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Observaciones del Ejecutivo al CP despenalizan el aborto terapéutico y en casos de violación

 La propuesta de modificación que hizo Danilo Medina al Código Penal aprobado en el Congreso respetan la Constitución y personas con discapacidad

 

Santo Domingo, 15 de diciembre. La Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres aclaró hoy que la propuesta de despenalización del aborto en casos específicos hecha por el Presidente Danilo Medina en sus observaciones al Código Penal son apegadas a la Constitución y respetan los derechos de las personas con discapacidad.

 

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Actúa YA. 25 de Noviembre, Día para la eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Documento que fue entregado al Presidente de la República por cientos de mujeres y hombres en ocasión del Día Internacional sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El mismo fue entregado por vía del Vice Ministro Molina, luego de un incidente en el cual uno de sus asistentes que él había delegado para recibirnos nos acusó de ser representantes de la "Turba que estaba afuera" frente a esa agresión, dicidimos no entregarle el documento, posteriormente el Vice Ministro bajó hasta donde estabamos ubicadas a recibir dicho documento y se comprometió a hacerlo llegar al Presidente. 

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Párala - Campaña por el 25 de Noviembre 2014

La Colectiva Mujer y Salud e Intermón OXFAM a través del Observatorio de Ciudadanía Activa de las Mujeres y el apoyo de la Unión Europea,  en ocasión del 25 de noviembre,  Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres lanzan la campaña por internet,  la violencia contra las mujeres, “Párala”  en la cual cada hora, desde el 20 hasta el 25 de noviembre un hombre hará un llamado a los hombres a detener la violencia o enviará un mensaje a la ciudadanía a no tolerarla o una recomendación al Estado para enfrentarla. 

 

Todos los hombres comprometidos con una sociedad más justa e igualitaria y libre de violencia, están invitados a involucrarse en la misma, solo tienen que enviarnos su mensaje y una foto horizontal a:  ciudadaniaactivadelasmujeres@gmail.com

 

Eventual salida de la Corte-IDH afectaría a toda la población

 
NOTA DE PRENSA COALICIÓN DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
 
Martes 11 de Noviembre de 2014 - Colegio Dominicano de Periodistas
 

Santo Domingo, Rep. Dom. Por constituir un retroceso institucional y jurídico  que lesiona el carácter progresivo e irreversible de los derechos humanos,   las  organizaciones de la sociedad civil dominicana abajo  firmantes  rechazamos categóricamente la sentencia 256/14 emitida por el Tribunal Constitucional de República Dominicana,  mediante la cual se declara inconstitucional el instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).

Los suscritos demandamos del   Estado  dominicano refrendar su compromiso con los derechos humanos y     los acuerdos voluntariamente contraídos con la comunidad internacional en esa materia,  permaneciendo  como hasta ahora  en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos  y  los mecanismos que forman parte del mismo.

Vemos con alarma como nueva vez el TC violenta  con sus decisiones  la Constitución Dominicana que tiene por misión esencial defender, evidenciando además un  preocupante  desconocimiento de los principios elementales  del derecho internacional  y su  propia jurisprudencia.

Al pretender  limitar    el acceso  a los mecanismos regionales   que garantizan la   protección  de los derechos humanos,  el TC aísla  a la ciudadanía de la comunidad internacional,  interfiere  con  el principio de vinculación de los tratados, la continuidad del Estado  y emprende un peligroso camino que haría más  vulnerable al  abuso   a cada ciudadano/a, nacional o extranjero,  que habita en República Dominicana ante las arbitrariedades del Estado dominicano y sus agentes.

Hacemos un llamado a todos los poderes del Estado a valorar las implicaciones políticas, económicas y sobre el ejercicio  de los derechos humanos que conlleva  el desacato   de las sentencias dictadas por la Corte-IDH, como lo sugiere  el TC en su fallo al indicar que  nunca ha sido competente para conocer los casos relativos a las violaciones de derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte de la República Dominicana.

Ya se ha advertido que para abandonar la jurisdicción de la Corte no basta con impugnar el instrumento mediante el cual el Estado aceptó dicha competencia, sino que dicho Estado debe retirarse de la Convención Americana como tratado de derechos humanos en su totalidad.  Si el Poder Ejecutivo, como consecuencia de lo dispuesto por  la sentencia TC/0256/14 denunciara la  Convención Americana sobre Derechos Humanos, base del mandato de la CorteIDH, desconocería derechos que ya han sido reconocidos internacionalmente a toda persona en la República Dominicana, y a la vez cerraría  una importante vía jurídica para demandar justicia  una vez  agotadas   las instancias de reclamo internas,    contraviniendo así   el Estado social, democrático y de derecho establecido en la Constitución.


Desvincular al país de los  órganos que velan por  la aplicación de los tratados fundamentales de derechos humanos es incentivar la impunidad,  es negar  justicia al   desaparecido  periodista dominicano Narciso González, a las víctimas de desapariciones forzosas y   los cientos  de personas  detenidas,  golpeadas o asesinadas por policías y militares en alegados intercambios de disparos. 

El veredicto del TC es prueba fehaciente de la dificultad que tienen los ciudadanos/as dominicanos  de requerir el cumplimiento de la ley a las instancias que administran justicia en el país   cuando el infractor es el propio Estado, lo que intensifica  la situación de vulnerabilidad de  mujeres afectadas por  violencia de género, así como de familiares que reclaman condenas en los casos de feminicidios;  Niños y niñas víctimas de abuso sexual y otras formas de violencia;  Personas  que viven con  VIH que son discriminadas y no reciben tratamiento adecuado; Personas excluidas por sus  capacidades diferenciadas,    creencias, raza, orientación sexual,  situación económica o  condición de salud; Empresarios, campesinos, trabajadores, periodistas, estudiantes,  políticos, sindicalistas y funcionarios públicos cuyos derechos hayan sido vulnerados  o no garantizados por el Estado.

Las organizaciones de la sociedad civil aquí representadas,   ratificamos  nuestra firme  decisión  de mantenernos  vigilantes  para evitar se vulneren  las garantías del ejercicio pleno de los DDHH en el país.

Exhortamos a cada ciudadano/a   estar alerta frente al  retroceso jurídico y  político que significa un eventual desconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte-IDH sobre la base de una decisión  insensata  con la que  el TC  vuelve a colocarnos en el ojo del huracán, enviando  a la comunidad internacional un  negativo  mensaje sobre República Dominicana como un país irrespetuoso de los compromisos asumidos,  los  derechos adquiridos y la dignidad de sus ciudadanos/as.

 ORGANIZACIONES FIRMANTES

  1. Asociación Scalabriniana al Servicio de la Movilidad Humana (ASCALA)
  2. Diversidad Dominicana
  3. Foro Feminista
  4. Consejo Latinoamericano de Estudiosos de Derecho Internacional y Comparado (COLADIC)
  5. Colectiva Mujer y Salud
  6. Red de Voluntarios de Amigos Siempre Amigos (REVASA)
  7. Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Dominicana de Religiosos
  8. Centro de Asesoría e Investigaciones Legales (CEDAIL)
  9. Coalición LGBT
  10. Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
  11. Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM-RD)
  12. Coordinadora Lésbica y de Hombres Trans RD -COLEHT-
  13. Centro de Asesoría e Investigaciones Legales (CEDAIL)
  14. Centro de Formación Social y Agraria (CEFASA)
  15. Centro de Desarrollo Sostenible (CEDESO)
  16. Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF)
  17. Centro Cultural Dominico- Haitiano (CCDH)
  18. Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN)
  19. Centro Bonó
  20. Fundación Étnica Integral (FEI)
  21. Movimiento de Mujeres Dominico- Haitianas (MUDHA)
  22. Movimiento Reconoci.do
  23. Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados (ODHGV)
  24. Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo en el Caribe (OBMICA)
  25. Plataforma Dominican@s por Derecho
  26. Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM)
  27. Red de Encuentro Jacques Viau
  28. Movimiento Socio Cultural para Trabajadores Haitianos (MOSCTHA)
  29. Red Fronteriza Jano Sikse
  30. Solidaridad Fronteriza
  31. Transsa Dominicana
  32. Mesa nacional para las Migraciones y refugiados en República Dominicana (MENAMIRD)
  33. Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional (FUNCEJIL)
  34. Servicio Jesuita a Migrantes Jimani
  35. Plataforma Dominicana de Afrodescendientes
  36. Fuerza Laboral
  37. Alas de Igualdad

 

Día Internacional de las Mujeres Rurales, declaración de CONAMUCA, Articulación Campesina, Colectiva Mujer y Salud y su programa Ciudadanía Activa de las mujeres

En el 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 15 de octubre de cada año como Día Internacional de las Mujeres Rurales con el propósito de llamar la atención de los Estados sobre la necesidad de formular políticas y programas destinados a mejorar la situación de la mujer rural.

 

Más de la mitad de la producción de alimentos a nivel mundial descansa en manos de las mujeres, sin embargo, en América Latina el 40% de las mujeres rurales mayores de 15 años no cuenta con ingresos propios.

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Posicionamiento de la Colectiva Mujer y Salud frente a los feminicidios en República Dominicana

Una nueva víctima de la violencia machista sin que el Estado Dominicana asuma  la misma como un problema estructural que amerita una respuesta y medidas urgentes que involucren de manera activa a todos los actores estatales para enfrentar dicho flagelo. De acuerdo a cifras preliminares del Ministerio Público al mes de agosto 127 mujeres habían perdido la vida en hechos violentos.

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Declaración de la Colectiva Mujer y Salud por el Día Internacional de la Niña

 

 

El día Internacional de la Niña fue declarado en 2011 mediante la Resolución 66/170 de las Naciones Unidas. Por qué un día de la Niña? por la especial situación de vulnerabilidad en que se encuentran las niñas en el mundo. Como país este día encuentra a las niñas dominicanas en una situación crítica en varios sentidos.

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Reunión dominicana preparatoria para el 13 Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe

El día lunes 13 de octubre a las 4 de la tarde tendremos una reunión en la oficina de la Colectiva Mujer y Salud con quienes planean o quieran ir al 13 Encuentro Feminista de Latinoamerica y el Caribe para informarnos y organizarnos, las esperamos!

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28 de Septiembre, día de acción global por la despenalización del aborto

 

En siete países de América Latina y el Caribe (Chile, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití, Surinam y República Dominicana), el aborto está totalmente prohibido y penalizado. En la mayoría de los otros países de la región, donde la interrupción del embarazo está permitida bajo algunas circunstancias, las autoridades no garantizan su acceso de forma segura, gratuita y libre de estigma.

 

Ya sea por la prohibición o por la falta de garantía de servicios adecuados, muchas mujeres se ven conminadas a recurrir a la interrupción del embarazo en la clandestinidad, poniendo en riesgo su salud y sus vidas. El 95% de los abortos que se realizan en América Latina y el Caribe son inseguros y aproximadamente 11% de las muertes maternas ocurre como consecuencia de abortos inseguros. Cabe destacar que más de un millón de mujeres y niñas son hospitalizadas cada año para recibir tratamiento por complicaciones que surgen como producto de aborto inseguro. Estas cifras parecen carecer de importancia para las autoridades que dejan de lado o rechazan debatir y legislar sobre esta situación, en base a una falsa o doble moral sustentada en supuestos dogmas de fe.

La penalización del aborto afecta especialmente a mujeres jóvenes, pobres y que viven en condiciones de vulnerabilidad, pues son ellas quienes interrumpen sus embarazos bajo condiciones de alto riesgo. En este sentido, la penalización constituye un tema de injusticia social que fomenta y profundiza las raíces de la discriminación por razones económicas, étnicas, de raza, de clase y condición migratoria, entre otras.

También afecta a las y los profesionales comprometidos con los derechos de las mujeres, al restringirles obligaciones con relación al derecho a la sexual y salud reproductiva de las mujeres.

En países y gobiernos que se dicen democráticos, es inaudito que las mujeres no puedan ejercer el derecho a decidir cuándo pueden o no ser madre, que tengan embarazos forzados, muchas veces producto de violaciones sexuales y que eso no sea lo condenable.

Las mujeres son ciudadanas libres, ética y moralmente responsables, dueñas de sus decisiones y sus vidas, por tanto, los Estados están en la obligación de garantizarles el ejercicio de sus derechos y de cubrir sus necesidades sin criminalización, persecución o negación de servicios de aborto seguro.

Este 28 de septiembre reafirmamos de manera contundente que el aborto legal y seguro es una cuestión de derechos y por tanto, una cuestión de democracia, y que, el aborto ilegal constituye una forma de violencia estatal, por lo que demandamos de los Estados:

• Despenalizar el aborto, eliminando las barreras legales y de implementación para garantizar el acceso a los servicios integrales de interrupción segura, gratuita y de calidad, libre de requisitos, tutela o consentimiento marital o parental.

• Tomar medidas urgentes para evitar que la objeción de conciencia en hospitales públicos y en otros contextos institucionales se convierta en un obstáculo o ponga en peligro la salud y la vida de las mujeres.

• Garantizar el acceso a métodos de anticoncepción, incluida la de emergencia, de calidad, variados, amigables, de acuerdo a las necesidades de las adolescentes, jóvenes y mujeres, y garantizando la confidencialidad.

• Eliminar las barreras socio-culturales que refuerzan estereotipos de género con respecto a la maternidad y que estigmatizan a las adolescentes, jóvenes y mujeres, impidiéndoles tomar decisiones libres e informadas sobre su sexualidad y su propio cuerpo. Garantizar, además, una educación integral para la sexualidad.

• Cesar el hostigamiento, la criminalización y las agresiones dirigidas a las redes, organizaciones civiles, feministas y a las defensoras de los derechos sexuales y derechos reproductivos, garantizando la seguridad e integridad de las defensoras amenazadas por mecanismos represivos de los Estados o por grupos civiles portadores del odio y el fundamentalismo.

• Cumplir sin más dilación las recomendaciones hechas a los países de la región por los Comités de monitoreo de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, así como el consenso de Montevideo asumido recientemente por los Estados, en orden a revisar la legislación punitiva sobre el aborto y a garantizar su acceso seguro y gratuito.

• Tomar medidas para poner en libertad inmediata a las mujeres que se encuentran prisioneras en cárceles de varios países de la región debido a la criminalización del aborto.

• Reafirmar y proteger el carácter laico y plural de la democracia evitando injerencias indebidas de sectores religiosos que afecten el desarrollo de reformas legales y/o la puesta en marcha de políticas públicas tendientes a mejorar la salud las mujeres y el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos.

• Que cese el hostigamiento, la criminalización y estigmatización al personal de salud, en especial médicos y médicas que amparados en los marcos legales vigentes en sus países, en el derecho a la vida de las mujeres y en el apego a su ejercicio profesional, ofrecen servicios de interrupción voluntaria y legal del embarazo.

Llamado a la Acción de la campaña 28 de Septiembre por la despenalización del aborto - 2013.

 

 

 

 

Nuestros trabajos. Familias y niños/as viviendo con VIH

 

La Colectiva Mujer y Salud cumple 30 años; Conócenos un poquito más!

 

 

Los riesgos de postrarse ante el extremismo religioso

La prensa de ayer jueves reporta que grupos evangélicos realizaron una protesta frente al Palacio Nacional demandado la expulsión del país del Embajador de Estados Unidos y la prohibición del divorcio. Los organizadores de la protesta, que dicen representar a más de 40 organizaciones del liderazgo evangélico en el país, reiteraron además su oposición al matrimonio igualitario y a la celebración del Día del Orgullo LGBT (ver reseña en acento.com.do/2014/actualidad/8155403-religiosos-anti-gay-piden-expulsar-a-embajador-eeuu/).

 Aunque a primera vista las demandas de los evangélicos parecen risibles –tanto así que la mayoría de los medios ni siquiera las reseñaron- la verdad es que en el contexto actual del país hacen perfecto sentido. De hecho, no es menos absurda la solicitud de expulsar al representante de EEUU o de prohibir legalmente el divorcio que la de eliminar del proyecto de ley de Código Penal la cláusula del ‘Estado de Necesidad’, que hubiera permitido interrumpir el embarazo cuando la vida de la mujer corre peligro grave e inminente.

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CARTA ABIERTA AL PAPA FRANCISCO:

 

Considerando que,en varias ocasiones, Usted ha expresado públicamente su condena del abuso sexual por parte de miembros sujetos a su jurisdicción y de que va a combatir la pederastia clerical, que de acuerdo con el Informe del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas a la Santa Sede, ha dañado “decenas de miles” de niñas, niños y adolescentes en el mundo, apelamos a su sentido de justicia. ¡Ha llegado el momento de actuar!

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Femincidios: Tragedia Nacional

 

De acuerdo al Observatorio de Ciudadanía Activa de las Mujeres, en lo que va de año 48 mujeres han perdido la vida víctima de feminicidio; 17 de éstos han ocurrido en el mes de junio;  el 20% de los feminicidas se suicidó. 

 

Esta situación amerita una acción urgente del Estado, pues de seguir esa tendencia el incremento de feminicidios alcanzará dimensiones catastrófica. En anexo el boletin del Observatorio.

Denuncia pública de la Colectiva Mujer y Salud, a propósito de las nuevas injerencias de la Iglesia católica en la reforma del Código Penal

 

 

A lo largo de la última década, las y los legisladores dominicanos han sido objeto de presiones, amenazas y hasta de chantajes por parte de una Iglesia católica que, actuando al margen de principios y procedimientos democráticos, se empecina en utilizar el poder coercitivo del Estado para imponer sus posiciones doctrinales particulares a toda la población.

 

En esta ocasión la injerencia eclesiástica en el proceso legislativo resulta particularmente ofensiva porque apunta contra medidas tan razonables y oportunas como son la tipificación del feminicidio y la adopción del Estado de Necesidad para permitir la interrupción médica del embarazo cuando éste amenace de forma inminente la vida de la mujer.  

 

Este proceder eclesiástico resulta por demás incomprensible: ¿Cómo es posible que a estas alturas la Iglesia se oponga a una medida que busca combatir el feminicidio, en un país donde los asesinatos de mujeres alcanzan la categoría de catástrofe nacional? Y no sólo se opone, sino que utiliza el argumento baladí de que la calificación resulta discriminatoria contra los hombres, por no existir en el Código la contrapartida del “masculinicidio”!

 

En lo que respecta a los artículos del Código relativos al aborto, las posiciones de la Iglesia alcanzan un grado de fanatismo extremo: 1) Pide incrementar a 30-40 años la pena de cárcel para la mujer que aborta, entendiendo que éste debe ser castigado como homicidio premeditado; 2) Pide se elimine el párrafo del Art. 90 que permitiría “la interrupción del embarazo cuando sea practicado por personal médico especializado, en establecimientos de salud públicos o privados, siempre que el mismo se produzca como consecuencia de un estado de necesidad”, es decir, cuando el embarazo represente “un peligro actual o inminente” contra la vida de la mujer.

 

El principal argumento de la Iglesia en este sentido es que ante una complicación que ponga en peligro la vida de la mujer, el médico “está obligado a luchar para salvar las dos vidas y si en este esfuerzo uno de los dos muere no hay ninguna responsabilidad penal”. Esto es lenguaje canónico cifrado para edulcorar un poco la posición despiadada e inhumana de la Iglesia frente el aborto terapéutico, que se reduce a lo siguiente: el embarazo no debe interrumpirse nunca, aunque muera la mujer, porque el embrión es una persona y como tal tiene el mismo derecho a la vida que la mujer adulta.

 

¿Debe la sociedad dominicana, por vía de nuestros representantes electos al Congreso, permitir que la Iglesia nos imponga esta visión extremista, oscurantista y misógina? La oposición de la Iglesia a la anticoncepción y al aborto terapéutico son una cuestión doctrinal particular que en todo caso correspondería cumplir a ese 56% de la población dominicana que se identifica como católica según el Latinobarómetro del 2012 (57% según la Penn & Schoen del 2013).

Bajo ninguna circunstancia debemos permitir que esta doctrina se nos imponga a todos con fuerza de ley, porque sólo las teocracias proceden de esta manera –y cabe recordar que hasta en las teocracias más recalcitrantes, como Irán y Arabia Saudita, se permite el aborto terapéutico!

 

La Colectiva Mujer y Salud entiende que la prohibición del aborto viola los derechos fundamentales de la mujer a la autodeterminación, a la integridad corporal, a la dignidad, a la intimidad, a la salud. Entiende que las mujeres somos personas con derecho a tomar decisiones reproductivas propias, no incubadoras a las órdenes del Estado o de la Iglesia. Entiende que el Estado que obliga a una mujer a llevar a término un embarazo que amenaza su salud o que sea producto de violencia sexual merece el calificativo de barbárico.

 

Nuestros legisladores harán bien en reconocer que la Iglesia católica no sólo que no tiene derecho a imponer sus doctrinas por la fuerza de la ley, sino que tampoco cuenta con la capacidad efectiva para chantajear a los actores políticos que se nieguen a obedecerla. Basta recordar cuan inútiles resultaron sus amenazas electorales contra los 33 legisladoras/es que se opusieron al Art. 30 (actual 37) de la Constitución.

 

La sociedad dominicana está decididamente a favor de la despenalización del aborto terapéutico, como muestran todos los estudios y encuestas de los últimos años. Los nuevos e insólitos argumentos eclesiales en contra de la tipificación del feminicidio con toda seguridad merecerán también el rechazo de la ciudadanía.

 

La Colectiva llama a las y los ciudadanos a manifestar su indignación frente a las exigencias de la Iglesia por todas las vías a su alcance: llamadas o cartas a las/os legisladores, participación telefónica en programas radiales, uso intensivo de las redes sociales, etc. Llamamos asimismo a que nos acompañen el próximo martes 17 a las 7:30 de la mañana en la actividad “Temprano Contra los Feminicidios” frente al Congreso Nacional, donde reiteraremos nuestra demanda de que se tipifique el feminicidio en toda la amplitud del término y que cómo mínimo se despenalice el aborto terapéutico y en casos de violación o incesto.

 

Colectiva Mujer y Salud

12 de junio 2014

 

C/ José Gabriel Garcia #501 Esq. Calle Cambronal Ciudad Nueva, DN, República Dominicana, 89113
(809)527-0145