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La crisis de la salud reproductiva y los derechos humanos de las mujeres dominicanas

Declaración de la Colectiva Mujer y Salud en ocasión del 28 de Mayo. Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres

 

En ocasión de la conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, el Observatorio Ciudadano de las Mujeres de la Colectiva Mujer y Salud hace un llamado de atención sobre la crisis de la salud reproductiva que sigue afectando a las mujeres dominicanas y limitando su ejercicio de derechos. Las muertes maternas enteramente prevenibles de cientos de mujeres cada año constituyen la expresión más dolorosa de esta situación y suscitan graves cuestionamientos a la responsabilidad de los funcionarios llamados a prevenirlas.

La República Dominicana sigue teniendo una de las tasas de mortalidad materna más altas del hemisferio occidental. Cuando el país asumió en 1990 los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), se comprometió a reducir en 75% la tasa de mortalidad materna para el año 2015, lo que suponía alcanzar una tasa de mortalidad de 47 por 100,000 nacimientos para esa fecha.  A pesar de las reducciones en este indicador que reportan las autoridades, la tasa registrada  fue de 110 por 100,000 nacidos vivos para el año 2012, cifra que todavía más que duplica nuestro compromiso con los ODM, además de superar considerablemente el promedio para la región de América Latina y Caribe, que actualmente se sitúa en 85/100,000[1].

El año pasado el Ministerio de Salud puso en marcha su Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Mortalidad Materna e Infantil 2012-2016 a fin de continuar el proceso de reducción de la mortalidad materna que, según el Ministerio, bajó de 143 en 2006 a 106 en 2012[2]. Sin embargo, las cifras oficiales despiertan dudas en cuanto a la magnitud real de la reducción, así como la efectividad de las medidas introducidas por el Plan Estratégico Nacional, sobre cuya implementación se conoce muy poco. 

Los cuestionamientos a la confiabilidad de las cifras oficiales obedecen en primer lugar a las disparidades que históricamente se han presentado entre éstas y las de las Encuestas Demográficas y de Salud (ENDESA). Por ejemplo, cuando la ENDESA-2002 situaba la MM en 178 muertes/100,000 nacimientos, las estadísticas del Ministerio de Salud la situaban en 130; cuando la ENDESA-2007 la situaba en 159, la cifra del Ministerio era 127[3]. Como lamentablemente la ENDESA 2013 no reporta estimados de mortalidad materna, en la actualidad no contamos con ese recurso para evaluar las estadísticas oficiales, aunque sí podemos señalar algunas evidencias preocupantes:

·      Mientras el Ministerio de Salud destaca la supuesta reducción en las tasas de mortalidad materna, sus datos señalan que el número de muertes en realidad va en aumento: en el año 2011 se notificaron 174 muertes,  que aumentaron a 175 en el 2012 y a 183 en el año 2013[4].

·      Cuando se hace el cálculo de las 175 muertes maternas del 2012 en relación al total de nacidos vivos que presenta la misma fuente, la tasa de mortalidad materna resultante es de 181 por 100,000, una cifra considerablemente mayor a las 110 que presentan los Indicadores Básicos. Cuando usamos la cifra de 183 muertes reportadas para el 2013, la tasa sube a 189[5].

De acuerdo a las informaciones disponibles, estas enormes disparidades son producto de la metodología de estimación utilizada por el Ministerio de Salud, que en lugar de utilizar el número real de nacimientos registrados en los establecimientos de salud, utiliza unas proyecciones de población elaboradas internamente, utilizando una metodología no divulgada. La explicación ofrecida al respecto es que las cifras de nacimientos presentan mucho subregistro, aunque es innegable que este problema también afecta a los demás datos, incluyendo las muertes maternas. Las proyecciones de nacimientos utilizadas proporcionan un denominador más alto que el número real de nacimientos registrados, por lo que el cálculo de la tasa de mortalidad materna resultante es mucho más baja que la real.[6]

A lo anterior habría que agregar las dudas relativas al subregistro de muertes maternas, desconociéndose en qué medida los procedimientos de estimación usados por el Ministerio corrigen adecuadamente el problema. En relación a esto hay que señalar que a la Colectiva ha recibido testimonios escalofriantes sobre la mala calidad del servicio y las negligencias médicas que resultan en muertes maternas -que luego son atribuidas a otras causas-, así como otras irregularidades en el manejo interno de estos casos.

En el mejor de las casos, las disparidades señaladas llaman la atención a la necesidad de actualizar la metodología y transparentar las informaciones oficiales relativas a la mortalidad materna, incluyendo los procedimientos de estimación utilizados; en el peor, estas cifras no hacen más que reforzar el escepticismo con que se reciben las estadísticas oficiales desde hace años, además de evidenciar los pocos avances logrados por el Plan Estratégico Nacional en su propósito de reducir la mortalidad materna.

Aún los organismos estatales reconocen que la principal causa de la elevada mortalidad materna en el país es la baja calidad de los servicios obstétricos ofrecidos por los establecimientos públicos, como consignan con crudeza los Informes de Seguimiento de los ODM preparados por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, tras destacar que la abrumadora mayoría de muertes maternas son evitables:

“Se considera que la atención que reciben las mujeres embarazadas en los centros hospitalarios no es la adecuada por incumplimiento de las normas de calidad, junto al ausentismo del personal que debe estar presente en las labores de parto, que con frecuencia delega sus responsabilidades en personal no especializado, sin la formación necesaria (auxiliares, estudiantes internos y personal médico pasante o residente). Es necesario mejorar el seguimiento a la aplicación de las normas sobre atención de la salud materna por parte del personal médico, toda vez que con el nivel de cobertura de control prenatal y asistencia al parto por personal especializado existente en el país, la mortalidad materna debió haber experimentado una reducción mucho mayor en los últimos años” (énfasis nuestro).[7]

La escasez de estudios a profundidad sobre la problemática de la mortalidad materna en el país limita el análisis de los factores que intervienen en el fenómeno, pero a simple vista se puede notar el rol que juegan las cesáreas innecesarias, ya de por sí consideradas un importante indicador de la calidad de la atención obstétrica. Según los datos del Ministerio de Salud, en el año 2012 el 43.5% de todos los nacimientos en establecimientos públicos ocurrieron por cesárea, proporción que casi triplica el porcentaje máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que es de 15%[8].

La cesárea, como toda cirugía mayor, implica riesgos mucho más altos que el parto natural, sobre todo cuando las condiciones de calidad de los servicios obstétricos son deficientes. Pero, asombrosamente, el porcentaje de cesáreas no se ha reducido tras la puesta en marcha del Plan Estratégico, sino que en efecto  ha aumentado, pasandodel 40.9% en el 2011 al 43.5% en el 2012 y al 44.4% en el 2013[9].

Otro factor que contribuye a los altos índices de mortalidad materna es el aborto inducido, tema sobre el cual existe una aguda escasez de datos en el país. Según las estadísticas oficiales, en el 2013 el aborto representó la cuarta causa de muerte por causas obstétricas directas en el país, con un total de 17 fallecimientos. De todas las estadísticas vinculadas a la mortalidad materna, las de aborto son las menos confiables debido a los problemas de subregistro asociados a la ilegalidad. En este sentido, vale la pena observar las cifras de mujeres atendidas por complicaciones de aborto en los establecimientos públicos del país, ya que estas ofrecen pistas tanto sobre el número de  procedimientos como sobre los terribles costos de salud que pagan las mujeres por la ilegalidad.

Según los datos del Ministerio, en el año 2012 se atendieron 21,059 mujeres por complicaciones de aborto, un tercio más que las 14,650 atendidas veinte años atrás, en 1992[10]. Este incremento es sorprendente porque según los expertos, el uso generalizado del misoprostol (Cytotec) en el país desde finales de los años 90 tendría que haber reducido la frecuencia y severidad de complicaciones, por tratarse de un método abortivo menos peligroso que los que prevalecían anteriormente[11]. ¿Cómo explicar entonces estos altos índices de morbilidad por aborto, cuando por otro lado las estadísticas relegan el aborto a una posición secundaria dentro de las causas de mortalidad materna?

El análisis anterior hace inevitable los cuestionamientos a las estadísticas oficiales sobre salud reproductiva en sentido general y mortalidad materna en particular, sobre todo ante las declaraciones triunfalistas del Ministerio de Salud sobre la supuesta reducción de la mortalidad en los últimos años. Es igualmente evidente que el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Mortalidad Materna e Infantil 2012-2016 tiene muy pocos logros que mostrar, particularmente en lo que respecta a la sanción oportuna y ejemplarizante de los médicos que incurren en violaciones a las normas de atención obstétrica, señaladas como la principal causa de muertes maternas en el país.

Las escandalosas cifras de muertes maternas y la impunidad asociadas a éstas, el inaceptable abuso de las cesáreas, los altos índices de embarazo adolescente y de morbilidad por aborto reflejan las limitaciones que enfrentan las mujeres dominicanas para el ejercicio de sus derechos humanos en el ámbito de la salud, particularmente sus derechos sexuales y derechos reproductivos, incluyendo: el derecho a recibir una atención de calidad en el embarazo, parto y puerperio; a regular la fecundidad con métodos eficaces, seguros y asequibles; el acceso al aborto legal y seguro; y el derecho a ejercer una sexualidad sin riesgos ni consecuencias indeseables e inoportunas. Ante esta situación, demandamos:

·      Transparentar y mejorar la metodología para el cálculo de las muertes maternas, lo que a su vez requiere mejorar los procedimientos de registro de datos estadísticos en los centros de salud. Mientras no se logre esto, las cifras oficiales seguirán siendo cuestionadas y el país no dispondrá de datos confiables para el diseño y evaluación de políticas. 

·      Que el Ministerio de Salud Pública adopte medidas estructurales para mejorar la calidad de los servicios de salud materna, empezando por la aplicación de sanciones ejemplarizantes al personal de salud que por negligencia o incumplimiento de las normas de atención se viera implicado en una muerte materna y/o en su encubrimiento posterior.

·      Que el Colegio Médico Dominicano cumpla con sus obligaciones éticas e institucionales frente a los actos de negligencia y/o encubrimiento del personal médico implicado en muertes maternas, colocando el bienestar de las pacientes por encima de las lealtades e intereses personales.

·      Que se garantice el acceso al aborto legal y seguro a todas las mujeres, al menos cuando corre peligro su salud o el embarazo es producto de violencia sexual.

·      Que se apruebe una ley marco  sobre salud sexual, salud reproductiva y maternidad segura que permita enfrentar de manera efectiva la situación de crisis en que nos encontramos y reducir la cantidad de muertes innecesarias.

·      Que se dé participación activa a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el área de salud de las mujeres en todas las acciones de planificación, ejecución y monitoreo del Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Mortalidad Materna e Infantil 2012- 2016.

 

Colectiva Mujer y Salud

28 de mayo 2014

 



[1] Naciones Unidas. 2014. Estimaciones de las tendencias de la mortalidad materna, 1990 a 2013. http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2013/en/

[2]Objetivos de Desarrollo del Milenio.  Informe de Seguimiento 2013. República Dominicana. Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Santo Domingo. http://www.do.undp.org/content/dam/dominican_republic/docs/odm/pnud_do_informeodm2013.pdf

Los datos actualizados del Ministerio de Salud sitúan la tasa del 2012 en 110 por 100,000, ligeramente más alta.

[3] Ibid

[4] Ministerio de Salud Pública y OPS/OMS, Indicadores Básicos de Salud, República Dominicana 2013; Estadísticas de muertes maternas del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), Ministerio de Salud Pública, 2014.

[5] A falta del dato definitivo sobre número de nacimientos en el 2013, se usa la cifra publicada correspondiente al año anterior.

[6] Tanto el número reportado de nacimientos como de muertes maternas para el año 2012 aparecen consignados en los Indicadores Básicos 2013 (Op. cit.). El cálculo de la tasa se hace mediante una simple fórmula que  multiplica el número de fallecimientos por 100,000 y divide el resultado entre el total de nacidos vivos.

[7] La cita es de Objetivos de Desarrollo del Milenio.  Informe de Seguimiento 2010. República Dominicana. Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Santo Domingo, noviembre de 2010. http://www.undg.org/docs/11721/Informe-Objetivos-de-Milenio-2010.pdf . El Informe de Seguimiento 2013 (Op. Cit) reitera el señalamiento en torno a la calidad.

[8] Ver información al respecto en la página de la OMS, http://www.who.int/es/

[9] Anuario Estadístico 2011 del Ministerio de Salud; Indicadores Básicos 2013 (Op. Cit). Las cifras del 2013 fueron proporcionadas por la Dirección de Información y Estadísticas de Salud del Ministerio de Salud y son todavía provisionales.

[10] La cifra de 1992 procede del Anuario Estadístico de Salud Pública y es reproducida en: The Alan Guttmacher Institute. 1994. Aborto Clandestino: Una Realidad Latinoamericana. New York; la cifra para el 2012 procede de los datos del SINAVE. Los datos provisionales del 2013 muestran un aumento a 23,396 casos.

[11] Ver Paiewonsky, Denise. 1995. Determinantes Sociales y Consecuencias del Aborto Inducido en la República Dominicana. Santo Domingo, Instituto de Estudios de Población y Desarrollo – PROFAMILIA.

Dale un giro al día de la madre

La Colectiva Mujer y Salud a través del Observatorio Ciudadano de las Mujeres  lanza la campaña “dale un giro al día de la madre” para llamar la atención sobre la necesidad de poner atención a los graves problemas que afectan a las mujeres en su rol de madre.

 

De los 840,817 hogares registrados como pobres en el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) del Gabinete Social, en el 2012, el 65%  tiene jefatura femenina[1]

 

Cada año mueren más de 300 madres  por causa de feminicidio y muertes maternas, mayoría evitable.

 

Los trabajos de cuidado  que son la base del sistema socioeconómico, ya que  sin ellos ninguna sociedad puede funcionar, siguen siendo responsabilidad casi exclusiva de las mujeres.

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Intentan boicotear el proyecto que crearía el Sistema Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres

La Colectiva Mujer y Salud, a través del Observatorio de Ciudadanía Activa de las Mujeres expresa su preocupación por lo que parece ser la intención soterrada de algunos legisladores de boicotear el Proyecto de Ley Orgánica que crea elSistema Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, mediante la manipulación y la mentira.

Si tomamos en cuenta los verdaderos objetivos y contenidos de ese proyecto de ley, el escándalo fabricado por algunos diputados se evidencia como un burdo intento por impedir que el país mejore su sistema legal y jurídico contra la violencia hacia las mujeres. Se trata de acciones dirigidas a limitar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, apelando al cuco del matrimonio homosexual. La realidad es que a los legisladores implicados en estas acciones les resulta más conveniente manipular la conciencia colectiva del pueblo mediante la mentira que expresar abiertamente su postura misógina contra los derechos de las mujeres.

El objeto de dicha pieza, según lo establece su artículo primero, es “crear el Sistema Integral para la Prevención, Detección, Atención, Persecución, Sanción y Seguimiento de todas las formas de violencia contra las mujeres basadas en las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, mediante la regulación de políticas públicas orientadas al reconocimiento, respeto y garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”.

Esta iniciativa nace del interés de la Procuraduría General de la República, a través de la Procuraduría Adjunta de la Mujer y en acuerdo con la Comisión de Género de la Cámara de Diputados, de que se trabajara una propuesta de Ley integral sobre violencia. La misma se articula con un anteproyecto de ley sobre feminicidio del Senador Félix Bautista y posteriormente se transforma en una propuesta de ley integral que involucra a diferentes actores estatales y no estatales en su redacción y revisión, entre ellos: la Procuraduría General de la República, el Ministerio de la Mujer, la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio de Salud Pública, el Foro Feminista, Profamilia, Colectiva Mujer y Salud, el PACAM, el Centro de Estudios del Género, así como la Comisión de Género y Familia del Senado y la Comisión de Género de la Cámara de Diputados. Contó con el apoyo de la Vicepresidencia de la República, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Agencia Española de Cooperación.

El proceso de elaboración de la propuesta incluyó asimismo la realización de seminarios, Vistas Públicas, y consultas a expertas y expertos. Una vez elaborada, la propuesta fue revisada por un grupo de juezas del sistema de justicia. En noviembre del 2012 fue aprobada en el Senado, en febrero 2013 es  remitida a la Cámara de Diputados, en abril 2013 se apodera a la Comisión de Género y a la Comisión de Ministerio Público para su revisión. El Proyecto perime, por lo que la Diputada Magda Rodríguez lo reintroduce de nuevo en el 2014. Es importante señalar que el Proyecto también pasó por la Oficina Técnica de Revisión Legislativa.

Ninguna de las instancias antes mencionadas objetó la frase que ha despertado el pánico homofóbico entre ciertos sectores del Congreso. Igualmente llama a suspicacia el carácter extemporáneo de las declaraciones del Presidente de la Cámara, dado que al momento de formularlas el proyecto de ley no estaba en la Agenda del Día ni la comisión apoderada del mismo había emitido su informe.

Las organizaciones que hemos estado apoyando la elaboración de esta ley y reclamando su aprobación seguiremos en pie de lucha por entender que el país necesita de herramientas legales más efectivas para enfrentar la violencia contra las mujeres. Su aprobación cumpliría con el artículo 42, numeral 2 de la Constitución, que establece: “Se condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas. El Estado garantizará mediante ley la adopción de medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”.

Exhortamos a las y los legisladores a reconsiderar su postura frente a este proyecto de ley, entendiendo que en función de una frase fácilmente modificable no se puede echar a pique el esfuerzo concertado de tantas organizaciones y sectores de la vida nacional. El país demanda con urgencia una ley más efectiva para hacer frente a la violencia basada en el género; en estos momentos la responsabilidad histórica por el logro de ese objetivo descansa íntegramente en la Cámara de Diputados.

Creemos necesario, incluir la violación sexual y el incesto como causales para la interrupción del embarazo. Intervención de Roslyn Cruz por la Red Dominicana por la Salud de las Mujeres

 

Nos unimos a los reconocimientos al Senado de la República por la celebración de esta consulta y además,  vemos con satisfacción los avances que muestra este proyecto de Código, sin embargo, tenemos algunas inquietudes que planteamos de inmediato.

 

En relación al Artículo 82 sobre Feminicidios,  el cual lo limita a los feminicidios íntimos, aquellos que ocurren en el marco de una relación de pareja. Se hace necesario ampliar este concepto.

 

¿Cómo calificamos el siguiente hecho? Una mujer que mediante la fuerza, es atada, violada, le mutilan los genitales y luego la matan. Desde el punto de vista de la teoría sobre violencia, este hecho constituye feminicidio, por tanto proponemos la siguiente redacción alternativa al artículo 82.

 

Comete la infracción grave de feminicidio quien en el marco de tener, haber tenido o pretender tener una relación de pareja, diere muerte a una mujer. Igualmente, constituye feminicidio la muerte de una mujer que haya sido precedida o acompañada de cualquier tipo de violencia sexual, mutilación genital o cualquier otro tipo de ensañamiento o acto de tortura y barbarie, que denote menosprecio del cuerpo de la mujer. El feminicidio se sanciona con la pena de treinta a cuarenta años de prisión.

 

También  nos queremos referir al  artículo 106, que considera el hecho de violación, solamente cuando hay penetración. Existe suficiente evidencia teórica que califica a la violación independiente de la penetración y me van a permitir poner un ejemplo.

 

Una mujer, es atada, anulada su voluntad, 1, 2 o 3 hombres le manipulan sus genitales, le hacen sexo oral vía vaginal y anal, le eyaculan encima, la obligan a hacerles  sexo oral.

 

Señores Senadores, ¿acaso esto no es una violación? Y aquí no hubo penetración. Pero imagínense que  eso le ocurre a su niña o a  su nieta de 1, 2 o 3 tres años, no lo calificaría como una violación. 

 

De solo considerar la violación cuando hay penetración, se van a quedar en la impunidad la mayoría de los casos de violación, porque los depredadores sexuales se van a asegurar de violar a las mujeres y las niñas sin que haya penetración.

 

El otro tema que vamos a abordar es el relativo al aborto, nos parece importante que se haya considerado no punible por Estado de Necesidad, sin embargo, creemos necesario, incluir la violación sexual y el incesto como causales para la interrupción del embarazo.

 

Roslyn Cruz - Red Dominicana por la Salud de las Mujeres

Santo Domingo, 29 de abril del 2014

 

 

 

Una de las consecuencias previsibles de la violencia sexual contra las mujeres es el embarazo forzado, siendo ésta tal vez la más específica de las violencias de género[1].

 

Alrededor de 10 a 15% de las mujeres víctimas de abuso resultan embarazadas. Uno de los estudios clásicos es el que se realizó en Estados Unidos en 1996, en el cual se revela que el (10%) reportó quedar embarazadas como producto de la violación (Távara 2010).[2] De otro lado, un estudio realizado en México en una institución de prestación de servicios a mujeres víctimas de violencia mostró que la tasa de embarazo alcanzó el 14,3% en el grupo de 12-49 años[3],

 

En ese orden proponemos modificar la segunda parte del artículo 90 para que diga.

 

No será punible la interrupción del embarazo cuando sea practicada por personal médico especializado, en centros o establecimientos de salud, públicos o privados, siempre que el mismo se produzca como consecuencia de un estado de necesidad, según lo define el artículo 10 de este Código y cuando sea fruto de una violación o incesto

 

 

 



[1] Si-Mujer, 2000. Pp.9.

[2] Távara, L. Editor. 2010. Pp.42

[3] Diana Lara, Sandra García, Jennifer Strickler, Hugo Martínez, Luis Villanueva. El acceso al aborto legal de las mujeres embarazadas por violación en la ciudad de México. Gaceta Médica de México. Academia Nacional de Medicina de México. Volumen 39, Suplemento 1. México. 2003.

 

El Observatorio de Ciudadanía Activa de las Mujeres quiere solicitar la incorporación y la tipificación del delito de Pederastia en el Código Penal Dominicano. Participación de Laura Hernández Fondeur en las Vistas Públicas del Código Penal

Entre los años 2003 y 2013 han salido a relucir en la República Dominicana casos de abuso sexual perpetrado contra menores de edad a manos de autoridades de la Iglesia Católica que sumergen al pueblo dominicano en la incertidumbre, en la certeza de que las autoridades eclesiales gozan de una impunidad que les permite continuar libremente sus vidas y no sufrir jamás el peso de la ley por sus crímenes.

 

En los últimos 10 años se han destacado los casos de los sacerdotes Cirilo Antonio Núñez y Ramón Antonio Betances (2003), Domingo Aurelio Espinal Reynoso (2006), Alberto Zacarías Cordero Liriano (2012), Wojciech (Alberto Gil) (2013), Juan Manuel Mota de Jesús (padre Johnny, 2013) y el ex –nuncio Joséf Wesolowski (2013). Siendo estos, los que han salido a la luz pública. De ahí que, no podemos afirmar que otros abusos no se hayan realizado o se estén realizando.

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¿Cómo analizar, desde dónde justificar la existencia de una norma restrictiva al aborto en toda circunstancia? Intervención del Nucleo de Apoyo a la Mujer en las Vistas Públicas del Código Penal

 

El 4 de julio del 2013 la teniente de la Policía afgana Islam Bibi fue asesinada en el ejercicio de sus funciones por un grupo de compatriotas quienes consideraban que ese no era un trabajo para mujeres y que estaba violando la ley de Dios. Meses después también fue asesinada en las mismas circunstancias su colega la teniente “Negar”.

 

De acuerdo a las reglas de los talibanes a las mujeres se les prohíbe salir a trabajar fuera de la casa, solo pueden recibir educación después de los ocho años de edad. Tampoco pueden ser atendidas por doctores hombres o montar bicicleta. No les está permitido conducir vehículos, votar, jugar algún deporte, ejercer cargos públicos o aparecer en la radio o la televisión. Cuando rara vez salen de sus casas deben de usar la burka, una vestimenta que les cubra el cuerpo de la cabeza a los pies y estar acompañada de un pariente cercano masculino.

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Propuesta de la Colectiva Mujer y Salud a propósito de las vistas públicas del Código Penal

 

Es innegable que el proyecto de Código Penal remitido al Senado por la Cámara de Diputados representa un avance significativo en nuestra legislación penal. Es cierto que muchas de las propuestas de la sociedad civil y las organizaciones de mujeres han sido tomadas en cuenta, pero una problemática de gran importancia permanece rezagada. Nos referimos, concretamente, al tema del aborto.

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Preocupa el hecho de que en el proyecto de reforma al CP no se haya puesto la debida atención a los delitos relacionados a actos de corrupción. Orlidy Inoa, Vistas Públicas Código Penal

 

 

 

Señor Francis E. Vargas Francisco - Senador - Pte. de la Comisión de Justicia y DDHH

 

Quien suscribe es una ciudadana preocupada por el hecho de que en el proyecto de reforma al CP no se haya puesto la debida atención a los delitos relacionados a actos de corrupción. En la mayoría de las legislaciones modernas los delitos de corrupción son los que mayor atención reciben, pues cada vez somos más las y los convencidos de que la corrupción es la principal causa del subdesarrollo y la inequidad.

 

El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional bien ha señalado que “la alta corrupción persistente en los países de bajo nivel de ingreso equivale a un desastre humanitario constante”, añadiendo que hay “un fatal vínculo entre pobreza, instituciones fallidas y corrupción”.Ni qué decir de cómo afecta de forma específica al sexo femenino:por la corrupción la mayoría de las mujeres no tiene acceso a recursos productivos como la tierra, el crédito y la educación.

 

Por las razones anteriores, tengo a bien solicitar sean incluidos los siguientes tipos penales en el proyecto de reforma:

 

 

 

- Soborno Transnacional (DEF. CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN)

 

El funcionario público que ofrezca u otorgue a un funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan residencia habitual en el territorio y/o empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valorpecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funcionespúblicas, relacionado con una transacción de naturaleza económica o comercial, serácastigado con pena de prisión mayor de diez a veinte años, inhabilitación definitiva para ejercer la función pública y multa de 30 a 40 salarios mínimos.

 

 

 

- Enriquecimiento ilícito (DEF. CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN)

 

El funcionario público que no pueda razonablemente justificar un incremento de su patrimonio con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones, será castigado con pena de prisión mayor de diez a veinte años, inhabilitación definitiva para ejercer la función pública y multa de 30 a 40 salarios mínimos.

 

 

- Utilización indebida de información privilegiada

 

El funcionario público que, con el fin de obtener un provecho económico para sí o para un tercero, haga uso indebido de la información o de datos de carácter reservado que haya conocido en razón o en ocasión de su empleo, será castigado con pena de prisión menor de dos a tres años, inhabilitación temporal para ejercer la función pública de dos años y multa de 9 salarios mínimos.

 

 

 

- Fraude a la administración

 

El funcionario público que, directamente o por interpuesta persona, procediendo con engaño en los actos o contratos en que deba intervenir en razón de su cargo, dañare a la administración, para beneficio propio o ajeno, será castigado con pena de prisión mayor de cuatro a diez años, inhabilitación definitiva para ejercer la función pública y multa de 30 a 40 salarios mínimos.

 

Confío en que estas propuestas serán bien acogidas y aprobadas, confirmándose así el compromiso de nuestros legisladores con el deber de sanción ante estas graves e inaceptables violaciones.

 

 

Atentamente,

 

Orlidy Inoa Lazala

 

 

 

Apelamos a que el Código Penal Dominicano responda ante todo al respeto a los derechos humanos. Vistas Públicas Código Penal, intervención de CLADEM-RD


En ocasión de las vistas públicas del Senado Dominicano sobre el conocimiento a las modificaciones del Código Penal Dominicano, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM-RD) y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF) queremos resaltar las recomendaciones y observaciones hechas al Estado Dominicano por mecanismos internacionales de derechos humanos de los cuales la República Dominicana forma parte y que por la Constitución Dominicana en su artículo 74, tienen rango constitucional.

 

Saludamos la inclusión en esta reforma al Código Penal de la figura del feminicidio, pero resaltamos la necesidad de ampliar el concepto, de manera que incluya el homicidio de una mujer en razón de su condición de género, al margen si ocurre en el marco de una relación de pareja o fuera de ella, como lo indica Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW por sus siglas en inglés) en sus observaciones al Estado Dominicano de julio del 2013[1].

 

Asimismo, deseamos llamar la atención a las recomendaciones y observaciones hechas por organismos internacionales en lo referente a los derechos sexuales y reproductivos, en especial a la interrupción del embarazo. Si bien, reconocemos como avance la despenalización en caso de estado de necesidad, recordamos que tanto el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como el Comité de Derechos Humanos en su Examen Periódico Universal, expresan su preocupación y exhortan al Estado Dominicano a incluir dentro de la legislación penal, levantar la prohibición en embarazos resultado de violación[2].

 

Apelamos a que el Código Penal Dominicano responda ante todo al respeto a los derechos humanos, y así como a los principios de nuestra Constitución y las convenciones ratificadas por el Estado.

 

 

 

 

Atentamente,

 

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM-RD)

 

Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF)

 

 

 

 


[1]Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres

36ª y 37ª, periodos de sesiones celebradas el 12 de julio de 2013

25  Que modifique el Código Penal para tipificar como delitos todas las formas de violencia contra la mujer.

 

[2]Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

45º período de sesiones. 26 de noviembre del 2010

29.           El Comité se siente preocupado por las enmiendas del artículo 37 de la Constitución que criminalizan el aborto en todas las circunstancias (arts. 10 y 12).

El Comité…insta al Estado parte a reconsiderar la legislación sobre el aborto con objeto de levantar la prohibición cuando exista una amenaza grave para la salud o la vida de la mujer embarazada, y para los embarazos resultantes de la violación o el incesto.

 

Comité de Derechos Humanos  

4º período de sesiones. 12 a 31 de marzo de 2012

 

15.           El Comité expresa su preocupación por la criminalización generalizada del aborto, que obliga a las mujeres embarazadas a buscar servicios de abortos clandestinos que ponen en peligro sus vidas y su salud. El Comité también está preocupado por el mantenimiento de altos índices de embarazos de adolescentes y de mortalidad materna, a pesar de los esfuerzos del Estado parte para prevenirlos. (arts. 6 y 17)

El Comité recomienda al Estado Parte que revise su legislación sobre el aborto y prevea excepciones a la prohibición general del aborto por razones terapéuticas y en los casos en que el embarazo sea consecuencia de una violación o incesto. El Estado parte debe asegurar que los servicios de salud reproductiva sean accesibles para todas las mujeres y adolescentes. Asimismo, el Estado parte debe multiplicar los programas de educación y sensibilización a nivel formal (escuelas y colegios) e informal (medios de comunicación) sobre la importancia del uso de anticonceptivos y los derechos a la salud reproductiva.

 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres

36ª y 37ª, periodos de sesiones celebradas el 12 de julio de 2013

11. Se asegure de que el proyecto de enmienda del Código Penal, que despenaliza el aborto en caso de que la vida de la madre se vea amenazada, se aprobará con prontitud y se ampliará para cubrir otras circunstancias, como la violación, el incesto y la malformación grave del feto, de acuerdo con la recomendación general núm. 24 del Comité;

36. El hecho de que, si bien en el proyecto de enmienda del Código Penal se despenaliza el aborto en caso de que la vida de la madre se vea amenazada, se sigue penalizando el aborto en otras circunstancias, como la violación, el incesto y la malformación grave del feto;

 

 

 

A propósito de la declaración del CODUE sobre el matrimonio igualitario

En respuesta a las propuestas presentadas por organizaciones defensoras de derechos humanos en las vistas públicas sobre Código Civil celebradas el pasado martes 22 en el Congreso Nacional, el vocero del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), Sr. Fidel Lorenzo Merán, emitió una declaración pública en rechazo del matrimonio igualitario (ver “Evangélicos reiteran rechazo a matrimonio de parejas gays, lésbicas, trans y bi”, http://www.acento.com.do/index.php/news/181900/56/Evangelicos-reiteran-rechazo-a-matrimonio-de-parejas-gays-lesbicas-trans-y-bi.html).

 

Los argumentos en los que el CODUE fundamenta su oposición, aunque fácilmente rebatibles, son compartidos por las demás iglesias y por otros sectores conservadores que se oponen a la igualdad de derechos de las personas LGBT. Por esta razón, y en interés de fortalecer el debate público en torno al tema, entendemos necesario esbozar algunas precisiones, a saber:

 

1. Los argumentos del CODUE se refieren al matrimonio igualitario, un derecho civil al que ciertamente todos los y las ciudadanas deberíamos poder acceder sin discriminación alguna. Pero es necesario aclarar que en las recién celebradas vistas públicas sobre Código Civil, las organizaciones defensoras de los derechos LGBT no propusieron el matrimonio igualitario sino la unión civil, una figura jurídica que no contraviene en lo absoluto el artículo 55 de la Constitución vigente.

 

2. Las normas constitucionales “son imperativas” y la actual Constitución excluye de ese derecho a las parejas del mismo sexo:  El Art. 55 no es irrevocable ni será eterno, como no lo han sido tantísimas leyes y artículos constitucionales patentemente injustos a lo largo de nuestra historia. El CODUE no debe olvidar que durante casi el primer siglo de vida republicana las constituciones dominicanas prohibían la libertad de cultos, por lo que la práctica de cualquier religión que no fuera la católica romana no sólo era ilegal sino también inconstitucional. O el hecho de que hasta 1942 todas las constituciones dominicanas negaban la ciudadanía a las mujeres. O que en diferentes momentos de nuestra historia la esclavitud, la tortura y el derecho del marido a asesinar a su esposa adúltera han sido perfectamente legales (no olvidemos que el artículo del Código Penal que atenuaba la pena por feminicidio de la esposa adúltera a un máximo de 2 años de cárcel –y que, en efecto, se aplicaba a todos los feminicidios- rigió hasta el año 1997).

 

 

En otras palabras, el hecho de que el actual Artículo 55 prohíba el matrimonio igualitario no significa que éste sea justo o que no pueda ni deba cambiar. ¿O es que acaso se nos olvida que sólo en la última década la Constitución dominicana fue modificada tres veces?

 

 

3. Si vamos apelar al carácter sacrosanto de la Constitución cuando se trata del matrimonio igualitario, ¿por qué no hacerlo también cuando se trata del derecho a la igualdad ciudadana y a la no discriminación? ¿O es que el Artículo 39 de la misma Constitución es menos “imperativo” que el Art. 55,  o será acaso que el principio de igualdad ciudadana sólo aplica a las personas heterosexuales?

 

 

La misma Constitución que otorga al Sr. Lorenzo Merán el derecho a proclamar públicamente su oposición a los derechos civiles de las personas LGBT (y a las iglesias a condenarlas al fuego eterno del infierno, domingo tras domingo, desde mil púlpitos), esa misma Constitución también establece las garantías de igualdad ciudadana y no discriminación. Y como cualquier estudiante de primer año de abogacía puede explicar, la exclusión explícita de algunos ciudadanos del disfrute de los derechos establecidos en el Artículo 55 constituye una violación flagrante del principio de igualdad establecido en el Artículo 39 –un detalle que aparentemente escapó a la atención de los legisladores que aprobaron la Constitución del 2010 (los mismos que también equipararon el derecho a la vida del cigoto con el de la mujer en el Art. 37).

 

 

4. La República Dominicana es una democracia. Contrario a Irán o Arabia Saudita, nuestro país no es una teocracia sino una democracia constitucional, moderna y laica (o al menos aspira a serlo). En tal virtud, la Constitución y las leyes no pueden imponer a toda la ciudadanía los preceptos religiosos de una parte de la ciudadanía, sino que legislan en función de principios laicos y universales, que no discriminan o excluyen a nadie en función de sus creencias o no creencias religiosas. Es lo que se conoce como Libertad de Conciencia y de Culto, un principio constitucional que hasta hace pocas décadas justamente tuvo en los cristianos no católicos (y en Eugenio Ma. de Hostos) a sus máximos defensores.

 

 

Ahora bien, si los sectores religiosos insisten en que las leyes de la nación se basen en preceptos religiosos, ¿por qué hacerlo de forma tan selectiva, eligiendo sólo algunos mandatos y no otros? Si vamos a basar nuestra legislación matrimonial en las normas religiosas de un pueblo de la Edad de Bronce, al menos seamos consistentes, como las saudíes, y apliquemos la ley mosaica en su totalidad. (Empecemos por restituir la esclavitud y la poligamia; por apedrear en la plaza pública a todos los adúlteros, hombres y mujeres; por condenar a muerte a todo el que se masturbe o practique el coitus interruptus; y por prohibir el consumo de camarones y de carne de cerdo).

 

 

5. El matrimonio igualitario contraviene “la fisonomía social establecida desde hace cientos de años en la humanidad”. Absolutamente falso. El modelo “ideal” de familia que defienden los conservadores –es decir, la familia nuclear heterosexual- no solamente que es minoritaria en nuestro país, sino que además es una creación social relativamente reciente, asociada a los procesos de urbanización e industrialización en el mundo occidental. A lo largo de la historia han sido mucho más comunes las familias extensas multigeneracionales y las familias ampliadas de carácter poligámico.

 

 

En efecto, la literatura antropológica establece sin lugar a dudas que el modelo predominante de matrimonio a lo largo de la historia ha sido el poligámico, algo que también encontramos en nuestra propia tradición religiosa -como bien sabe todo el que ha leído el Antiguo Testamento en su totalidad y no sólo los tres o cuatro versículos referidos a la sodomía que los conservadores religiosos repiten ad nauseam.

 

 

6. Los movimientos que promueven el matrimonio igualitario son patrocinados económicamente por entidades foráneas que promueven sus propias agendas. Este es un argumento ampliamente utilizado por los sectores conservadores de nuestro país, sobre todo por los que se quieren cubrir con el manto del nacionalismo y/o de los valores tradicionales. Es cierto que algunas organizaciones LGTB reciben fondos de la cooperación internacional, como también es cierto que, como país subdesarrollado que somos, la gran mayoría de nuestras organizaciones sin fines de lucro pueden procurar y recibir este tipo de ayuda -desde los clubes rotarios hasta el Partido Reformista, desde los centros de investigación neoliberales hasta los discapacitados y los ambientalistas.

 

Nada de esto es nuevo ni exclusivo de las organizaciones LGBT. Ahora bien, visto que tantas entidades reciben fondos de la cooperación internacional, resulta cuestionable y francamente deshonesto que se pretenda satanizar a algunas por esta causa mientras se hacen de la vista gorda con las demás. Y la verdad es que a nadie les luce menos este discurso que a las iglesias evangélicas y pentecostales, que en nuestro país son íntegramente producto de la actividad proselitista financiada por organizaciones religiosas estadounidenses. Durante décadas esas iglesias estadounidenses han proporcionado misioneros, programas de formación, material impreso, programas de radio y TV, fondos para la construcción de templos y escuelas, y una lista infinita de donaciones y subsidios a sus contrapartes criollas, las mismas que ahora denuncian los fondos extranjeros –minúsculos en comparación- que reciben las organizaciones LGBT.

 

 

Exactamente lo mismo aplica en el caso de la Iglesia católica, a la que además le cabe la vergüenza de parasitar perpetua y secretamente del Estado dominicano, que en cumplimiento de lo establecido por el Concordato le concede desde hace décadas subsidios y exoneraciones multimillonarias a costa del erario público. Y hay que señalar que, por admisión propia, ese es justamente el estado de cosas al que aspiran la mayoría de iglesias no católicas, las cuales no piden la derogación del Concordato que las discrimina, sino el derecho a recibir ellas también un pedazo de tan apetecible pastel.

 

 

7. La importancia de la familia. Por último, estamos totalmente de acuerdo con el CODUE en cuanto a que “se debe cuidar la familia, ya que en ella se inicia el proceso de formación del individuo”. ¿Y qué mejor manera de cuidar a la familia que ofreciéndole a TODAS las parejas y a sus hijos los derechos y protecciones que otorga el reconocimiento estatal de sus uniones, evitando así que sean violentadas, discriminadas e invisibilizadas?

 

Con esto llegamos, por último, a la pregunta del millón, la que los adversarios de las uniones civiles y el matrimonio igualitario procuran evitar a toda costa: ¿Cómo exactamente es que el matrimonio o las uniones civiles entre personas del mismo sexo debilitarían la institución matrimonial? ¿Aumentando la tasa de divorcios, que desde hace años ronda el 50% de todos los matrimonios heterosexuales en el país? ¿Empeorando el grave problema de la irresponsabilidad y el abandono paternos, que mantiene a tantos hogares monoparentales sumidos en la pobreza? ¿Incrementando los índices de violencia de pareja, que según las estadísticas de la Procuraduría constituye el delito más denunciado en el país (aún cuando se estima que sólo uno de cada cuatro o cinco casos llega a serlo)?

 

La Colectiva Mujer y Salud entiende que es hora de dejar de lado los argumentos espurios y empezar a discutir en función de los derechos ciudadanos y el bien común, que son los criterios que aplican en los debates públicos de las democracias no confesionales. Los evangélicos, como cualquier iglesia, pueden hacer uso de la libertad de cultos para imponerle a sus feligreses sus preceptos religiosos con relación al matrimonio. Lo que no deben hacer es tratar de imponer a toda la ciudadanía una norma religiosa discriminatoria, que vulnera derechos que en una democracia deben corresponder a todos y a todas por igual.

 

 

 

Colectiva Mujer y Salud

 

24 de abril 2014

 

 

 

La modificación al Código Civil, representa una trascendente oportunidad para traducir los postulados de igualdad

La Colectiva Mujer y Salud expresa satisfacción por la realización de esta Vista Pública sobre el Código Civil, por ser un ejercicio que robustece la democracia.

Señoras y señores senadores, la modificación al Código Civil, representa una trascendente oportunidad para traducir los postulados de igualdad, no discriminación, dignidad humana,  de respeto a  la libertad,  a la integridad personal al y  libre desarrollo de la personalidad a la realidad jurídica dominicana.

Esperamos que este Código  responda  al  mandato del Artículo 8. De nuestro texto constitucional, que reconoce como función esencial del Estado, “la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas”

Tenemos observaciones en todas las sesiones  del Código, pero por razones de tiempo nos vamos a centrar en unos cuantos  temas fundamentales:

El Artículo 43.- de la propuesta de Código establece “La Junta Central Electoral podrá suspender la expedición de cualquier acta del estado civil que este viciada o no haya sido instrumentada de acuerdo a los procedimientos establecidos por la  ley. Toda alteración o falsificación en las actas del estado civil, así como del asiento que de ellas se haga en hojas sueltas o de cualquier modo que no sea en los registros destinados a ese fin, dan lugar a reclamar los daños y perjuicios que procedan, además de las sanciones establecidas en el código penal”

Proponemos eliminar o modificar dicho artículo por no ser competencia de la Junta Central Electoral las atribuciones indicadas en el mismo.

El Artículo 59 señala.- Los nombres que se le otorguen a una persona no podrán atentar contra la dignidad, ni crear confusión en cuanto al sexo de la persona. En Recomendamos  eliminar la segunda parte de este Artículo cuando dice “ni crear confusión en cuanto al sexo de la persona”.

El Artículo 60 indica .- “Las declaraciones de actos del estado civil que hayan sido instrumentadas utilizando pruebas falsas, que puedan distorsionar la filiación, nacionalidad u otro atributo de la personalidad jurídica, podrán ser canceladas administrativamente por la Junta Central Electoral y sometidos los responsables de tales hechos ante los tribunales ordinarios por falsedad en escritura pública.

La acción de cancelación podrá ser presentada en cualquier tiempo, a partir de la fecha de instrumentación del acta viciada”

Proponemos Eliminar dicho  Artículo, por las mismas razones que señalamos en el Artículo 43,  en orden a que sobrepasa la competencia y extralimita la  competencia de la JCE.

Modificar el artículo 208 para que diga “Los cónyuges aseguran juntos la dirección moral y material de la familia, proporcionan la educación de los hijos y prepararán su porvenir y serán igualmente responsables de las tareas domésticas y de cuidado.

En el artículo 233, incluir entre  las causas determinadas de divorcio,  la violencia física, sexual, verbal  y psicológica,  ejercida por uno de los cónyuges.

Sobre la Unión marital de Hecho

Señores Senadores; La República Dominicana ya tiene antecedentes en jurisprudencias del reconocimiento de las relaciones de hecho, de convivencia o de uniones civiles, como figura distinta del matrimonio.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, en una sentencia dictada el 17 de octubre de 2001 establece ”Considerando que las uniones no matrimoniales, uniones consensuales, libres o de hecho, constituyen en nuestro tiempo y realidad nacional una manifestación innegable de las posibilidades de constitución de un grupo familiar, y las mismas reúnen un potencial con trascendencia jurídica; que si bien el matrimonio y la convivencia extramatrimonial no son a todos los efectos realidades equivalentes, de ello no se puede deducir que siempre procede la exclusión de amparo legal de quienes convivan establemente en unión de hecho, porque esto sería incompatible con la igualdad jurídica y la prohibición de todo discrimen que la Constitución de la República garantiza;

Además, atendiendo al fundamento de igualdad, no discriminación y libre desarrollo de la personalidad, es que solicitamos que en la modificación al Código Civil, en lo que respecta a las uniones de hecho, se legisle sobre la base de la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, en ese orden proponemos

Proponemos modificar el artículo 257, que dice: .- Se denomina unión marital de hecho a la formada por un hombre y una mujer, aptos para contraer matrimonio, sostenida en condiciones de singularidad, estabilidad y notoriedad pública

Por la redacción siguiente: Se denomina unión de hecho a la formada por dos personas, independiente de su sexo, identidad de género, u orientación sexual, sostenida durante un mínimo de dos años en condiciones de singularidad, estabilidad y notoriedad pública.

Proponemos, establecer como causal de anulación de una relación de hecho la violencia  violencia física, verbal, sexual y psicológica.

Igualmente proponemos eliminar el artículo 287 sobre el período legal de la concepción.

Agradecemos la atención que puedan prestar a nuestras recomendaciones.

El lenguaje es una construcción social de un profundo contenido político - Vistas Públicas Código Civil

Senadores me uno a los reconocimientos por la realización de esta Vista Pública.

Es inundable que este proyecto de Código Civil representa un importante paso de avance en la armonización de la legislación dominicana a la Constitución y con  los compromisos del Estado Dominicano en materia de derechos humanos y en los requerimientos de una sociedad que avanza a la modernidad.

Tengo un comentario de carácter general y varias recomendaciones específicas. Mi comentario general tiene que ver con la estructura del lenguaje. El lenguaje es una construcción social de un profundo contenido político.

El lenguaje es el reflejo del pensamiento, es el vehículo para proyectar la visión  que tenemos de la sociedad, las personas y las cosas,  es un medio para reproducir la cultura y un reflejo de las desigualdades de poder.

En sentido, queremos llamar la atención del lenguaje altamente sexista y androcéntrico presente en  el texto completo del Código, el cual viola los principios de igualdad y no discriminación que cobijan nuestra Constitución

La estructura del lenguaje del Código es altamente discriminatorio, excluyente, oculta y  subordina a las mujeres. En consecuencia proponemos una revisión completa del mismo con miras a construir un lenguaje inclusivo, igualitario, no sexista y no discriminatorio.    

Nos mostramos contrarias a incluir pies de páginas que digan que cuando hablan de los hombres nos debemos sentir interpretadas las mujeres, ese tipo de cláusulas lo que hacen es exacerbar la exclusión y el sexismo.

En materia específica proponemos:

 1.     Incluir un considerando sobre igualdad y no discriminación. Además de tomar en consideración entre los vistos a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres.

2.     Proponemos modificar el artículo para incluir la donación de órganos.

3.     Eliminar el artículo 19

Modificar el artículo 20,  que dice “No se podrá divulgar ninguna información que permita identificar al que dona un elemento o producto de su cuerpo ni al que lo recibe.

El donante no puede conocer la identidad del beneficiario de la donación ni este último la del donante” en el sentido de que hay circunstancias en que un donante y las personas receptora si pueden conocer  su identidad.

4.     Modificar el artículo 298 sobre los apellidos, ya que resulta discriminatorio para las mujeres, el mismo dice “El hijo adquiere el apellido de aquel de sus padres respecto del cual su filiación ha sido establecida en primer lugar y el apellido de su padre seguido del de su madre si su filiación ha sido establecida simultáneamente con relación a uno y a otro”.

5.     Modificar el artículo 257 sobre uniones de hecho, para asegurar que no se discrimine por orientación sexual e identidad de género. Una redacción podría ser “.- Se denomina unión de hecho a la formada por dos personas, con duración mínima de dos años, sostenida en condiciones de singularidad, estabilidad y notoriedad pública

Esperamos que nuestras recomendaciones sean tomadas en consideración, muchas gracias.

No discriminación por orientación sexual e identidad de género - Vistas Públicas Código Civil

 

Señores senadores, también me uno al reconocimiento de la importancia de la celebración de esta vista pública.  Voy hablar aquí en mi condición de ciudadana dominicana, activista del movimiento feminista y del movimiento LGBT y como parte del Observatorio de Ciudadanía Activa de las Mujeres

 

Señores senadores, siento mucha satisfacción de tener una Constitución que reconoce como fundamento la igualdad y la no discriminación, por lo que espero que esas prerrogativas se vean reflejadas en el nuevo Código Civil.

 

Como dispongo de poco tiempo solo me voy a referir a  un tema: la No discriminación por orientación sexual e identidad de género.

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Declaración ante CPD 47 “Mi cuerpo, mi territorio”

En 1994 representantes del 179 estados parte de las Naciones Unidas se dieron cita en El Cairo y reconocieron las intersecciones ineludibles que existen entre los derechos humanos, los asuntos de población y el desarrollo, y aprobaron una agenda cuyos contenidos ponían a los gobiernos del mundo en el más alto nivel de cumplimiento con las expectativas de las mujeres y jóvenes.

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