English French German Haitian Creole Italian Portuguese

ALIADOS

Noticias

Demóstenes Martínez falta a la verdad, dice el Foro Feminista

SANTO DOMINGO (R. Dominicana).-  El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Demóstenes Martínez, falta a la verdad cuando afirma que el Foro Feminista no se ha acercado a los comisionados para presentar sus propuestas y objeciones a las modificaciones del Código Penal que lesionan derechos de las mujeres.

 

En una declaración emitida esta noche, el Foro Feminista dijo que contrariamente a lo dicho por Martínez, (Santiago-PLD) el pasado 30 de octubre solicitó una reunión para presentar nuevamente sus propuestas,  y ha recibido la callada por respuesta.

 

“Es una falta a la verdad (lo dicho por el diputado), pues tanto el Foro Feminista como Coalición por un Código Penal Moderno y Consensuado llevamos 12 años presentando propuestas sobre cada artículo del Código Penal”, dice la declaración.

 

Reivindica a seguidas haber sido el único sector que ha dado seguimiento de manera  manera sistemática  y propositiva  al proyecto de modificación, para lo cual, incluso, han utilizado matrices con los artículos vigentes y las propuestas, acompañadas de los argumentos jurídicos, de derechos humanos y de jurisprudencia que las sustentan.

 

Respondiendo también la afirmación de Martínez de que con la aprobación del nuevo código no se retrocederá en la vigencia de derechos, el Foro Feminista destaca que, hasta ahora, lo aprobado desmiente la promesa del legislador.

 

“Nos alegrará mucho ver que se incluye la figura del feminicidio más allá de la relación de pareja, como lo establece la Convención de Belém Do Pará, la cual tiene rango constitucional; también será de gran alegría saber que la violencia intrafamiliar no sólo será “grave” cuando se cause la muerte de la víctima, una incapacidad permanente o por más de 90 días y también será motivo de celebración saber que la República Dominicana va a salir del grupo de los poquísimos países del mundo que mantiene penalizado el aborto en todas las circunstancias”, responde el Foro.

 

Si esto no ocurriera, decir que no ha habido retroceso será “querer tapar el sol con una aguja”.

Fuente: http://7dias.com.do/app/article.aspx?id=130350 del 15 de noviembre 2012

RECHAZAMOS DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE CODIGO PENAL Y DEMANDAMOS RESPETO A DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

 

 

El FORO FEMINISTA declara como inaceptables, por desconocedoras de derechos humanos de las mujeres, disposiciones contenidas en el Proyecto de Código Penal Dominicano aprobado en primera lectura en el mes de octubre por la Cámara de Diputados.

El texto aprobado contiene artículos que representan retroceso y negación de derechos fundamentales de las mujeres, derechos que ya forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, como los consignados en la Ley 24-97 que introdujo modificaciones al Código Penal vigente. Destacan entre esas disposiciones, las siguientes:

Eliminación de la sanción a la violencia de género contra las mujeres

En el texto de la propuesta de Código Penal elimina la sanción a la violencia de género contra las mujeres. Es decir que de aprobarse ese Código Penal sólo se reconocerá como violencia contra las mujeres la que se produce entre miembros de una familia, desconociendo la realidad de violencia que enfrentan diariamente las mujeres en otros ámbitos de socialización, como centros educativos, organizaciones sociales, comunitarias o políticas. Esto constituye un grave retroceso respecto a al 24-97.

Sólo considera grave la violencia intrafamiliar cuando se cause la muerte de la víctima, una incapacidad permanente o por más de 90 días.

La propuesta de Código Penal condiciona a “daños corporales de consideración” las circunstancias agravantes de la violencia doméstica o intrafamiliar. Sólo se considera agravante cuando causa la muerte a la víctima, una incapacidad permanente o por más de 90 días. En contraste, en la 24-97 las agravantes dependen de las circunstancias en que se comete el hecho, como portando armas o en presencia de niños/as, condiciones referidas a los hechos cometidos por el agresor y no a los daños ocasionados y verificables en el cuerpo de la víctima.

Reduce la pena al acoso sexual

El acoso sexual se sanciona en este proyecto de Código Penal con un día a un año de prisión menor, es decir, la cuantía más baja de penas dentro de la escala de prisión menor. La reducida sanción a este tipo de violencia ignora la dimensión y nocivas repercusiones que tiene el acoso sexual en la vida de quienes deben enfrentarlo.

Encubre una violación sexual a una menor de edad

Dentro de las infracciones de la sección “puesta en peligro de los menores de edad”, se ubica el atentado sexual contra una persona menor de edad quien ha sido sustraída de la casa parental, castigándose ese hecho con una pena de dos a tres años de prisión menor. Esa sanción es diez veces más baja que la establecida para la violación de un/a menor de edad y la misma que se estipula para quien comete un robo simple.

Se sanciona como Femicidio sólo el asesinato de una mujer cuando es cometido por su pareja actual o pasada.

Aunque incorpora la figura del femicidio, el nuevo proyecto de Código Penal lo restringe a la relación de pareja, con lo cual excluye todos los asesinatos de mujeres que se producen por su condición de mujer fuera de ese vínculo.

Se sanciona la interrupción del embarazo en todas las circunstancias.

Se mantiene la retrógrada criminalización del aborto, desatendiendo reclamos sostenidos y fundamentados de las mujeres por la eliminación de esas penas, en reconocimiento de una realidad de miles de dominicanas de escasos recursos que cada año arriesgan su salud y sus vidas con abortos clandestinos e inseguros. La penalización del aborto en todas las condiciones constituye una violación a derechos humanos de las mujeres: su derecho a la vida, a la salud, a la integridad personal, a la dignidad, a la libertad de conciencia y de cultos, y derecho al libre desarrollo de la personalidad, entre otros.

A través de estas disposiciones u omisiones el proyecto de Código Penal desconoce convenios internacionales sobre derechos humanos de las mujeres ratificados por el Estado dominicano, así como a la misma Constitución de la República que en su Artículo 42 inciso 2) establece lo siguiente: Se condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas. El Estado garantizará mediante ley la adopción de medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

Frente a esta grave amenaza, demandamos de la Cámara de Diputados la modificación y/o eliminación de las disposiciones contenidas en el proyecto de Código penal que implican retroceso e impunidad ante la violación del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Santo Domingo, 12 de noviembre, 2012

 

El 15 de noviembre de 7 de la mañana FRENTE AL CONGRESO POR UN CÓDIGO PENAL QUE RESPETE LA VIDA DE LAS MUJERES

La ONE presentó los volúmenes I, II y III del IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 durante la celebración de su 77° aniversari

La Oficina Nacional de Estadística (ONE) puso a disposición de la ciudadanía los volúmenes I, II y II del IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 durante una Reunión de la Comisión Nacional Censal, en el Salón Verde del Palacio Nacional.

Los volúmenes censales ofrecen información desagregada y detallada sobre las características principales de la población, los hogares y las viviendas de la República Dominicana.

El primer volumen, titulado Informe General, contiene datos acerca de las principales características de la población, los hogares y las viviendas, desagregados a nivel regional, provincial, municipal y de distrito municipal. Presenta además, las características demográficas, la densidad poblacional o número de habitantes por kilómetro cuadrado y la condición de lectoescritura y asistencia escolar de la población en el aspecto educativo.

Igualmente, ofrece datos sobre la población residente en el país nacida en el extranjero. Muestra la evolución de la tasa de crecimiento media anual, así como la composición de la población por sexo, según grupos de edades, tomando como punto de partida los censos realizados desde el año 1920.

Otro elemento de importancia que presenta este volumen es la relación del tipo y número de viviendas particulares, en función de si están ocupadas o no y de si son viviendas colectivas, de acuerdo a la zona de ubicación.

En el segundo volumen, Características de la Vivienda y del Hogar, se ofrece información sobre los hogares desagregada a nivel regional, provincial, municipal y de distrito municipal. En cuanto a las viviendas particulares y colectivas se presentan datos sobre las ocupadas y desocupadas, el material de construcción predominante de sus paredes, techos y pisos; mientras que de los hogares se abordó el número de dormitorios, disponibilidad y uso de servicios sanitarios, eliminación de la basura, abastecimiento de agua potable, combustible utilizado para cocinar, tipo de alumbrado, entre otros aspectos.



En el volumen III, Características Demográficas Básicas, se abordan los datos demográficos básicos de la población, desagregados a nivel regional, provincial, municipal y de distrito municipal, y además, la estructura y composición de la población de acuerdo al sexo, edad y estado conyugal, lo que permite conocer el estado de evolución del conglomerado humano y, por lo tanto, determinar cuáles son sus principales potencialidades y necesidades en términos de salud, educación, empleo, así como otros temas objeto de políticas públicas. Incluye, además, la distribución por zonas y grupos de edad de la población discapacitada.

Los tres volúmenes estarán disponibles en formato impreso, digital y en línea, a través del sitio www.one.gob.do.
FUENTE: http://www.one.gob.do/index.php?module=articles&func=display&aid=2725

Indignadas e indignados dijeron NO A ESE CÓDIGO PENAL frente al Congreso

 

INDIGNADAS E INDIGNADOS DIJERON

 

 

¡NO A ESE CÓDIGO PENAL!

FRENTE AL CONGRESO

Este miércoles 24 de octubre a tempranas horas de la mañana representantes del Foro Feminista, activistas, organizaciones y la ciudadanía en general se concentraron frente al Congreso Nacional, para manifestar su descontento por la aprobación en primera lectura del Código Penal, el pasado 16 de octubre por la Cámara de Diputados.

El Foro Feminista y las distintas organizaciones que acudieron al llamado de protesta, calificaron como inaceptables e inconstitucionales disposiciones contenidas en el Proyecto de Código Penal Dominicano, por presentar artículos que representan el retroceso y la negación de derechos fundamentales de las mujeres, derechos que ya forman parte del ordenamiento jurídico como los consignados en la Ley 24-97.

Vistiendo de luto, mujeres y hombres entonaron las consignas contra el retroceso en el Código Penal en señal de protesta por la situación de violencia y la impunidad que viven las mujeres.

La Cámara Diputados pretende aprobar en segunda lectura el Código Penal con estas disposiciones:

Eliminación de la sanción a la violencia de género contra las mujeres, con lo cual se desconoce totalmente la realidad de violencia que enfrentan diariamente las mujeres en el país. Las alarmantes cifras de más de 62,000 denuncias de violencia de género e intrafamiliar reportadas en el año 2011 por la PGR, y las 5,657 denuncias por delitos sexuales contra mujeres, dan cuenta de esta realidad.

Sólo considera grave la violencia intrafamiliar cuando se cause la muerte de la víctima, una incapacidad permanente o por más de 90 días. En contraste, en la Ley 24-97 las agravantes dependen de las circunstancias en que se comete el hecho, es decir, en presencia de niños y niñas, portando armas, coartando la libertad de la mujer, entre otras.

Reduce la pena al incesto. En el texto de la propuesta del Código Penal no se establece la máxima pena para esta infracción, desconociendo con ello los graves daños y secuelas que deja en la vida de un niño o niña este tipo de abuso sexual, al tiempo que excluye de la tipificación del incesto la filiación adoptiva como posible vínculo entre la víctima y el autor/a del hecho.

Reduce la pena al acoso sexual. Este tipo de violencia se sanciona con un día a un año de prisión menor, y contrario a lo que sería necesario frente a las características y dimensión del problema en la sociedad dominicana, siguen las limitaciones para las mujeres con relación a la falta de compensación frente a la pérdida de trabajo y otras repercusiones del acoso sexual.

Encubre una violación sexual a una menor de edad, castigándola con una pena de dos a tres años de prisión menor. Esa sanción es diez veces más baja que la establecida para la violación de un/a menor de edad y la misma que se estipula para quien comete un robo simple.

El Femicidio y la penalización de aborto en todas las circunstancias:

Aunque incorpora la figura del femicidio, el nuevo proyecto de Código Penal lo restringe a la relación de pareja, con lo cual excluye todos los asesinatos de mujeres que se producen por su condición de mujer fuera de ese vínculo. Datos de la PGR informan 1,382 casos de femicidios desde el año 2005 a noviembre del 2011. De este total, 660 fueron asesinatos de mujeres cometidos por hombres con quien la víctima no tuvo o tenía una relación de pareja.

En cuanto al aborto, los y las manifestantes señalaron que mantener la penalización es desconocer la realidad de miles de dominicanas de escasos recursos, que cada año arriesgan su salud y sus vidas con abortos clandestinos e inseguros y constituye una violación a los derechos humanos de las mujeres: su derecho a la vida, a la salud, a la integridad personal, a la dignidad, a la libertad de conciencia y de cultos, derecho al libre desarrollo de la personalidad, entre otros.

 

RECHAZAMOS DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE CODIGO PENAL DEMANDAMOS RESPETO A DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

FORO FEMINISTA
El Foro Feminista y las organizaciones de mujeres aquí presentes declaramos como inaceptables, por inconstitucionales y desconocedoras de derechos humanos, disposiciones fundamentales contenidas en el Proyecto de Código Penal Dominicano aprobado en primera lectura el martes 16 de octubre por la Cámara de Diputados.
El texto aprobado contiene artículos que representan retroceso y negación de derechos fundamentales de las mujeres, derechos que ya forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, como los consignados en la Ley 24-97 que introdujo modificaciones al Código Penal vigente. Ningún Estado que se precie de Democrático de Derecho, comprometido con la progresividad de los derechos humanos, puede permitirse echar para atrás en el reconocimiento y protección de esos derechos.
Eliminación de la sanción a la violencia de género contra las mujeres
En el texto de Código Penal en discusión se identifican importantes retrocesos respecto a la Ley 24-97 como la eliminación de la sanción a la violencia de género contra las mujeres. El resultado de esa mutilación es la restricción de ese tipo de violencia a la que se produce entre miembros de una familia, concepto que desconoce totalmente la realidad de violencia que enfrentan diariamente las mujeres en este país. Las alarmantes cifras de más de 62,374 denuncias de violencia de género e intrafamiliar reportadas en el año 2011 por la PGR, y las 5,657 denuncias por delitos sexuales contra mujeres, dan cuenta de esta realidad, todavía oculta y sub-registrada.
Sólo considera grave la violencia intrafamiliar cuando se cause la muerte de la víctima, una incapacidad permanente o por más de 90 días. Constituye igualmente retrocesos con relación a la 24-97 la disposición que condiciona a “daños corporales de consideración” las circunstancias agravantes de la violencia doméstica o intrafamiliar.  Sólo se considera agravante cuando causa la muerte a la víctima, una incapacidad permanente o por más de 90 días.  En contraste, en la 24-97 las agravantes dependen de las circunstancias en que se comete el hecho, es decir, en presencia de niños/as, portando armas, coartando la libertad de la mujer, entre otras condiciones referidas a los hechos cometidos por el agresor y no a los daños ocasionados y verificables sólo en el cuerpo de la víctima.
Reduce la pena al incesto
El  incesto en el texto de nuevo Código no establece la máxima pena para esta infracción, desconociendo con ello los graves daños y secuelas que deja en la vida de un niño o niña este tipo de abuso sexual, al tiempo que excluye de la tipificación del incesto la filiación adoptiva como posible vínculo entre la víctima y el autor/a del hecho.
Reduce la pena al acoso sexual
El acoso sexual se sanciona en este proyecto de Código Penal con un día a un año de prisión menor, y contrario a lo que sería necesario frente a las características y dimensión del problema en la sociedad dominicana, siguen las limitaciones para las mujeres con relación a la falta de compensación frente a la pérdida de trabajo y otras repercusiones del acoso sexual.
Encubre una violación sexual a una menor de edad
Dentro de las infracciones de la sección “puesta en peligro de los menores de edad”, se ubica el atentado sexual contra una persona menor de edad quien ha sido sustraída de la casa parental, castigándose ese hecho con una pena de dos a tres años de prisión menor. Esa sanción es diez veces más baja que la establecida para la violación de un/a menor de edad y la misma que se estipula para quien comete un robo simple.
El Femicidio y la penalización de aborto en todas las circunstancias:
Aunque incorpora la figura del femicidio, el nuevo proyecto de Código Penal lo restringe a la relación de pareja, con lo cual excluye  todos los asesinatos de mujeres que se producen por su condición de mujer fuera de ese vínculo. Datos de la PGR informan 1,382 casos de femicidios desde el año 2005 a noviembre del 2011. De este total, 660 fueron asesinatos de mujeres cometidos por hombres con quien la víctima no tuvo o tenía una relación de pareja.
Para culminar con el desapego del referido proyecto a las demandas de las organizaciones de mujeres, se mantiene la retrógrada criminalización del aborto, desatendiendo reclamos sostenidos y fundamentados de las mujeres por la eliminación de esas penas, en reconocimiento de una realidad de miles de dominicanas de escasos recursos que cada año arriesgan su salud y sus vidas con abortos clandestinos e inseguros. La penalización del aborto en todas las condiciones y etapas de la gestación constituye una violación a los derechos humanos de las mujeres: su derecho a la vida, a la salud, a la integridad personal, a la dignidad, a la libertad de conciencia y de cultos, derecho al libre desarrollo de la personalidad, entre otros.
Todas estas omisiones, vacíos y distorsiones implican una violación a los convenios internacionales sobre derechos humanos de las mujeres ratificados por el Estado dominicano, así como a la misma Constitución de la República que en su Artículo 42 inciso 2) establece lo siguiente: Se condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas. El Estado garantizará mediante ley la adopción de medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Este mandato constitucional está siendo claramente transgredido por el proyecto de Código Penal.
Frente a todo lo anterior, demandamos de la Cámara de Diputados la protección de los derechos de las mujeres y de la niñez sancionando su violación en la ley penal, en cumplimiento del deber del Estado de garantizar la protección de los derechos de todas las personas, incluyendo a las mujeres quienes representan la mitad de la población dominicana.
Santo Domingo, 22 de octubre, 2012

MANIFIESTO FEMINISTA Y SOCIAL ANTE LA XXII CUMBRE IBEROAMERICANA EN CÁDIZ

6 y 17 de noviembre de 2012

Ante la celebración en Cádiz de la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en el marco del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, que supuso un avance liberal al abolir el feudalismo y proclamar la soberanía popular, la división de poderes, el derecho a la educación y la libertad de expresión y permitir las Juntas latinoamericanas, precursoras de la independencia. Tomando nota que no se reconoció la ciudadanía a las mujeres y ninguna mujer participó en su elaboración.

Promovido por Plataforma WIDE-E (Women In Development Europe-España)
Red GGEA (Grupos de Género Estatal y Autonómicos)
Marea Violeta Málaga
Mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Leer más: MANIFIESTO FEMINISTA Y SOCIAL ANTE LA XXII CUMBRE IBEROAMERICANA EN CÁDIZ

XIII Conferencia Regional sobre la mujer de America Latina y el Caribe

La XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (14 a 18 de octubre de 2013 en República Dominicana) se centrará en la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y las tecnologías de la información y las comunicaciones.

¿Qué es la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe?
La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe es un órgano subsidiario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), convocada con carácter permanente y regular, con una frecuencia no superior a tres años, para identificar las necesidades regionales y subregionales de las mujeres, presentar recomendaciones, realizar evaluaciones periódicas de las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de los acuerdos y planes regionales e internacionales sobre el tema, y proporcionar un foro para el debate sobre estas materias.

Ver toda la informaciónDescargar este adjunto (XII conferencia regional.pdf)

Grupos de dominicanas reclaman la despenalización del aborto

SANTO DOMINGO.- Mujeres de la República Dominicana reclamaron hoy del Estado la despenalización del aborto en el país, al tiempo que expresaron su solidaridad con las mujeres de Chile, El Salvador, Honduras y Nicaragua, donde al igual que en la nación caribeña el aborto está totalmente prohibido.

Con motivo de la conmemoración hoy del Día Mundial por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito, asociaciones de mujeres locales argumentaron que "obligar" a llevar a término un embarazo que no se desea o que no se está en condiciones de asumir "es un acto barbárico, que refuerza nuestra subordinación de género y que, en efecto, nos reduce a la condición de bestias biológicas".

Asimismo, calificaron de "triste" el hecho de que "a las mujeres dominicanas" se les niegue "la libertad de decidir y el acceso al aborto legal y seguro, transgrediendo de esa manera la autonomía corporal, sexual y reproductiva".

Consideraron que la sanción a la interrupción del embarazo en todas las circunstancias resulta una violación de derechos humanos de las mujeres y les niega o lesiona "su derecho a la vida, a la salud, a la autonomía, a la integridad personal, a la libertad de conciencia y a no ser discriminada, ni sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes".

"Seguimos siendo ciudadanas de segunda categoría y nuestras vidas tuteladas por las jerarquías masculinas que dominan los partidos políticos, las iglesias y el Congreso", apuntaron en un comunicado.

Para las denunciantes, resulta inaceptable, que en el país caribeño, "el aborto sea objeto de sanción penal de manera absoluta, mientras la tendencia en el mundo es a la promulgación de leyes que van, desde la despenalización total, hasta la despenalización en al menos algunas circunstancias".

En ese sentido, solicitaron a las autoridades reformar "sin dilación la legislación nacional a los fines de garantizar a todas las mujeres el acceso al aborto legal y seguro".

Además, tomar las medidas que garanticen "el pleno respeto a la capacidad de las mujeres para decidir de manera autónoma sobre su sexualidad y su reproducción, en especial sobre la interrupción de embarazos no deseados".

Al mismo tiempo, proteger el carácter laico y plural de la democracia y tomar acciones para evitar "la injerencia de sectores integristas, religiosos y ultraconservadores que afectan la puesta en marcha de políticas públicas y reformas legales sobre salud y derechos sexuales y reproductivos".

Una comisión de las asociaciones que defienden los derechos de las mujeres entregó, además, cartas en las embajadas de Chile, El Salvador, Honduras y Nicaragua, donde también el aborto está totalmente prohibido.

Asimismo, entregaron una misiva en la embajada de España en el país en la que expresaron su "preocupación" ante la anunciada reforma a la Ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

En la misiva, entregada a una asistente de esta legación la directora de la Colectiva Mujer y Salud, Sergia Galván, las dominicanas pidieron al Estado español tomar las medidas que garanticen "el pleno respeto a la capacidad de las mujeres para decidir de manera automática sobre su sexualidad y reproducción".

Descargado el 28 de septiembre 2012 de http://diariolibre.com.do/noticias/2012/09/28/i353710_grupos-dominicanas-reclaman-despenalizacion-del-aborto.html

28 de Septiembre Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe LLAMADO A LA ACCIÓN


Cada año, más de 4 millones de mujeres en América Latina y El Caribe deciden –a plena conciencia-abortar. Las legislaciones en la región regulan la práctica, en márgenes que van desde la autorización limitada hasta la completa prohibición; sin embargo, en cualquiera de estas circunstancias, las mujeres  hacemos ejercicio del derecho a decidir, y cuando decidimos, abortamos.

Para la mayoría de las mujeres en la región este acto de soberanía sobre la propia vida se hace en la clandestinidad, en condiciones inseguras e insalubres que vulneran la dignidad, la libertad y la salud. Las realidades más apremiantes se viven en Chile, Nicaragua, El Salvador, Honduras  y República Dominicana, donde el aborto se prohíbe en cualquier circunstancia. En aquellos países en que se autoriza su práctica por razones terapéuticas o de violencia sexual, el acceso al procedimiento está plagado de obstáculos a causa de una institucionalidad pública que permite la intromisión de sectores religiosos y conservadores que atentan contra la oportunidad de la realización del aborto. La negación de la interrupción voluntaria del embarazo en la legislación o en las acciones de salud es un mecanismo de poder y control sobre los cuerpos, la autonomía, la sexualidad y las decisiones reproductivas de las mujeres.

Mientras la interrupción del embarazo esté sujeta a la autorización de gobernantes, legisladores, jueces, médicos y religiosos – mayoría hombres, hijos sanos del patriarcado- a las mujeres se nos seguirá negando el reconocimiento, el respeto y la garantía de nuestra ciudadanía, ignorándonos como seres humanas plenas, capaces de tomar decisiones éticas sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Las democracias erigen como valores la autonomía, la soberanía y la libertad de los pueblos; sin embargo, estos valores son negados a las mujeres sobre el propio territorio de sus cuerpos. Obligarnos a llevar a término un embarazo que no deseamos o no estamos en condiciones de asumir es un acto de tortura que refuerza nuestra subordinación de género.

Parte del continente hoy se ufana de los avances democráticos logrados en las últimas décadas, mientras en varios países la democracia está seriamente amenazada. El cambio hacia gobiernos más progresistas ha tenido poco impacto en la vida de las mujeres en el campo de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Las mujeres interpelamos a la nueva izquierda latinoamericana, que no es tal si nuestros derechos y libertades no forman parte sustancial de los principios y propuestas políticas, económicas, sociales y culturales que la inspiran. El bien vivir es laico; caso contrario, es un reciclaje del discurso que da prelación al embrión por sobre los derechos de las mujeres, y que reproduce las dobles morales y los dobles estándares que legitiman –por acción u omisión- que los curas exijan más nacimientos, mientras sus abusos sexuales contra niñas y niños quedan impunes.

En este 28 de Septiembre, Día Internacional por la Despenalización del Aborto, exigimos y demadamos de nuestros Estados:

Las condiciones para que la realización del aborto sea legal, gratuita, segura y accesible para todas las mujeres que lo decidan.

El cese de las persecusiones judiciales, selectivas y abusivas de mujeres que han abortado, las cuales afectan mayormente a las mujeres más pobres. El encarcelamiento de mujeres por esta causa en nuestros países constituye una injusticia incalificable.

Medidas urgentes para evitar que la objeción de conciencia en hospitales públicos y otros contextos institucionales se convierta en un obstáculo al ejercicio de derechos o ponga en peligro la salud o las vidas de las mujeres.

Acciones para garantizar la seguridad de las defensoras de los derechos de las mujeres, en particular los sexuales y los reproductivos, en todos aquellos países donde éstas enfrentan persecuciones, intimidación y amenazas.

Reafirmar y proteger el carácter laico y plural de la democracia, evitando injerencias indebidas de extremistas religiosos que afecten la realización de reformas legales y/o la puesta en marcha de políticas públicas tendientes a mejorar la salud de las mujeres y el ejercicio de sus derechos.

Seguiremos luchando para que nuestros Estados sean laicos y nuestras democracias nos respeten como ciudadanas plenas porque EL ABORTO LEGAL  Y SEGURO ES UNA CUESTIÓN DE DERECHOS Y UNA CUESTIÓN DE DEMOCRACIA.

28 de Septiembre: La reivindicación feminista por la autonomía y autodeterminación del propio cuerpo



Imágenes integradas 3



La ciudadanía de las mujeres tiene su mayor expresión en la libertad y autonomía sobre sus cuerpos, territorio personal y privado sobre el cual deben tener la capacidad de decidir soberanamente, es decir, libres de coacción, control o violencia.

Dicho ejercicio libertario da cuenta, entonces, de su capacidad para autodeterminarse en temas tan relevantes como la reproducción y la sexualidad. Por lo tanto, la defensa de la libertad sexual y reproductiva y del control del propio cuerpo constituye un elemento central de la agenda feminista, y debe ser considerada un principio ético político irrenunciable.

El acceso al aborto legal, seguro y gratuito forma parte intrínseca de la autonomía sexual y reproductiva, y se sustenta no solo en consideraciones sanitarias, sino más bien en la perspectiva de las mujeres como sujetas de derechos, con plena capacidad moral para tomar las decisiones más favorables de acuerdo a sus necesidades y realidades de vida.

En ese sentido, numerosas reflexiones acerca de la penalización del aborto que aún persiste en numerosos países y de los costos implícitos en dicha prohibición, enfatizan que este castigo atenta directamente contra el goce de una serie de derechos humanos consagrados de las mujeres, entre otros:

• El derecho a la vida
• El derecho a la libertad y seguridad personales
• El derecho a gozar del más alto nivel de salud
• El derecho a la igualdad y a la no discriminación
• El derecho a la autodeterminación
• El derecho a no ser sometida a torturas
• El derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias
• El derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión
• El derecho a controlar su propia fecundidad
• El derecho a la privacidad
• El derecho a contar con servicios de salud reproductiva y acceso al aborto seguro para responder a las necesidades de salud.
• El derecho a los beneficios del progreso científico
• Los derechos sexuales y reproductivos

La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC, uno de cuyos principios de acción prioritarios es, precisamente, la defensa irrestricta de la libertad sexual y reproductiva y del derecho al aborto como derecho humano, ha estado comprometida con las acciones y discusiones relativas al tema que se desarrollan en nuestra región desde hace décadas.

Asimismo, es integrante de la campaña regional 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, participando en su fundación y lanzamiento, y organizando en octubre de 1992, junto con Católicas por el Derecho a Decidir, CDD, de Uruguay, la reunión de Piriápolis donde se discutieron “Aspectos éticos y legales en la implementación del aborto”. De sus acuerdos y conclusiones surgió la primera coordinación de la campaña que estuvo en manos de CDD y que hoy reside en la Colectiva Mujer y Salud de República Dominicana, la que ha lanzado su llamado a la acción 2012: Aborto legal y seguro. Una cuestión de Derechos, una cuestión de Democracia.

La Campaña 28 de Septiembre da cuenta, entonces, de una voluntad conjunta de múltiples organizaciones que hace ya 22 años acordaron realizar esfuerzos y compartir estrategias destinadas a afirmar la ciudadanía plena sobre sus cuerpos, promoviendo acciones en cada uno de los países a partir de llamados a la acción definidos según la contingencia regional y las realidades locales.

Sin embargo, los cambios culturales, sociales, políticos y legales que permitirían sustentar y reconocer el ejercicio de la libertad sexual y reproductiva de las mujeres no se han producido sino a paso muy lento, no solo en nuestra región sino en todo el mundo. Incluso asistimos a retrocesos en algunos avances ya logrados, lo que hace necesario repensar y rediseñar los abordajes políticos de la demanda del aborto, ampliando alianzas con otros sectores sociales, reforzando la defensa del Estado laico, renovando discursos que centren el debate no en aspectos sanitarios sino de igualdad, libertad, derechos y ciudadanía de las mujeres.

Efectivamente, el ejercicio de una maternidad voluntaria y no impuesta, sigue truncado por la persistencia de la discriminación social de las mujeres a quienes el patriarcado continúa expropiándoles el poder de decisión sobre sus cuerpos, a través de leyes punitivas, de la imposición de una añeja tutela moral religiosa, de la violencia explícita y simbólica.

Al mismo tiempo, permanece el perverso doble discurso social que permite el aborto clandestino e inseguro, al igual que la sanción y encarcelamiento de mujeres pobres y jóvenes que abortan, mientras las mujeres con recursos pueden hacerlo en forma segura y sin castigo, todo lo cual da cuenta de un problema de justicia social inaceptable.

No podemos olvidar que América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo donde persisten las leyes más restrictivas y punitivas sobre el aborto, pese a lo cual se producen más de 4 millones de abortos inducidos, la mayoría clandestinos. Es decir, en nuestro contexto, la vida y salud de las mujeres tienen escaso o ningún valor, y sus opciones sexuales y reproductivas chocan contra el poder hegemónico de los Estados, las iglesias, el conservadurismo moral y político. Ante ello, decimos: Basta
¡¡Aborto seguro y legal ahora!!

Elevar las penas no resuelve el problema de la delincuencia.


La modificación a la Ley 136-03 Código para la protección de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes constituye un gran retroceso y se coloca de espaldas al objeto de la Ley de “garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos fundamentales”.


De igual manera, vulnera el espíritu del Principio V de dicha ley sobre el interés superior del niño, niña y adolescente, que la orienta a buscar su desarrollo integral y asegurar el disfrute pleno y efectivo de sus derechos fundamentales.

Resulta paradójico que la lucha contra la delincuencia se siga dirigiendo hacia las personas de ingresos bajos y los(as) menores de edad, mientras la Justicia mantiene actitudes complacientes frente a los adultos que han construido el imperio de la corrupción pública y privada que corroe la nación. Ante esta situación resulta cuestionable el marcado interés en sancionar a las niñas, niños y adolescentes, quienes en muchos de los casos son víctimas e instrumentos de los adultos y del sistema de exclusión social.

Elevar las penas no resuelve el problema de la delincuencia. Mayor efecto tendría invertir en mejorar la calidad y el acceso a la  educación, reducir las desigualdades y  enfrentar la pobreza.

Por estas razones, apoyamos en todo su contenido las declaraciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y solicitamos a las y los legisladores reconsiderar su decisión.


Santo Domingo, 21 de Septiembre del 2012

Transmisión en vivo aborto impune y su Protocolo Facultativo

Por este medio les invitamos a seguir en vivo la transmisión de la Conferencia el Aborto Impune y la necesidad de un protocolo de atención para el aborto impune, a realizarse en el Aula Interamericana del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el día 20 de septiembre de 2012, hora de Costa Rica de 9 am a 12 mediodia.

Pueden seguir la transmisión en el siguiente link:

https://www.iidh.ed.cr/multic/DefaultIIDH.aspx

En la columna izquierda dice "Transmisión en vivo mesa redonda sobre el aborto impune y su necesidad de un protocolo de atención". Deben hacer click ahi.

Principio de la laicidad, democracia, modernidad y derechos humanos

La Colectiva Mujer y Salud en el marco de su Programa Ciudadanía Activa de las
mujeres y coordinación con la Red Latinoamericana y de el Caribe de Católicas por
el Derecho a Decidir realizarán, el 27 de septiembre, la conferencia “Principio de la laicidad, democracia,
modernidad y derechos humanos”,  con la participación
internacional de el Dr. Felipe Gaytán Alcalá.

C/ José Gabriel Garcia #501 Esq. Calle Cambronal Ciudad Nueva, DN, República Dominicana, 89113
(809)527-0145