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Una reflexión de la Colectiva Mujer y Salud en torno al recurso de amparo contra PROFAMILIA

La Colectiva Mujer y Salud expresa su apoyo irrestricto a la campaña por los derechos sexuales y los derechos reproductivos que ha venido desarrollando PROFAMILIA y que acaba de ser blanco de un recurso de amparo que, más que una simple medida judicial, evoca persecuciones inquisitoriales propias de épocas ya superadas. Con esta iniciativa la Iglesia católica nueva vez se coloca al margen de la racionalidad científica, de los derechos humanos y del respeto a los principios constitucionales de libertad de expresión, de pensamiento, de conciencia y de cultos.

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Una muestra de debilidad

El sometimiento judicial a PROFAMILIA muestra la erosión del poder e influencia de la Iglesia en la sociedad dominicana

Por Denise Paiewonsky, Colectiva Mujer y Salud – 10 de mayo del 2013

 

Desde cualquier ángulo que se la vea, la decisión de la Iglesia católica de someter un recurso de amparo contra PROFAMILIA por su campaña a favor de los derechos sexuales y reproductivos luce como una muestra de debilidad, además de un error táctico. Ambas cosas son producto de la incapacidad que evidencia la Iglesia –tanto la universal como la dominicana- de entender e interpretar correctamente el contexto político, social y tecnológico actual, lo que la lleva a un accionar torpe que erosiona su influencia, su prestigio y su poder a un ritmo inimaginable hace apenas algunas décadas. El problema de fondo parece ser justamente la sobreestimación de su poder e influencia por parte de la jerarquía, que le impide reconocer hasta qué punto la Iglesia se ha debilitado en el mundo actual, aún en los países católicos.

 

Consideremos, en primer lugar, ¿cuándo en la historia dominicana la Iglesia ha tenido que recurrir a tribunales para imponer su autoridad –o, mejor dicho, para reclamar que los tribunales impongan una autoridad eclesial que ella por sí misma ya no es capaz de imponer? Hasta hace algunas décadas, en países como el nuestro era impensable que una institución, ya fuera estatal o privada, promoviera abiertamente posiciones contrarias a la ortodoxia católica. El control social e ideológico de la Iglesia era tan completo –y la cultura democrática tan débil- que el espacio público simplemente no daba acceso a las disidencias, las cuales debían, en el mejor de los casos, canalizarse hacia los márgenes del mundillo intelectual o de las izquierdas semi-clandestinas.

 

Con las aperturas democráticas y el auge de los movimientos sociales de fines del siglo XX, las posiciones disidentes empiezan a demandar acceso a los espacios públicos, a los medios de comunicación, al mundo académico, etc., y la situación empieza a cambiar. Pero todavía durante algún tiempo la Iglesia dominicana pudo contar con que las élites de poder -sobre todo las que controlaban los partidos políticos y los medios de comunicación- se aplicaran la autocensura, primero en aras de “la moral pública”, y luego por temor a sufrir represalias eclesiásticas. Esta era la época en que la Comisión de Espectáculos Públicos rutinariamente prohibía la exhibición de películas consideradas ofensivas a la Iglesia, en que ninguna organización ‘seria’ ni persona prestante se atrevía a hablar públicamente de aborto terapéutico, en que los escándalos sexuales o financieros de la iglesia ni se mencionaban en los periódicos, etc. Ya en su ocaso, esta también fue la época de la timidez mediática en el manejo del caso del orfanato de San Rafael del Yuma (2005) y del chantaje político a los congresistas en el caso del Art. 30 (2009).

 

Pero para entonces en el país ya estaba explotando el uso de las nuevas tecnologías, y con la banda ancha, el celular y tuiter se le empezó a mover peligrosamente el piso a la Iglesia –tal como le pasó a todos los regímenes autoritarios, excepto que, a diferencia de Cuba o de China, la Iglesia no podía controlar los contenidos del internet o el acceso a las nuevas tecnologías. Y lo peor para la Iglesia es que la revolución tecnológica –y los cambios en las formas de hacer política que ésta trae consigo- ocurre tras varias décadas de empoderamiento progresivo de los movimientos sociales por los derechos de las mujeres, de la diversidad sexual, de niños y jóvenes, y de otros sectores tradicionalmente excluidos del ejercicio de derechos en los patriarcados autoritarios que la Iglesia durante tantos siglos fomentó y apoyó. Pero ya para entonces Juan Pablo II había consolidado la restauración pre-conciliar, como dice Hans Kung, y la Iglesia estaba en manos de octogenarios con visión decimonónica, lo que la dejaba ciega a las realidades del mundo contemporáneo e incapaz de adecuar sus estrategias –no digamos ya sus dogmas- a las nuevas circunstancias históricas y tecnológicas del siglo XXI.

 

Es esta incapacidad de entender el contexto histórico actual, aferrándose por el contrario a su tradicional modelo de dominación monárquico-absolutista[1], lo que explica la increíble sucesión de errores cometidos por las altas jerarquías eclesiásticas en los últimos años, como demuestra el reciente enfrentamiento de los obispos con las monjas estadounidenses, una metida de pata de proporciones cósmicas que ha mermado los niveles de estima y respeto de la feligresía de ese país hacia sus autoridades eclesiásticas a niveles hasta hace poco impensables.

 

Pero por supuesto que los errores que más le han costado a la Iglesia en las últimas décadas son los relativos a su manejo de los escándalos de pedofilia, que han hecho añicos su autoridad moral y provocado una estampida de feligreses y de vocaciones a nivel mundial, pero sobre todo en los países con mayor desarrollo democrático, donde los tribunales y los medios de comunicación han podido ventilar con más libertad estos casos. La testarudez, por no decir arrogancia, con que las máximas autoridades de la Iglesia perseveraron durante años en el encubrimiento de los pedófilos, su culpabilización cobarde de la homosexualidad como causa última del problema, los intentos por minimizar la magnitud de los crímenes cometidos por clérigos y su impacto en las víctimas, junto a otras tácticas evasivas, nos pintan de cuerpo entero a una Iglesia que se sigue creyendo por encima de toda autoridad terrenal, como en la época en que los papas insistían en coronar a los emperadores y se creían impunes por derecho divino. Por eso les tomó tanto tiempo entender que no podían seguir manejando los escándalos de pedofilia y las finanzas del Banco Ambrosiano como si todavía gobernara Carlomagno y no estuviéramos en la época de los Vatileaks. Y por eso las medidas tardíamente adoptadas en ambos casos tienen un tufo tan grande a paño tibio[2].

 

La aparente decisión de la Iglesia de dar por perdida a Europa y a (la feligresía no hispana de) los EEUU, concentrando sus esfuerzos políticos y evangelizadores en América Latina y África, resulta una estrategia riesgosa que solo hace sentido si, como el avestruz, la Iglesia se rehúsa a entender que muchos de los procesos políticos y tecnológicos que llevaron a su progresivo derrumbe en los países desarrollados van a ser replicados en los próximos años en países como México, Brasil y Nigeria. Y, podríamos agregar, como República Dominicana, donde cada vez hay más indicaciones de que el Concordato ya no pone donde antes ponía y donde más temprano que tarde tendrán que desaparecer las Altas Cortes capaces de dictaminar que la continuada vigencia de ese adefesio jurídico no viola la garantía constitucional de igualdad ciudadana, como hizo la Suprema en el 2008.[3] ¿O es que nadie reparó en el hecho de que en la Encuesta Gallup-Hoy del pasado mes de abril la Iglesia católica quedó por primera vez relegada al tercer lugar entre las instituciones más valoradas por la ciudadanía, detrás de los medios de comunicación y ¡de las iglesias evangélicas![4]

 

A la luz del análisis anterior, la decisión de la Iglesia de someter judicialmente a PROFAMILIA se evidencia como un error táctico cuyo impacto en la opinión pública podría resultarle tan costoso como el ocultamiento sistemático de los hechos de San Rafael del Yuma (incluyendo el misterioso fuego de la cárcel de Higuey, con sus 134 muertos), como la lucha eclesiástica a favor del Art. 30 y la posterior muerte de Esperancita, o como la recién divulgada adulación cardenalicia de tutumpotes que golpean a sus esposas. En efecto, el caso de Frank Jorge Elías es un ejemplo paradigmático de cómo las nuevas tecnologías de la comunicación les están cambiando las reglas de juego a la Iglesia. La ostentosa ceremonia de renovación de votos en la Catedral y las lisonjas del Cardenal han sido práctica rutinaria en la Iglesia, siempre tan apegada al poder político y económico. El hecho de que ahora el video de la ceremonia pudiera circular a la velocidad del rayo por el ciberespacio dominicano minutos después de que se conociera la denuncia de Sandra Kurdas dejó en posición muy comprometida al Cardenal y a su Iglesia.[5]

 

Aunque la evaluación de los méritos jurídicos del recurso de amparo debe ser hecha por juristas, en lo que ésta llega no está de más señalar que los argumentos de la Iglesia lucen insostenibles, rayando en lo absurdo (violación del derecho de autoridad paterna, del derecho a la vida, a la no injerencia en el hogar, uso inapropiado de la imagen de menores). También la selección de juristas encargados de llevar el caso parece improvisada, visto que una simple búsqueda de Google revela que Edwin Grandell Capellán, el abogado que representará a la Conferencia del Episcopado Dominicano, fue inhabilitado por el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) en el 2010 por violación del Código de Ética de ese gremio.[6]

El momento elegido por la Iglesia para someter el recurso de amparo también resulta cuestionable, y no solo porque la autoridad moral de la Iglesia católica está pasando por uno de los peores períodos de su historia, sino porque: 1) la campaña mediática de PROFAMILIA se inició el 6 de febrero, o sea que la Iglesia esperó tres meses para actuar, permitiendo que las cuñas se divulgaran sin ninguna interferencia durante ese tiempo; 2) la duración de la campaña estaba en efecto pautada para tres meses, o sea que el sometimiento de la Iglesia tuvo lugar tres días después de que ésta finalizara! Esto significa que la acción de la Iglesia asegura la vigencia continuada de una campaña que ya concluía, exactamente el efecto contrario al deseado. También hay que suponer que, visto el intento de censura eclesial, es muy posible que las agencias de cooperación que originalmente financiaron la campaña (y hasta algunas otras) se sientan motivadas a patrocinar una segunda etapa o una prolongación de la misma.

En conclusión, que además de reflejar una merma de su hegemonía ideológica y de su poder político, que la obliga a recurrir a tribunales para obtener lo que antes no tenía ni que reclamar, la Iglesia está cometiendo torpezas dignas de un amateur, no de un actor político de su veteranía. La Iglesia no acaba de entender que las actitudes de la sociedad dominicana hacia el aborto terapéutico, el acoso sexual, la educación sexual científica en las escuelas, la anticoncepción, el embarazo adolescente, etc. se alejan cada vez más de la ortodoxia eclesial. Esta demanda judicial, en lugar de apuntalar su rol de árbitro moral de la sociedad dominicana, muestra a una Iglesia cada vez más de espaldas a la sociedad, que se encamina inexorablemente hacia la irrelevancia.

 


[1] La referencia es de nuevo a Kung, cuyo libro más reciente acaba de ser traducido al español. Ver la reseña del mismo publicada en Epistheme, 25 de abril, 2013. http://epistheme-tonydemoya.blogspot.com/2013/04/noticias-del-frente-patrimonial-072.html, de donde proceden las dos citas que siguen. Según Kung, “Este sistema de dominación se caracteriza por el monopolio del poder y la verdad, por el juridicismo, el clericalismo, la aversión a la sexualidad y la misoginia, así como por el empleo espiritual-antiespiritual de la violencia”.

[2] “…el sistema de encubrimiento de delitos sexuales de clérigos vigente durante años en el mundo entero estuvo dirigido por la romana Congregación para la Doctrina de la Fe, que el cardenal Joseph Ratzinger presidió entre 1981 y 2005 y que ya en tiempos de Juan Pablo II se hacía cargo bajo máximo secreto de este tipo de casos. Todavía el 18 de mayo de 2001 envió Ratzinger a todos los obispos una carta formal sobre delitos graves (Epistula de delictis gravioribus). En ella, los casos de abusos se ponen bajo secretum pontificum, cuya violación puede acarrear severas penas eclesiásticas. Esta circular no ha sido retirada hasta la fecha”. (Énfasis mío en la última frase).

 

[3] No hay que pasar por alto que la misma Corte que dictó el fallo a favor del Concordato en octubre del 2008 fue la que dos meses más tarde emitió la igualmente vergonzosa sentencia en el caso de la Sun Land. Las dos sentencias pueden ser consultadas en: http://www.suprema.gov.do/sentscj/sentencia.asp?B1=VR&llave=117510006 (Concordato) http://www.suprema.gov.do/sentscj/sentencia.asp?B1=VR&llave=117710012 (Sun Land).

[4] Los porcentajes respectivos son: la prensa 71%, las iglesias evangélicas 66.2%, y la Iglesia Católica 63%. Ver http://www.hoy.com.do/el-pais/2013/4/23/477262/La-prensa-y-las-iglesiasmejor-valorados-por-la-gente

[5] La ‘majestuosa’ ceremonia puede ser vista en http://www.youtube.com/watch?v=lZfmEZrj0lQ

[6] Ver la noticia del 28 de enero del 2010 en http://www.hoy.com.do/el-pais/2010/1/28/311692/print

No hay desarrollo posible sin derechos humanos. Declaración Mujeres y Jóvenes. Jalisco

Consulta Regional Post2015.

Jalisco 2013

 

Por que el futuro que queremos debemos construirlo cada día las mujeres y jóvenes expresamos nuestra profunda preocupación ante esta nueva crisis global del sistema capitalista que continúa explotando los bienes comunes, privatizando los recursos naturales y mercantilizando el acceso a los derechos.  Esta crisis es civilizatoria. Abarca elementos económicos y financieros, pero también políticos, ambientales, culturales y sociales. Conlleva destrucción de la biodiversidad y de los recursos naturales, al tiempo que permite la consolidación de nuevas formas del patriarcado que incentivan y sostienen la criminalización de los conflictos sociales.

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Seminario sobre la Convención Belem Do Pará

El Programa Ciudadanía Activa de las Mujeres dando seguimiento a la capacitación para la Observación Ciudadana tiene el placer de invitarte al Seminario sobre la Convención Belem Do Pará. Este seminario esta dirigido a mujerse líderes y defensoras de los Derechos Humanos con el fin de conocer y evaluar el nivel de cumplimiento por parte del Estado Dominicano de las recomendaciones sobre la Convención.

Agradecemos confirmar su participación enviando un correo a: ciudadaniaactivadelasmujerEsta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o llamando al 809 682 3128

Consulta Post 2015

La Consulta regional virtual sobre igualdad de género en América Latina y el Caribe: La igualdad de género en el futuro que queremos, la cual estamos organizando como parte del plan de trabajo del Grupo Interagencial de Género para este año dentro del marco de actividades relacionadas con la construcción de la Agenda de Desarrollo post 2015.

La consulta tendrá lugar en la plataforma World We Want http://www.worldwewant2015.org/ y estará disponible a partir del 8 de abril de 2013.

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Lesbianas y gays inician campaña en el país por el matrimonio igualitario

Con la consigna “La hora de salir del closet”, el Programa Ciudadanía Activa de las Mujeres inició este miércoles una campaña por el matrimonio igualitario y por la eliminación de cualquier discriminación contra las personas basada en la orientación sexual e identidad de género.

En la introducción del boletín “Ciudadanas”, que sirve para poner en escena la campaña, el programa recuerda que el Estado ha asumido el compromiso de eliminar la discriminación por la orientación sexual, “sin que hasta la fecha haya dado muestra alguna de honrar dicho compromiso”.

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La hora de salir del Closet

Las activistas lesbianas y gays sabemos desde hace mucho tiempo lo dañino que es el closet, tanto en términos personales como políticos. Más que el espacio seguro donde podemos vivir discretamente, protegidos del desprecio, la discriminación y las agresiones homofóbicas, reconocemos el closet como la prisión en que la sociedad nos exige auto-encerrarnos como condición para permitirnos sobrevivir en el limbo existencial del “Don’t ask, don’t tell” (Tú no preguntas, yo no digo). Es una forma de “tolerancia” que nos obliga a ser nuestros propios carceleros, a vivir el amor y la relación de pareja entre miedos y sombras, como algo vergonzoso que no debe ser mencionado, mucho menos celebrado.

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Besatón 2013

El Besatón es un intercambio lúdico-político en el que te invitamos a demandar a través de besos el ejercicio libre de la sexualidad y del respeto al derecho a una vida libre de violencia. BESATON ¡UN BESO QUE CUESTIONA!

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Reporte Feminicidios 2012

A pesar de que hubo una ligera reducción en la ocurrencia feminicidios en el año 2012 en relación al 2011, se requiere redoblar los esfuerzos  pues seguimos con cifras inaceptables de violencia contra las mujeres y las niñas.  Si realmente se quiere enfrentar la violencia es necesario incrementar el presupuesto asignado, aumentar la cobertura y la calidad de los servicios, reducir los niveles de impunidad y fortalecer el sistema de acceso a la justicia.

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Participación en la CSW57

La Colectiva Mujer y Salud participó en el  57º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) como parte de la Delegación Oficial de la República Dominicana, el mismo se desarrolló en  la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, del  4 al  15 de Marzo del año en curso. Tuvo como tema principal la eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en base a dos líneas claves: la prevención de la violencia y la prestación de servicios de asistencia/respuestas a las sobrevivientes de la violencia.

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Por que se debe despenalizar la interrupción del embarazo por causales

 

 

El mandato de nuestros legisladores y legisladoras no proviene de autoridades religiosas sino de la ciudadanía que les eligió. Confiamos en que, fieles al espíritu democrático, no dejarán pasar por alto esta oportunidad de demostrar al electorado que no se equivocó al depositar su voto y su confianza en ellos y ellas.

Llamado de la Colectiva Mujer y Salud a la clase política dominicana a propósito de la reforma del Código Penal

 

La reforma del Código Penal actualmente en curso ofrece al Congreso Dominicano la oportunidad de enmendar una de las disposiciones más injustas y vergonzantes de nuestro ordenamiento legal. Nos referimos a la prohibición del aborto sin excepciones, que impone la maternidad forzada a mujeres y niñas víctimas de violación o cuyos embarazos ponen en peligro su salud. En este aspecto nuestro país presenta décadas de atraso en relación al resto de la comunidad internacional, siendo uno de apenas 6 países que mantienen la prohibición absoluta.

Desde hace ya algunos años las encuestas de opinión vienen confirmando que la mayoría del electorado dominicano está a favor de la despenalización parcial o por causales. La más reciente confirmación la ofrece la encuesta Barómetro de las Américas 2012, cuyos resultados indican que:

· El 61.2% de la población dominicana está favor de que se despenalice la interrupción del embarazo cuando peligra la salud de la mujer.

· Esta opinión es compartida en términos muy similares por hombres (60.4%) y por mujeres (62.1%).

· El porcentaje a favor se incrementa de acuerdo al nivel educativo, oscilando entre el 49% de las personas sin ningún nivel y el 73% de las personas con educación superior.

· Quizás el dato más revelador de la encuesta sea el referido a la relación entre actitud hacia la despenalización y grado de religiosidad, observándose claras mayorías a favor de la despenalización en todos los grupos, incluyendo aquellos para quienes “la religión es muy importante”, donde el 57.4% se declara a favor.

Entendemos que los legisladores y legisladoras no pueden seguir ignorando la opinión de sus electores, evidenciada no solo en las encuestas sino también en las elecciones del 2010. Recordemos que en esa ocasión la mayoría de las y los legisladores que habían votado en contra del Art. 30 (actual 37) de la Constitución fueron reelectos a pesar del descrédito y de las amenazas lanzadas desde los púlpitos.

La actual reforma del Código Penal permite a nuestros legisladores y legisladoras enmendar una disposición que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ha declarado como una forma de tortura y una violación a los derechos humanos de las mujeres. Tienen la oportunidad de demostrar sus convicciones democráticas cumpliendo la voluntad de quienes les eligieron y de evidenciar su respeto por los derechos humanos poniendo fin a una política cruel y barbárica que obliga a mujeres y niñas a parir en contra de su voluntad, aún a expensas de su salud y hasta de sus vidas.

En pleno siglo XXI no podemos seguir viviendo en una teocracia legislativa que impone a toda la ciudadanía la obligación de cumplir preceptos religiosos que no solo chocan con las más elementales normas democráticas, sino que además son rechazadas por la mayoría del electorado y hasta de los mismos creyentes.

El mandato de nuestros legisladores y legisladoras no proviene de autoridades religiosas sino de la ciudadanía que les eligió. Confiamos en que, fieles al espíritu democrático, no dejarán pasar por alto esta oportunidad de demostrar al electorado que no se equivocó al depositar su voto y su confianza en ellos y ellas.

Colectiva Mujer y Salud

15 de marzo del 2013

Llamado a la autoridades a asumir la mortalidad materna como una prioridad nacional.

La Colectiva Mujer y Salud, a través del Observatorio Ciudadanía Activa de las Mujeres quiere llamar la atención de las autoridades sobre la respuesta para reducir la mortalidad materna.

La tasa de mortalidad materna es una medida de las condiciones de salud de las mujeres, del desarrollo social y económica y del ejercicio de los derechos humanos. En ese orden, el país tiene el compromiso mediante los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Estrategia Nacional de Desarrollo de reducir para el 2015 la mortalidad materna a 47 sobre 1000,000 nacidos vivos.

Esa meta fue ratificada por las nuevas autoridades, sin embargo, la lentitud del ritmo en la reducción de la misma, indica que no será posible alcanzar dicha meta sino se revoluciona el sistema de salud y se pone en marcha una respuesta nacional que vaya más allá de los discursos, las poses y lamentaciones. Se requiere un gran pacto social con respuesta de alto impacto articulado con las políticas nacionales de desarrollo.

En el 2012 hubo 175 muertes maternas, dos muertes más en el 2011. La mayoría de estas muertes son evitables. La edad las víctimas es un factor que agrega gravedad a la situación, el 65.71% ocurrió en mujeres menores de 29 años.

Hacemos un llamado a las autoridades para que asuman la mortalidad materna como una prioridad nacional, que pasa entre otras cosas por:

  • Vincular la reducción de la mortalidad materna a las políticas sociales de desarrollo;

  • Mejorar la calidad de la atención;

  • Reducir la impunidad mediante la sanción efectiva al personal de salud que incurra en negligencia y violación de los protocolos y normas;

  • Despenalizar el aborto cuando corre peligro la vida y la salud de las mujeres y por violación;

  • Educación sexual en la escuelas, integral, científica, laica y de calidad;

  • Puesta en marcha de estrategias permanentes de prevención

  • El involucramiento de la sociedad civil y los actores comunitarios en las acciones de prevención y auditoría social de las muertes maternas.

Así nos encuentra el 8 de marzo a las dominicanas

 

En este ocho de marzo, la Colectiva Mujer y Salud y el CIPAF reconocen los avances que hemos tenido las mujeres dominicanas fruto de la lucha tenaz y persistentes de muchas mujeres a través de la historia. Los mismos se expresan en la ampliación de derechos en el ámbito civil, político, social y económico.


Sin embargo, enfrentamos grandes desafíos para disfrutar de una ciudadanía plena, por lo que apoyamos las demandas que desde hace tiempo viene planteando el Foro Feminista en orden a:

Exigir un mayor compromiso de las autoridades dirigidos a disminuir las brechas en el empleo entre hombres y mujeres;

Impulsar políticas de construcción de viviendas y acceso a servicios básicos focalizados en mujeres pobres y mujeres jefas de hogar.

Tomar medidas para asegurar la conciliación entre las responsabilidades familiares y las obligaciones laborales por parte de las mujeres.

Poner en marcha el mandato constitucional de responsabilidad compartida del trabajo doméstico y el cuidado de los/as hijos/as entre hombres y mujeres.

Asignar los recursos necesarios en el presupuesto del Estado para la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas.

La aprobación y aplicación efectiva de la Ley de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres.

Fortalecer las medidas de prevención, vigilancia y castigo del abuso y la explotación sexual comercial de niños y niñas y del maltrato físico, abuso sexual y violencia de todo género contra niños, niñas y adolescentes.

Establecer medidas urgentes para reducir la tasa de mortalidad materna a los niveles establecidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo dentro de los 90 días de gestación, cuando sea el resultado de una violación sexual, ponga en peligro la salud y la vida de la mujer, o el embarazo sea resultado de una fecundación humana no consentida.

Garantizar la paridad de género en los espacios de poder y toma de decisión en consonancia con el artículo 39 de la Constitución, que establece el principio de igualdad entre hombres y mujeres y la obligación del Estado en promover la participación equilibrada de ambos en las instancias estatales.

Garantizar en la modificación al Código Civil Dominicano el matrimonio igualitario, libre de discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Garantizar la igualdad de trato y oportunidades en el empleo mediante la incorporación en el Código de Trabajo de las estipulaciones necesarias para la protección de la población homosexual, transexual y bisexual, evitando la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el ámbito laboral y estableciendo mecanismos de sanción a la discriminación.

Educación sexual en las escuelas, científica, laica y de calidad y eliminar el trato discriminatorio contra las adolescentes embarazadas en las escuelas, prohibiendo la separación de las adolescentes embarazadas del sistema educativo o su cambio obligatorio de tanda educativa.

Dotar la política pública nacional de promoción del uso de las tecnologías de información y comunicación de enfoque de igualdad de género como una estrategia para aumentar los niveles de competitividad de las mujeres en el mercado laboral en el ámbito de la información y el conocimiento.

Mejorar el acceso de la mujer dominicana a las TICs como medio para la superación de la brecha digital entre hombres y mujeres en el uso de las mismas.

Incorporar la perspectiva de género en el marco jurídico medio-ambiental nacional y en las políticas y planes medio-ambientales.

Incluir acciones dirigidas a erradicar la violencia contra la mujer migrante haitiana, especialmente las tratadas y traficadas, en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros contemplado en el Reglamento de Aplicación de la Ley de Migración, entre 2011 -2013.

Encaminar políticas dirigidas a garantizar a la población discapacitada, y a las mujeres en específico, servicios de salud especializados y medicamentos a bajo costo. Ofrecer servicios de atención y apoyo a mujeres discapacitadas que necesiten de cuidado a largo plazo.

Encaminar políticas dirigidas a la construcción de viviendas digna, adaptadas a las necesidades particulares de las personas con discapacidad, con énfasis en el acceso de las mujeres y jefas de hogar a las mismas.

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(809)527-0145