanas para el logro de la igualdad social y el ejercicio pleno de sus derechos es la violencia de género en sus distintas formas, la cual tiene su expresión más trágica en los feminicidios, ubicando a la República Dominicana en tercer lugar en la región en violencia feminicida.

 

Señalaron que datos preliminares de la Procuraduría General de la República, muestran que en el 2015 fueron asesinadas 144 mujeres, 77 a mano de parejas, ex parejas, novios, ex novios y se recibieron 67,187 denuncias, lo que indica la magnitud del problema, sobre todo, porque se sabe que los delitos sexuales y la violencia de género son de bajo nivel de denuncia. En lo que va del mes de enero, ya han ocurrido 7 feminicidios, superando las cifras de los últimos años, lo que evidencia que, de seguir esta tendencia, al final del año obtendremos cifras record de feminicidios.

 

Sergia Galván,  en representación del grupo planteó las exigencias de las mujeres para hacer frente a la violencia, destacando y solicitando que:

 

-       Que se convoque de urgencia al Consejo de Gobierno para responder a la emergencia de los feminicidios, se requiere una respuesta articulada y coordinada al más alto nivel.

-       Una política pública nacional con campañas permanente s de prevención de la violencia contra las mujeres, no acciones puntuales y coyunturales.

-       Creación y habilitación con carácter de urgencia de al menos 36 unidades permanentes de atención a las víctimas de violencia de género.

-       Capacitación urgente sobre violencia de género a todos los operadores de justicia.

-       Presupuesto y recursos suficientes para atender la violencia en todas sus manifestaciones.

-       Cese de la impunidad y la corrupción en el sistema de justicia, lo cual está contribuyendo a la perpetuación de este flagelo.

-       Implementación de políticas públicas en el Ministerio de Educación y de Salud para enfrentar la violencia.

-       Mayor seguridad de las mujeres que denuncian la violencia.

-       Políticas para el control y porte de armas de fuego, la mayoría de los feminicidios ocurren con arma de fuego.

-       Políticas públicas orientadas a controlar la difusión de mensajes que incitan a la violencia contra las mujeres.

-       Aprobación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres

 

Explicaron que ya están cansadas de discursos, promesas, iniciativas dispersas, improvisación e indiferencia frente a la violencia contra las mujeres,  y que a partir de hoy,  van a mantenerse en alerta y movilización permanente hasta  obtener una respuesta efectiva de las autoridades en la prevención, atención y  sanción de  la violencia contra las mujeres.

Dijeron que cada vez que ocurra un feminicidio van a ir al Palacio Nacional en protesta hasta que las autoridades las tomen en serio y respondan como la situación lo amerita.

 

Colectiva Mujer y Salud

Foro Feminista

Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA)

Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF)

Movimiento de Mujeres Dominico Haitiana (MUDHA)

Unidad Sindical de Mujeres Activas CNUS ( UNISIMAS)

Red de Mujeres por el Empoderamiento y la igualdad de Género

Asociación Tú Mujer

Centro de Solidaridad para el desarrollo de la Mujer (CE-MUJER)

Alianza Solidaria Contra el VIH y el SIDA (ASOLSIDA)

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM-RD)

Unión Democrática de Mujeres

 

Santo Domingo, 19 de enero del 2016

 



[1] Las cifras correspondientes a estas variables pueden encontrarse en el capítulo 16, “Empoderamiento de la mujer y resultados demográficos y de salud”, páginas 297-316 de la ENDESA-2013

El CODUE, ¿nuevo frente de masas de la FNP?

 

En el país de lo insólito, ya nada debiera sorprendernos, por irracional que parezca. Pero, ¿quién iba a decir que el Presidente del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica (CODUE), Fidel Lorenzo, iba a declararse seguidor de Vincho Castillo y sus tres hijos, y que de paso iba a comprometer a sus miles de feligreses con la agenda político-electoral de la Fuerza Nacional Progresista?

 

En efecto, la decisión de usar los púlpitos para denunciar por su nombre a todos los candidatos a cargos electivos que, según ellos, son "pro aborto, pro gay y en contra de la soberanía", coloca al CODUE en la posición de frente de masas de la FNP, que lleva esas tres demandas como eje central de su oferta electoral. Cosa más sorprendente todavía porque, para no pecar de hipócritas, la denuncia del CODUE tendrá que incluir al propio Presidente Medina, cuya observación de la primera versión del Código Penal aprobada por el Congreso no deja dudas sobre sus simpatías con la despenalización del aborto por causales.

 

Parece que el Sr. Lorenzo ha olvidado que ya ese drama de intimidación fue puesto en escena por la Iglesia católica en las elecciones del 2010, cuando llamó a votar en contra de los 32 diputados y diputadas que se pronunciaron en contra del artículo 30, y la población no le hizo el menor caso. Si le creemos al Sr. Lorenzo, el CODUE está actualmente coordinando con la Iglesia católica su boicot de aquellos políticos tan, pero tan degenerados que son capaces de apoyar demandas tan, pero tan escandalosas como el derecho de las mujeres al aborto terapéutico, la igualdad de derechos de todos los dominicanos, independientemente de su orientación sexual, y el derecho a la nacionalidad de los hijos y nietos de migrantes nacidos y criados en el país.

 

Habrá que ver si, después del rechazo del electorado al chantaje del 2010, la Iglesia católica se anima a secundar la estrategia del CODUE y se arriesga a sufrir otra humillación en la urnas –y peor todavía, se arriesga a caer en desgracia con el Poder Político y perder algunos de sus muchos privilegios políticos y económicos -lo que, según algunos cínicos, sería para la Iglesia peor desgracia que todos los abortos y los haitianos del mundo. En este sentido habría que preguntarse si la iniciativa del Sr. Lorenzo no persigue “sensibilizar” un poco a las autoridades sobre las posibles consecuencias político-electorales de ignorar la ambición evangélica de acceder al envidiable festín de los fondos públicos del que, sin transparencia ni rendición alguna de cuentas, disfruta desde hace décadas la Iglesia católica, sobre todo ahora que consiguieron la boronita del financiamiento completo de sus colegios privados, para lo cual luchamos tan denodadamente los ciudadanos que echamos el pleito a favor del 4%.

 

Algo sustancioso debe buscar el Sr. Lorenzo en esta época de festines pre-electorales con los cuartos del pueblo, porque de lo contrario no se entiende el orden de prioridades del CODUE. Uno pensaría, por ejemplo, que la desigualdad, la pobreza y la corrupción tomarían precedencia sobre el aborto terapéutico y el derecho a amar a quien elija tu corazón. Vanamente imaginaría uno que la podredumbre de la justicia, el endeudamiento galopante, el dengue y la zica tendrían precedencia sobre el derecho de la mujer violada a terminar un embarazo indeseado o el derecho del nieto de haitianos a que le reconozcan la nacionalidad.

 

Pensaría uno también que gente tan inteligente, tan ilustrada y de tan fina sensibilidad como Vinicito, para poner un ejemplo, junto a su nuevo discípulo el Sr. Lorenzo, entenderían lo peligroso que resulta azuzar los prejuicios más bajos y vulgares contra los migrantes, los gays y las mujeres, tres grupos que ya sufren niveles inaceptables de desigualdad, discriminación y violencia en la sociedad dominicana. ¿Habrán considerado estos preclaros moralistas del siglo XXI el extraordinario parecido de su postura con la de los extremistas musulmanes del presente, para no decir con los extremistas religiosos de todas las épocas? Por si acaso, aquí va un recordatorio: es invariablemente la ultraderecha la que instrumentaliza la religión en aras del poder político de sus dirigentes, la que promueve el odio religioso contra grupos sociales vulnerables para lograr objetivos políticos mezquinos, la que engaña al pueblo con la moralina barata que promueve el fanatismo y la intolerancia.

 

En el país de las maravillas siempre hay terreno fértil para los oportunistas de cualquier calaña -y cualquier religión- que quieran pescar en ríos pre-electorales revueltos, incitando al odio contra los discriminados en vez de enfrentar de manera vertical a los sinvergüenzas que hacen festín del presupuesto nacional y destruyen el tejido social del país para seguir parasitando de los fondos públicos. Porque, a fin de cuentas, la culpa de los principales problemas nacionales no la tienen los partidos, las iglesias, las altas cortes y demás sectores de poder, sino las violadas embarazadas, los descendientes de haitianos y los gays. ¿Verdad?

 

Colectiva Mujer y Salud

18 de enero del 2016

 

La Salud de las Mujeres: Balance del año 2015

 

El año 2015 ha sido tan catastrófico con respecto a la salud de las mujeres dominicanas como lo ha sido en materia de institucionalidad democrática y de corrupción política, como bien demuestran los altísimos índices de mortalidad materna, violencia de género, feminicidios, embarazo adolescente y demás indicadores, que nos siguen situando entre los peores puestos de la región. 

A pesar de los ocasionales alegatos para convencernos de que las cosas están mejorando, la realidad es que las 181 muertes maternas reportadas esta semana –y que no incluyen el inevitable subregistro que aparece después- no representan un avance con relación a las 184 del año anterior. Tampoco convence la pírrica reducción en el número de feminicidios íntimos, que de acuerdo a la Procuraduría alcanzaban la cifra de 61 para finales de septiembre de este año, contra 66 en igual período del año pasado (cifras de las que, en todo caso, se sospecha un importante subregistro).

 

Considerando el pésimo desempeño de nuestro sistema sanitario frente a las epidemias de dengue y chikungunya de los últimos años, la inminente llegada al país del virus del Zika representa una amenaza de primera magnitud que, como veremos, afectará de manera especial a las mujeres. Recordemos que a RD le cabe la vergüenza de tener la tasa de mortalidad por dengue más alta del hemisferio y que, según el recuento oficial, el número de casos de esta enfermedad registrados en el 2015 casi triplicó los del año anterior. La velocidad e intensidad con que la epidemia de la chikungunya arrasó el país en el 2014 es otro pésimo precedente, visto que las tres enfermedades son transmitidas por el mismo vector y prosperan en las mismas condiciones de insalubridad.

 

¿Por qué el Zika representa una amenaza particular para las mujeres? Porque la experiencia brasileña está demostrando el alto riesgo de sufrir microcefalia que enfrentan los bebés cuyas madres padecieron la enfermedad durante el primer trimestre del embarazo. La microcefalia afecta el desarrollo cerebral del feto de diversas formas, dando como resultado deficiencias cognitivas y otros retrasos en el desarrollo posterior de estos niños, que requerirán atenciones especiales durante toda su vida. Tras unos meses de la epidemia de Zika, el número de casos diagnosticados de microcefalia en Brasil saltó de 147 el año pasado a 2,782 este año.

 

¿Cuáles serán las opciones de las embarazadas dominicanas eventualmente afectadas por el Zika frente a la posibilidad de dar a luz un bebé severamente discapacitado? En primer lugar, aquellas que así lo deseen no tendrían la posibilidad de interrumpir su embarazo, vista la prohibición absoluta del aborto en la RD. La interrupción no sería posible ni siquiera de estar vigente la despenalización por causales que cursó en el Congreso el año pasado, visto que ésta sólo contemplaba la despenalización cuando el feto era incapaz de sobrevivir fuera del útero, lo cual no es el caso con la microcefalia.

 

En países atrasados como el nuestro, donde políticos cobardes y obispos misóginos obligan a las mujeres a llevar a término embarazos indeseados sin importar sus deseos o sus circunstancias, la situación de las embarazadas afectadas de Zika es realmente desesperada: no se les permite interrumpir el embarazo, so pena de cárcel, pero tampoco cuentan con apoyo del Estado o de las iglesias para  aquellos hijos que nacen con discapacidad y que requerirán atenciones especiales el resto de sus vidas. Más allá de uno que otro “casos vitrina”, de esos que les resultan tan útiles a los grupos anti-derechos en sus campañas propagandísticas y de recaudación de fondos, es bien sabido que los grandes defensores de “La Vida” pierden el interés tan pronto ésta sale del útero. Todo lo anterior aplica por igual a las mujeres que por convicciones religiosas o de otra índole opten por llevar a término sus embarazos, aún a sabiendas de que se exponen a tener un hijo severamente discapacitado. No hay límites al cinismo de los grupos que instrumentalizan a los fetos con discapacidad con discursitos sobre el valor intrínseco de la vida humana, para luego de nacidos desentenderse de ellos.

 

Las mujeres dominicanas empezaremos el 2016 con un Código Penal cuyos artículos sobre el aborto datan del siglo XIX, padeciendo los abusos y la indiferencia de autoridades que dan la espalda a sus responsabilidades frente a la ciudadanía.  Por eso no acaban de aprobar la Ley Orgánica Integral de Violencia Contra las Mujeres ni la Ley por los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos; por eso no financian ni implementan políticas efectivas para hacer frente a la violencia que sufren cientos de miles de mujeres dominicanas; por eso no sancionan a los médicos y funcionarios hospitalarios cuya negligencia cuesta la vida a cientos de embarazadas cada año. Ante este panorama, las  palabras no alcanzan para lamentar lo que les espera a las embarazadas que enfermen de Zika en nuestro país.

 

Al pasar balance sobre el estado de salud de las mujeres dominicanas en el año que concluye llama la atención lo poco que ha variado su situación en comparación con años anteriores, aún siendo éste un año pre-electoral cuando, por tradición, los políticos hacen al menos alguno que otro gesto demagógico a favor de las mujeres. El hecho de que, a pocos meses de las elecciones, no encontremos ni siquiera esto, es una muestra elocuente de lo poco que importan las mujeres a los sectores de poder. Hemos llegado al punto en que ya ni se molestan en mentirnos.

 

 

Colectiva Mujer y Salud

Diciembre 31, 2015

Organizaciones de la sociedad civil instan al Congreso dominicano a aprobar nuevamente un Código Penal que incluya la despenalización del aborto por tres causales.

El Tribunal Constitucional no prohíbe la despenalización del aborto, sino que aduce un defecto de forma en la aprobación del código.

 El texto debe ser el resultado de un proceso legislativo que cumpla con el requerimiento constitucional, transparente y participativo.

 

A través de la sentencia TC-0599-15 del 17 de diciembre de 2015, el Tribunal Constitucional dominicano declara inconstitucional el Código Penal promulgado el 19 de diciembre de 2014 por cuestiones de forma, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de su contenido, que incluye la despenalización del aborto por causales. Según el Tribunal Constitucional el Código Penal no cumplió con las formalidades requeridas por la Constitución Nacional para ser aprobado, luego de ser observado por el Presidente.

 

De manera que esta sentencia no representa obstáculo legal para la aprobación de las disposiciones sobre interrupción del embarazo que contenía el Código Penal aprobado en 2014, luego de las observaciones del Presidente. El mismo incluía tres excepciones a la penalización del aborto: cuando exista peligro para su vida y salud, cuando el embarazo sea producto de una violación sexual o incesto, y cuando existan malformaciones fetales incompatibles con la vida.

 

Ante esta decisión de la máxima autoridad constitucional del país, instituciones, organizaciones de mujeres, agrupaciones políticas sindicales y organizaciones internacionales, exigimos a legisladores y legisladoras en el Congreso Nacional, así como al Presidente de la República, asumir su rol en la protección de los derechos humanos de las mujeres y aprobar nuevamente un Código Penal que garantice los derechos a la vida y salud de las mujeres.

 

El Estado dominicano debe proteger a las mujeres de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes y un código penal que criminalice el aborto sin excepciones es claramente violatorio de esa obligación. Volver a un código que data del año 1884 supone un retroceso en los derechos humanos de las mujeres reconocidos en el derecho internacional y de obligatorio cumplimiento para la Republica Dominicana.

 

“Las mujeres somos más del 50 por ciento de la población dominicana, no garantizar nuestros derechos más básicos es violentar a más de la mitad de la nación”, declara Sergia Galván, directora de la Colectiva Mujer y Salud.

 

República Dominicana tiene una de las mayores tasas de mortalidad materna de la región. En 2014 murieron 179 mujeres y al final de noviembre de 2015 van 164 muertes en su mayoría por causas evitables y en parte por abortos inseguros. Es responsabilidad del Estado dominicano evitar que se repitan más muertes como la de Esperancita, quien, con tan sólo 16 años murió por no recibir a tiempo el tratamiento de quimioterapia que necesitaba para tratar la leucemia por estar embarazada de siete semanas.

 

Organizaciones y Personas Firmantes:

  1. Asociación Nacional de Enfermeras (ASONAEN)
  2. Asociación de Profesionales Mayas del Ixcan, Guatemala
  3. Campaña 28 de Septiembre - Bolivia
  4. Centro de Derechos Reproductivos
  5. Centro para la Educación y el Desarrollo (CEDUCA)
  6. Centro de Investigación Para la Acción Femenina (CIPAF)
  7. Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN)
  8. Centro Solidaridad Para Desarrollo De La Mujer (CE-MUJER)
  9. Colectiva Mujer y Salud
  10. Colectivo Rebeldía - Bolivia
  11. Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)
  12. CLADEM Argentina
  13. CLADEM Nicaragua
  14. CLADEM República Dominicana
  15. CLADEM Uruguay
  16. Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA)
  17. CPM Micaela Bastidas - Perú
  18. Diversidad Dominicana (DIVERDOM)
  19. Foro Feminista
  20. Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional (FUNCEJI)
  21. Instituto Dominicano de Apoyo a la Juventud (INDAJOVEN)
  22. Movimiento Dominicanos Conscientes
  23. Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA)
  24. Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM)
  25. Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados (ODHGV)
  26. Red de Mujeres por el Empoderamiento y la Igualdad de Género (REDMOEIG)
  27. Servicios Integrales para la Mujer – SI MUJER - Nicaragua
  28. TRANSSA-Trans Siempre Amigas INC
  29. Unidad Sindical de Mujeres Unidas - CNUS
  30. Women’s Link Worldwide
  31. Ada Iris Cruz Alicea – Puerto Rico
  32. Alina Ramírez – República Dominicana
  33. Ana Irma Rivera Lassés – Puerto Rico
  34. Ana López Sales - Guatemala
  35. Christian King – República Dominicana
  36. Felipe E. Díaz Soto – República Dominicana
  37. Giancarlo Ledesma – República Dominicana
  38. Jacqueline Cruz – Puerto Rico
  39. María Jesús Pola Zapico – República Dominicana
  40. María Cristina Zurutuza – Argentina
  41. Mariela Jara Salas - Perú
  42. Myrna Flores Chang – República Dominicana
  43. Orlidy Inoa – República Dominicana
  44. Rosanna Marzan – República Dominicana

 

Ante la sentencia de Tribunal Constitucional que anula el nuevo Código Penal

El Foro Feminista junto a instituciones, organizaciones de mujeres del país, agrupaciones políticas sindicales del país y organizaciones internacionales, nos dirigimos a la sociedad dominicana para manifestar nuestra indignación y alarma  frente a la sentencia emitida recientemente por el Tribunal Constitucional y en virtud de la cual se anula el Código Penal aprobado por el Congreso Nacional el 19 de diciembre del 2014, manteniendo la vigencia al Código Penal de 1884, sin mencionar siquiera sus reformas.

El Código Penal anulado contiene disposiciones dirigidas a sancionar hechos antijurídicos que afectan a la sociedad dominicana, como el sicariato, los crímenes de lesa humanidad, el feminicidio, la sanción a autoridades públicas por tratos crueles, inhumanos o degradantes y la corrupción, entre otros. Pero además, dicho Código incorporaba avances en materia de protección de derechos humanos de las mujeres al tipificar delitos o circunstancias que afectan de manera particular o en mayor proporción a las mujeres.

Uno de esos avances es la despenalización de la interrupción del embarazo cuando concurren circunstancias especiales, es decir, cuando peligra la vida de la mujer, cuando se constatan en el embrión malformaciones congénitas incompatibles con la vida y cuando el embarazo es producto de una violación o incesto.  Este reconocimiento –en la ley penal- del derecho a la vida, dignidad e integridad de las mujeres es una demanda que desde hace más de 45 años vienen exigiendo organizaciones feministas y de mujeres. Sin embargo y por distintas responsabilidades de los Poderes del Estado y de los partidos políticos que determinan en esas instancias, al día de hoy todavía no se logra hacer efectiva esa garantía de los derechos de las mujeres.

En esta ocasión el procedimiento de aprobación del Código es la excusa para que se postergue la entrada en vigencia de una Ley que podría contribuir a evitar la muerte de cientos de mujeres y niñas en nuestro país; que reduciría el dolor y el trauma de quienes producto de una violación, -muchas veces cometidas por sus padres-, son obligadas hoy a una maternidad que no buscaron y que no están en capacidad física, emocional o económica para afrontar.

Observamos con enorme preocupación este nuevo escenario que representa una grave amenaza a los avances jurídicos contemplados en el Código Penal aprobado en diciembre del 2014 y manifestamos nuestra decisión de mantenernos vigilantes de la actuación de quienes han sido elegidos por el pueblo como representantes y garantes de los derechos de toda la población en el país, de la cual las mujeres representamos el 50%.

Igualmente, demandamos se mantengan los artículos 107, 108, 109 y 110 del Código Penal aprobado en el 2014 referidos al acceso de las mujeres a interrumpir un embarazo en las circunstancias especiales antes señaladas.

¡BASTA YA DE DEMORAS Y OBSTÁCULOS A LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES!

Organizaciones firmantes: 

Foro Feminista, CONAMUCA, Colectiva Mujer y Salud, CIPAF, Ce-Mujer, CEDUCA, Núcleo de Apoyo a la Mujer, UDEMU, Womens Link Worldwide, Centro de Estudios de Género de INTEC, Centro de Género y Familia de la UASD, OXFAM, CLADEM RD, UNISIMAS

 

 

 

Santo Domingo, 8 de diciembre del 2015

 

Sobre las declaraciones del Cardenal

“A ese señor (el Embajador de EEUU) que se meta en su embajada. Y como esposa que es de un señor, que se ocupe de la casa, eso es lo que tiene que hacer él”.

 

De nuevo el Cardenal abochorna a su feligresía y a la sociedad dominicana con declaraciones tan injuriosas que cuesta creer provengan de la boca del máximo líder de la Iglesia católica en el país. Esta vez el ridículo fue internacional, amplificado por las redes sociales y reseñado por los medios de prensa extranjeros, que todavía se asombran con los exabruptos a los que López Rodríguez nos tiene desde hace tiempo acostumbrados.

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Mujeres embarazadas seguirán muriendo en República Dominicana por falta de servicios de salud, incluido aborto

Al declarar inconstitucional el código penal que permitía el aborto en tres causales de excepción, el Tribunal Constitucional desconoce estándares internacionales de derechos humanos y da la espalda a la realidad de las embarazadas dominicanas que seguirán muriendo por la calidad de los servicios de salud, incluido el aborto.

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Matrimonio infantil: violación de los derechos de las niñas

Cuando escuchamos hablar de matrimonio infantil por lo general pensamos en países distantes, con costumbres culturales y religiosas muy diferentes a las nuestras. Sin embargo, el matrimonio infantil es una realidad común en la República Dominicana, donde los estudios revelan que el 41% de las menores de 18 años ya se encuentran en unión marital. De éstas, una proporción importante se unió antes de cumplir los 15 años. Estas cifras nos colocan en primer lugar en la región latinoamericana y superan considerablemente el promedio regional de 29% de matrimonios infantiles (BID, 2015).

 

Llama la atención la relativa invisibilidad de esta práctica en nuestro país, vista la atención que en los últimos años ha recibido el embarazo adolescente, lo que remite a la normalización cultural del matrimonio infantil en la sociedad dominicana. Ahora bien, ¿qué es el matrimonio infantil? Éste se define como la unión conyugal, ya sea legal o de hecho, en la que uno de los cónyuges es menor de 18 años y por tanto, según la Convención Internacional de los Derechos del Niño, es considerado como niña o niño. En República Dominicana, como en la mayoría de países, el matrimonio infantil afecta preponderantemente a las niñas, siendo habitual que sus parejas sean hombres de mayor edad (ONE, 2012).  Según ENHOGAR 2014, el marido del 24% de las mujeres jóvenes actualmente unidas o casadas las supera en edad 10 años o más.

 

La ley dominicana establece en 18 años la edad legal para ambos sexos poder contraer matrimonio; con consentimiento parental, ésta se reduce a 15 años en el caso de las niñas y 16 en el de los niños. Este dato debe ser ponderado tomando en cuenta que dos de cada tres uniones maritales en el país son de hecho y no legales (MEPyD, 2014), siendo mucho más alta esta proporción entre los sectores de bajos ingresos, a los que corresponden la gran mayoría de los matrimonios de menores. En todo caso, el 12% de las mujeres dominicanas actualmente en edad reproductiva se unió/casó antes de los 15 años, sin consecuencia legal alguna (Enhogar 2014).

 

El matrimonio infantil es un fenómeno de la pobreza, como revela el hecho de que el 95% de los nacimientos de madres adolescentes a nivel mundial ocurren en países en desarrollo (Sin Techos, 2015). En nuestro país, las adolescentes con bajos niveles educativos son 6 veces más propensas a quedar embarazadas que aquellas con los niveles educativos más altos; cuando se compara el ingreso, las del quintil inferior tienen 4 veces mayor riesgo que las del quintil superior (ENDESA 2013).

 

 

Causas del matrimonio infantil

Los estudios indican que la causa principal del matrimonio infantil es la falta de oportunidades educativas y laborales para las niñas pobres, que ven la unión marital como la mejor opción para mejorar sus condiciones de vida y, en algunos casos, para escapar de situaciones de violencia en el hogar. Esto explica por qué, en el contexto de la pobreza, las niñas suelen casarse con hombres mucho mayores que ellas, con la expectativa de que por su mayor edad éste tenga condiciones económicas que le permitan ser mejor proveedor. Como veremos, la diferencia de edad genera grandes desigualdades en la relación de pareja, que colocan a la niña en una posición de extrema dependencia a la hora de hacer valer sus propios intereses (ONE 2012). En situaciones de extrema pobreza, también los padres ven el matrimonio infantil como una estrategia de sobrevivencia familiar, ya sea que consideren el matrimonio de sus hijas jóvenes como una oportunidad para aliviar la carga económica del hogar o como una medida de protección para mejorar las condiciones de vida de sus hijas.

 

Las ideologías culturales que exaltan la maternidad como logro femenino por excelencia, sobre todo cuando ésta ocurre dentro de una unión de pareja establecida, también contribuyen a la legitimación social del matrimonio infantil. Es por esta razón que muchos embarazos adolescentes son deseados por las niñas y aceptados por su familia y su entorno social (ONE, 2012). En otros casos el embarazo adolescente puede ser accidental, producto de la falta de acceso a información y métodos de prevención, y conllevar a una unión marital no deseada (o no planificada) por parte de la niña.

 

En cualquier caso, lo que subyace a la práctica del matrimonio infantil y su amplia aceptación cultural en la República Dominicana son las ideologías de género que objetifican sexualmente a las menores, convirtiéndolas en mercancía sexual apetecible para hombres de mayor edad, y que limitan sus posibilidades de superación económica y laboral al relegarlas prematuramente a roles tradicionales de esposa y madre. La sociedad dominicana debe examinar críticamente sus actitudes contradictorias frente al matrimonio infantil: por un lado, el Código de Niñas, Niños y Adolescentes establece en su artículo 396 la ilegalidad del matrimonio infantil, al penalizar con hasta cinco años de cárcel al adulto que sostenga relaciones sexuales con una menor cuya edad supere por cinco años a más. En la práctica, no se conoce un solo caso en el cual las autoridades hayan aplicado este artículo.

 

También resulta contradictoria la preocupación externada por numerosos sectores de la sociedad dominicana ante los altos índices de embarazo adolescente, mientras permanece indiferente ante el fenómeno del matrimonio infantil, en tanto éste se percibe como una práctica cultural legítima siempre que la niña acceda voluntariamente a la unión. Es decir, no se cuestiona el hecho de que hombres adultos y hasta mayores se “enamoren” de niñas de 14 ó 15 años; el adulto que convierte a una niña en su objeto de deseo no sufre repudio social ni sanción legal y su comportamiento no es considerado aberrante. El problema del embarazo precoz, con sus secuelas de vulnerabilidad social y pobreza, no podrá ser enfrentado con éxito hasta tanto se aborden las ideologías culturales que promueven el matrimonio infantil.

 

 

Consecuencias del matrimonio infantil

El matrimonio infantil es un fenómeno asociado a la pobreza no sólo respecto a sus causas sino también sus consecuencias, en tanto contribuye a la reproducción intergeneracional de la marginalidad y la exclusión. Recordemos que el embarazo adolescente es la segunda causa de deserción escolar en el país (ONE, 2008) y que su ocurrencia se vincula fuertemente al nivel educativo de la niña. Esto significa que, una vez la niña abandona la escuela para dedicarse al rol de esposa y madre, tiene muy pocas posibilidades de generar sus propios ingresos, pasando a depender totalmente del esposo. Si se ve obligada a trabajar por ausencia del proveedor masculino, sus posibilidades de inserción laboral quedan reducidas a las ocupaciones de más baja remuneración, lo que conduce a la perpetuación de la pobreza tanto de la mujer como de sus hijos.

 

Las consecuencias del matrimonio infantil en la salud son numerosas y preocupantes. Es previsible que la intensificación de las desigualdades en la relación de pareja debido a la diferencia de edad y la dependencia económica de la niña incrementen su riesgo de sufrir violencia. En efecto, según la ENDESA 2013, el grupo de edad de 15-19 años presenta los mayores índices de violencia física, sexual o emocional de parte de su pareja, y sus maridos exhiben la mayor cantidad de comportamientos controladores.[1]

Las mujeres que establecen relaciones de pareja a edades tempranas suelen tener un mayor número de hijos debido a que incrementan el número de años de fecundidad, pero también porque presentan las tasas más bajas de uso anticonceptivo. En efecto, según la ENDESA 2013, las adolescentes de 15-19 actualmente en unión marital presentan la tasa de uso anticonceptivo más baja de todos los grupos de edad (55% contra el promedio general de 72%), así como la cifra más alta de necesidad insatisfecha de anticonceptivos (27% contra el promedio general de 11%).

El embarazo en las niñas puede tener graves efectos por falta de madurez física y de cuidados adecuados, sobre todo entre las menores de 15 años. A nivel mundial, el embarazo adolescente y las complicaciones del parto constituyen la segunda causa de muerte para las niñas de 15-19 años, y las menores de 15 años tienen 5 veces más probabilidades de morir que las mayores de 20 años (IPPF, 2007).

Además, las disparidades de poder en las relaciones de pareja de las niñas incrementan su riesgo de contraer el VIH, al reducir su capacidad para negociar el uso del condón. En muchos casos, las niñas no conocen el historial sexual de su pareja, no tienen acceso a preservativos y no están suficientemente informadas. En consecuencia, las jóvenes de 15-24 años alguna vez casadas o unidas presentan la mayor prevalencia de VIH en el país (ONE 2012).

En conclusión, el matrimonio infantil es uno de los obstáculos principales al desarrollo y a la reducción de la pobreza. Es una problemática transversal, que impidió lograr varios de los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) en los últimos 15 años; no solo metas para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, sino también para la erradicación del hambre y el logro de la educación primaria universal. Sobre todo, tuvo impacto directo en los ODM vinculados a la salud: la reducción de la mortalidad infantil no se puede lograr si persiste el embarazo de adolescentes; la salud materna no puede mejorar si los riesgos de mortalidad y enfermedad son muy altos en las adolescentes embarazadas; la erradicación del VIH será imposible mientras persistan las condiciones que generan la alta prevalencia entre las niñas y mujeres más jóvenes.

En el 2015, la comunidad internacional incluyó la eliminación del matrimonio infantil como meta 5.3 del objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y niñas. Esta meta debe guiar las políticas públicas sectoriales para que a través de alianzas entre gobierno y ONGs, se erradique esta práctica dañina para la vida de millones de niñas a nivel mundial.

 

Referencias

 

Margaret Greene, Giovanna Lauro y Alice Taylor. Sí, el matrimonio infantil también existe en Latinoamérica, Banco Interamericano de Desarrollo, http://blogs.iadb.org/y-si-hablamos-de-igualdad/2015/07/09/si-el-matrimonio-infantil-tambien-existe-en-america-latina/

Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). 2012. “Matrimonios prematuros: mujeres dominicanas casadas o unidas antes de cumplir la mayoría de edad”.  Panorama Estadístico, año 5, No. 47.

 

Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). 2008. Madres Adolescentes en la República Dominicana. ONE, Santo Domingo.

 

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). 2014. Sistema de Indicadores Sociales de la República Dominicana (SISDOM), Vol. II

 

http://economia.gob.do/mepyd/wp-content/uploads/archivos/uaaes/sisdom/2014/SISDOM%202014.%20Volumen%20II%20.pdf

Sin Techos: Informe Sobre la Plena Participación. Clinton Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation, marzo 2015. http://noceilings.org/report/report-es.pdf

 

Centro de Estudios Sociales y Demográficos (CESDEM) y ICF International. 2014. Encuesta Demográfica y de Salud 2013. Santo Domingo, República Dominicana: CESDEM y ICF International.

International Planned Parenthood Federation (IPPF) and the Forum on Marriage and the Rights of Women and Girls. 2007. Ending Child Marriage. A guide for Global Policy Action. http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/endchildmarriage.pdf

República Dominicana. Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2014). Resultados Principales. Santo Domingo. ONE-MICS-UNICEF

 

file:///Users/denisepaiewonsky/Downloads/ENHOGAR%20MICS%202014%20Informe%20b%C3%A1sico.pdf

 


[1] La variable “comportamientos controladores” se define en función de 6 comportamientos de dominación masculina sobre la pareja, que incluyen: se pone celoso o se enoja si ella habla con otros hombres; la acusa con frecuencia de ser infiel; no le permite reunirse con sus amigas, etc. Para el listado completo, ver ENDESA 2013, pag. 334

Consultoría para Estudio: Mapeo de Actores para la Incidencia Política Región Caribe

El Estudio “Mapeo de actores para la incidencia política” es de carácter Subregional donde participan de forma específica los siguientes países: Jamaica, Curazao, Santa Lucía, Trinidad, Guyana, Surinam, Haití y República Dominicana, en total son 8 países. 

Entre los objetivos de esta consultoría estan:

Mapear brevemente las leyes, políticas y programas relacionados con los jóvenes, adolescentes, LGBT en los 8 países, así como trabajos en curso en el área de SDSR de jóvenes.

Mapear las diferentes formas de colaboración entre organizaciones de la sociedad civil sobre la base de criterios predefinidos  que puedan promover una agenda de juventud incluyente, integral y progresiva.

Identificar los desafíos y lecciones aprendidas sobre procesos de colaboración de organizaciones de la sociedad civil en cada uno de los 8 países que hacen a la subregión Caribe.

A continuación puede descargar los TDRs completos.

TDRRDominicana
Size : 290.41 kb Type : PDF
 

C/ José Gabriel Garcia #501 Esq. Calle Cambronal Ciudad Nueva, DN, República Dominicana, 89113
(809)527-0145