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Al declarar inconstitucional el código penal que permitía el aborto en tres causales de excepción, el Tribunal Constitucional desconoce estándares internacionales de derechos humanos y da la espalda a la realidad de las embarazadas dominicanas que seguirán muriendo por la calidad de los servicios de salud, incluido el aborto.

 

La reciente decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional el Código Penal que permitía a las mujeres acceder a un aborto en casos de excepción es desafortunada y va en contravía de los estándares internacionales de derechos humanos que establecen que la mejor manera de proteger la vida prenatal no es penalizando el aborto sino, por el contrario, garantizando que las mujeres embarazadas tengan acceso efectivo a los mejores servicios de salud para llevar a término su gestación o para interrumpirla cuando es necesario para salvar su vida o integridad.

Pero ni una cosa ni otra suceden en República Dominicana que tiene una de las mayores tasas de mortalidad materna de la región. En 2014 murieron 179 mujeres y hasta el 14 de noviembre de 2015 van 157 muertes en su mayoría por causas evitables y en parte por abortos inseguros.

El país conoce el caso de Rosaura Almonte, conocida públicamente como Esperancita, una menor de 16 años con leucemia, que murió en 2012 porque no le fue suministrada a tiempo la quimioterapia que requería, pues tenía un embarazo de siete semanas de gestación.

“Decisiones como la del Tribunal Constitucional no solo siguen poniendo a las mujeres dominicanas, incluso a aquellas que anhelan ser madres, en la disyuntiva de morir o ir a la cárcel cuando requieran un servicio de salud como el aborto, sino que también hacen que el país haya perdido la oportunidad, abierta por el ejecutivo y el legislativo, de situarse a la vanguardia centroamericana en materia de defensa de la vida y la salud de las mujeres”, afirmó Sergia Galván, vocera de la Colectiva Mujer y Salud.

Declarar inconstitucional este Código Penal devuelve a la República Dominicana al Código del año 1884, siglo XIX, en el que los mecanismos de protección de los derechos humanos no estaban en vigor, y es claro que no satisface las necesidades de la sociedad actual. Este retroceso penal de dos siglos menoscaba seriamente los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes.

 

Women's Link - Colectiva Mujer y Salud - CIPAF - CLADEM - Núcleo de Apoyo a la Mujer - Repúblika Libre

 

 Santo Domingo, Diciembre 3 de 2015.

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