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Capacitación de Fiscales

 

En fechas 12 y 19 de enero y 09 y 16 de Febrero del año en curso, un grupo de 19 fiscales pertenecientes a distintas unidades de la Procuraduría de la Provincia Santo Domingo culminaron la jornadas de capacitación programadas para el Curso ‘’Fortaleciendo capacidades en el Ministerio Público para el Manejo de la Violencia Contra las Mujeres y Niñas Desde un Enfoque Integral y de Derechos Humanos’’; en el mismo la Colectiva Mujer y Salud, en conjunto con la Procuraduría de la Provincia Santo Domingo, La Escuela Nacional del Ministerio Público y la Procuraduría Adjunta de la Mujer, coordinaron para compartir conocimientos con los fiscales sobre Violencia contra las mujeres y niñas, Síndrome de la Mujer Maltratada, Escalada de violencia y otros temas concernientes; por otra parte se les capacitó acerca de los instrumentos internacionales que protegen los derechos de las mujeres, también sobre los Mecanismos internacionales de Protección de los Derechos Humanos, específicamente sobre el Sistema Interamericano y el Universal; se realizaron diversas prácticas como análisis de jurisprudencia internacional y otros ejercicios prácticos concernientes a la toma de denuncias, la ruta crítica y las medidas de protección urgentes para las victimas de violencia; también dedicamos una sesión al tema del manejo de agresores según sus características y comportamiento.

Realizar este primer curso es para las organizaciones que trabajaron en conjunto, una forma de aportar e incidir en el tema de violencia contra las mujeres y niñas, especialmente en la problemática de feminicidio, la cual tuvo una gran alza a finales del año pasado; fue para nosotros una gran alegría ver como los fiscales siempre estuvieron interesados y participativos durante todo el curso; es por esto que nuestro objetivo en lo adelante es capacitar todos los fiscales de la Provincia, para poder así contribuir a que las mujeres dominicanas víctimas de violencia; al accesar al sistema, buscando protección, accedan al mas alto nivel de justicia y sean puestas en manos de fiscales, sensibilizados e identificados con el problema de violencia, con lo cual obtendrán un trato no-revictimizante y adecuado según cada caso.

¿Por qué estamos a favor del Estado laico? He aquí algunas razones

 

1) Porque defendemos la libertad de conciencia y cultos (Art. 45 de la Constitución). Creemos que toda persona debe tener derecho a practicar libremente su religión, de acuerdo a sus propias creencias, pero que nadie puede ser obligado a cumplir preceptos religiosos que no comparte (como la maternidad forzada de niñas violadas, por ejemplo).

 

2) Porque entendemos que en las sociedades democráticas tenemos el derecho de elegir quiénes y cómo nos gobiernan. Si la mayoría de dominicanos(as) está a favor de la educación sexual de base científica, ¿por qué las escuelas dominicanas siguen sin impartirla? Si la mayoría de dominicanos(as) está a favor del aborto terapéutico[1], ¿por qué siguen ocurriendo casos como el de Esperancita?

 

3) Porque entendemos que el dinero de los contribuyentes debe ser administrado con total transparencia y el Estado debe rendirnos cuentas de cómo gasta hasta el último centavo. En la actualidad la ciudadanía desconoce cuánto de nuestro dinero se transfiere cada año a la Iglesia católica en virtud de lo establecido en el Concordato, mediante subsidios directos a escuelas y universidades privadas; construcción de iglesias, residencias de obispos, casas de retiro, seminarios y otras edificaciones religiosas; subvenciones mensuales a cada obispado y a muchas parroquias; restauración de obras de arte, monumentos y edificios regenteados por la Iglesia; salarios y pensiones de los capellanes militares, y muchos otros subsidios.

 

4) Porque entendemos que se viola el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas (Art. 39 de la Constitución) cuando se otorgan privilegios especiales a una iglesia y a sus fieles, como los establecidos por el Concordato, incluyendo: control sobre los contenidos de la educación pública; múltiples subsidios y subvenciones económicas; tratamiento especial para los funcionarios religiosos bajo arresto o condena judicial; exenciones impositivas y reconocimiento jurídico automático a todas las organizaciones e instituciones creadas por la Iglesia, etc.

 

5) Porque pensamos que la Iglesia no debe intervenir constantemente en asuntos políticos y vemos como un obstáculo al desarrollo institucional de la nación la designación de prelados católicos al frente de iniciativas políticas estatales, como la reforma constitucional o el Consejo Económico y Social. La mediación de jerarcas católicos para solucionar conflictos electorales, políticos, partidarios, laborales, salariales, etc., que deberían ser dirimidos de acuerdo a lo establecido por la Constitución y las leyes, evidencia al tiempo que perpetúa las debilidades institucionales de la democracia dominicana.

 

6) Porque somos personas patrióticas y nos revuelve la conciencia que la misma iglesia que excomulgó a Duarte y a los demás Padres de la Patria sea ahora la encargada de organizar las celebraciones estatales en su honor. Igualmente nos duele que, además de la media docena de feriados religiosos en el calendario oficial, el feriado legal del mes de junio siga siendo Corpus Christi y no el 14 de Junio, la tercera fecha patria más importante de la nación.

 

7) Porque compartimos el proyecto educativo de Eugenio María de Hostos, para quien el desarrollo de la nación se basa en la educación pública laica, científica y moderna, libre de censuras y de adoctrinamiento religioso.

 

Es tiempo ya de poner fin al maridaje histórico entre los políticos dominicanos y la Iglesia, que tantos beneficios ha reportado a unos y otros a lo largo de los años. A los políticos y a sus partidos porque la asociación con la religión les sirve para reforzar su cada vez más incierta legitimidad para gobernar; a la Iglesia porque a cambio de apuntalar al poder político reciben innumerables privilegios políticos y económicos, que la convierten en el principal poder de facto de la nación.

 

Las y los dominicanos queremos otro Estado, uno que promueva la institucionalidad, la transparencia y el bien común; y queremos otra Iglesia, una que se ocupe de asuntos espirituales y se mantenga al margen del poder político y económico. La separación Iglesia-Estado contribuye al desarrollo democrático del país y nos beneficia a todos.

 

Denise Paiewonsky

Ponencia presentada en el Acto de Protesta del 27 de febrero de 2013,

Organizada por el Foro por un Estado Laico “Eugenio María de Hostos”

 



[1] La encuesta Gallup-Hoy del 22 de julio del 2009 encontró el 80% a favor; Latinobarómetro 2012 encontró el 62% a favor.

Concordato versus democracia

Definido como un acuerdo, pacto o tratado entre la Iglesia Católica (La Santa Sede) y el gobierno de un Estado para regular las relaciones entre ellos, en materias de mutuo interés, el Concordato, existe en más de 40 países del mundo y crea un status jurídico sui generis a favor de la Iglesia Católica-Vaticano, a la que le otorga toda la libertad en el ejercicio de sus funciones, un convenio leonino que es una vergüenza a la ética de derecho universal.

En tiempos de tantas reformas legales, como los que vivimos, es importante conocer de la existencia de este convenio de alianza entre la Iglesia Católica y el Estado dominicano, desde 1954, realizado en el marco de una de las peores dictaduras de la época y de una de las también más cuestionadas gestiones del Vaticano.

Analistas del tema, concluyen sus reflexiones diciendo que solamente la perversidad de los sátrapas, que abundaban a la firma del adefesio y para la época, combinada con la de los representantes del Vaticano, no menos pérfidos, pudieron crear un documento tal que compromete, en nuestro caso al Estado dominicano, al sostenimiento económico y a toda otra ayuda que la Iglesia Católica-Vaticano necesite para el logro de los fines contractuales.

Se conoce de los impertinentes subsidios a los “negocios” de la Iglesia Católica y a su personal; las exoneraciones de pagos tributarios de todo orden; la estructura organizacional enquistada dentro del Estado dominicano con absoluta desfachatez; el vicariato castrense y sus salarios de lujo, solo por enunciar algunos que se ven; mientras nuestra Constitución mantiene la proclama de libertad de cultos como un derecho ciudadano.

La permanencia del Concordato, también impacta negativamente el desarrollo de una cultura política moderna y de instituciones democráticas, siendo impedimento también, de la gobernabilidad tan enunciada por la sociedad político partidista del país, sin que se mencione la necesidad de un Estado laico para respetar la ciudadanía de quienes no se alinean con la Iglesia Católica, cada vez en mayor porcentaje.

Es hora de que la clase gobernante aborde estos problemas con seriedad y de frente, y tenga en cuenta que la separación Iglesia-Estado además de constituir la garantía imprescindible para la libertad de creencia y cultos, es indispensable para el ordenamiento político de las democracias modernas.

¡Es hora de que el pueblo exija una revisión al Concordato!

 

Susi Pola

Ponencia presentada en el Acto de Protesta del 27 de febrero de 2013,

Organizada por el Foro por un Estado Laico “Eugenio María de Hostos”

La excomunión de Duarte por la Iglesia católica

Hoy a 200 años del natalicio de Juan Pablo Duarte y 169 de la independencia muchos dominicanos se preguntan ¿quién fue Juan Pablo Duarte?, esto se debe a que como dijera el historiador Vetilio Alfau ninguno de los altos próceres de América que en la lucha de la libertad se agigantaron, ha sido tan detractado y tan injustamente negado como Duarte lo fue en vida y en muerte”.

En vida nunca transigió con los enemigos de la patria y por ello fue desterrado y calumniado, así se convirtió en un desconocido para su pueblo y solo en 1881 se empiezan a publicar obras sobre el prócer. Es así como Duarte ha ido creciendo tímidamente en la memoria de los dominicanos. Desgraciadamente hay que reconocer que muchos de sus biógrafos, entre ellos Emiliano Tejera, Joaquín Balaguer y Pedro Troncoso Sánchez se alejaron de lo estrictamente histórico y tergiversaron los hechos mostrando a un Duarte distante de la realidad. Balaguer por ejemplo en el Cristo de la libertad habla de la “locura patriótica de Duarte”, dando a entender que el verdadero patriotismo es cosa de locos.

La celebración del bicentenario de Duarte es ocasión propicia para que la sociedad dominicana conozca al verdadero Duarte, al Duarte del nacionalismo radical que lo llevo a soñar, sentir y a contagiar a otros la idea de la independencia, sin que existiera en el asomo chovinista, ni prejuicio antihaitiano. Siempre sustentó el derecho de nuestro pueblo de ser independiente, pues creía firmemente que teníamos las condiciones para ello y con esta convicción le escribió a José María Serra “entre los dominicanos y los haitianos no es posible una fusión”.

El pueblo dominicano tiene que conocer como a lo largo de toda su vida los conceptos de patria y libertad fueron el norte de todo su accionar. Jiménez Grullón plantea que Duarte hizo suyo el concepto de Kohn entendiendo que la patria es superior a los reyes, y a los magistrados, comprende a todas las clases sociales a toda clase de gente, al rico y al pobre, tanto el grande como al famoso, como a la multitud desconocida, a los fieles de todas las religiones y sectas” y, a los hombres de todas las razas que en un suelo conviven[1]. Con ello, Duarte visualiza una nación de iguales.

La consolidación de la patria fue su máximo empeño, toda su vida demostró esa entrega. Ese sentimiento se revela claramente cuando dijo “por desesperada que sea la causa de mi patria, siempre será la causa del honor y siempre estaré dispuesto a honrar su enseña con mi sangre”, esto lo demostró con los hechos cuando transcurrido más de 20 años regresa al país para sumarse a la defensa de la patria que había perecido bajo la anexión a España.

La sociedad dominicana debe apropiarse de ese nacionalismo radical del Duarte, con fe en la nación, conocer al Duarte honrado que rindió cuenta y entregó el sobrante cuando dirigió las tropas, al Duarte opuesto al individualismo, al Duarte que nunca tuvo ni aceptó privilegios. El pueblo debe conocer al Duarte conspirador, el que integró y confió en las mujeres. También hay que conocer a las febreristas, las llamadas “comunicadas” que estuvieron conspirando y formaron parte importante de los Trinitarios, las que transportaban armas, elaboraban balas, las que fueron desterradas como Rosa Duarte o fusiladas como María Trinidad Sánchez.

En este bicentenario la sociedad dominicana debe conocer también al Duarte humano, al poeta, al músico al enamorado, al que cometió errores aceptando la proclamación de presidente en Santiago, e incluyendo en su proyecto de Constitucion la atrasada posición de que la "religión predominante deberá ser siempre la católica. Pero lo importante es conocer la esencia de su ideología revolucionaria para desmitificar al Duarte que promueven quienes le atribuyen ser el fundador del nacionalcatolicismo que hoy prevalece en República Dominicana.   Ocultan que Duarte fue masón y fue el blanco de la persecución religiosa y de excomunión mayor dirigida por Tomás de Portes e Infante, jefe supremo de la Iglesia Católica Romana de entonces.[i]

El proyecto de Constitución de Duarte revela un nacionalismo radical. En el presente sus ideas siguen siendo tan relevantes como lo fueron en 1844. En su conjunto plantea una nación de iguales, incluyente y democrática que en principio son asumidos por la Constitución vigente, pero el ejercicio de la política los niega.

El planteamiento del Padre de la Patria ha sido fuente de inspiración de todos los movimientos libertadores posteriores a la Primera República, desde la lucha por la Restauración, hasta el presente.

Su excomunión y exilio no lograron sepultar su indiscutible liderazgo como Padre de la Patria y Apóstol de nuestra libertad. Debemos asumir su error sobre la religión de la misma manera que George Washington y los demás fundadores de los Estados Unidos continuaron con el esclavismo colonial después de la Independencia. Sus errores deben de ser rechazados, no asumidos en defensa de la esclavitud en el Siglo XXI.

En estos momentos el pueblo desborda las calles para contener el desarrollismo depredador y no-sostenible contra el medio ambiente y en contra de los que han secuestrado al estado, violentado la Constitución y las Leyes con impunidad. Nunca antes el ejemplo de Duarte había sido tan relevante como en estos momentos, en que enfretamos la colosal tarea de refundar la Patria sobre los principios que nuestro fundador nos legó.

 

Reyna Rosario ,

Ponencia presentada en el Acto de Protesta del 27 de febrero de 2013,

Organizada por el Foro por un Estado Laico “Eugenio María de Hostos”



[1] Jimenes Grullón, La idolología revolucionaria de Juan Pablo Duarte, Santo Domingo, Editora Corripio, 2009, pág. 36.



[i] El adoctrinamiento religioso y el analfabetismo prevaleciente en la población, hicieron posible la manipulación de la Iglesia Católica Romana a través de amenazas de catástrofes Bíblicas y llamas eternas. Portes amenazó con “excomunión mayor de cualquiera clase de persona” que desobedeciera “los mandatos y órdenes, tanto del General de División, y jefe supremo Santana, como los de la Junta Directiva”, así como de cualquiera “que se mezclase en trastornar las disposiciones de nuestro sabio gobierno. (Tomás de Portes, Carta Pastoral del día 24 de julio de 1844.  Archivo General de la Nación. Colección del Centenario de la República Dominicana, Volumen II páginas 47 a 55).

Efectos del nacionalcatolicismo en las políticas públicas

Argelia Tejada Yanguela, leyendo la ponencia

Hemos convocado esta protesta en el día de la Independencia Nacional para defender la laicidad del Estado Dominicano. Y hablo de defender porque desde 1924 la Constitución Dominicana dejó de ser confesional para convertirse en laica, con completa separación de Iglesia y Estado.

En nuestra Constitución, la legitimidad del poder surge del voto del pueblo y se fundamenta en los derechos humanos de los individuos. Las instituciones e Iglesias no son sujetos con derechos humanos. Pero desde que Rafael Trujillo asumió el control del estado, de facto lo convirtió en un estado confesional y al nacionalcatolicismo en la ideología de dominación y legitimación del status totalitario de su dictadura, institucionalizándolo años mas tarde a través del Concordato de 1954.

El ajusticiamiento de Trujillo en 1961, fue acompañado de la desconstrucción de sus símbolos y la lucha política por el establecimiento de una democracia moderna. Pero la frágil democracia no logró subsistir los embates y las acusaciones de comunismo provenientes de la Iglesia Romana, de sectores militares, y del empresariado aliado a la política estadounidense de la Guerra Fría. Estos sectores se impusieron por la fuerza del fusil, manteniendo el Concordato Trujillista y la ideología legitimadora del nacionalcatolicismo.

El carácter servil de los recientes gobiernos post-Trujillistas y su deseo de mantener el poder a toda costa, los arrodilla ante el poder de la Iglesia que les demanda el financiamiento de su burocracia, sus templos, y actividades. El resultado es una sangría del dinero de los impuestos de la ciudadanía para mantener una religión oficial, legitimadora de la burocracia estatal. Aunque la prensa y la oposición denuncian el clientelismo estatal, ignoran y rechazan investigar o publicar la presencia interventora de la Iglesia Romana en el espacio público, el gran elefante invisible en la habitación.

En memoria del lambonismo dominicano futuras generaciones incluirán en sus giras turísticas el túnel del Cardenal. No hay un país en el mundo que deje de invertir en la salud y educación de su pueblo, y deje a los ancianos sin seguro de salud, mientras no escatima recursos para que el Cardenal camine protegido del bullicio y los rayos del sol, construyéndole un túnel desde su residencia hasta la Catedral.

A excepción del gobierno de Juan Bosch en 1963, todos nuestros gobiernos post-Trujillistas han priorizado el Concordato, a pesar de ser inconstitucional y anacrónico. Su cumplimiento lo coloca por encima de la Constitución, con serias consecuencias para toda la población. Y aunque parezca increible, el poder de la Iglesia en el Siglo XXI ha ido mas allá del Concordato, al extender sus garras a la Constitución para criminalizar acciones que considera pecaminosas de acuerdo a su doctrina, y convertirlas en delitos que permite someter al peso de la Ley a los que violen sus preceptos, como es el caso de la discriminación según genero y orientación sexual.

Pero la Ley no se aplica de forma igualitaria, prevalece el doble-lenguaje y el doble-estándar. Mientras niñas y mujeres violadas son sometidas a embarazos de alto riesgo y a una maternidad forzada, la Iglesia extiende su compasión y protección a sus sacerdotes pederastas, como sucedió con los abusadores de menores en el Albergue de Higüey. Los jueces ofrecen impunidad avalados por el Concordato e intimidados por las masivas manifestaciones de sacerdotes y fanaticadas católicas que tratan de impedir que se investigue y se lleven a tribunales a sacerdotes pederastas.

Quizás el efecto más perverso del nacionalcatolicismo sea su efecto en la población infantil y joven que asiste a escuelas públicas. Desde sus inicios, Trujillo sacó a la Iglesia Romana del limbo jurídico y la financió; otorgándole en 1954 carácter legal a su política de estado confesional a través del Concordato. Uno de sus efectos principales fue la segregación de las escuelas debido al financiamiento estatal para colegios católicos de estudiantes de clase media y alta, mientras las escuelas públicas se destinaban a la población de escasos recursos, incapaces de pagar las cuotas de los colegios católicos.

Pero además de la segregación, la moral humanista y laica vertebradas por Eugenio María de Hostos y Salomé Ureña de Henríquez, orgullo nacional desde finales del Siglo XIX, fue sustituida por Trujillo y el Vaticano por los cánones del nacionalcatolicismo, explícitos en el Concordato.

Esta política, mantenida por los gobiernos post-Trujillistas, ha terminado en el colapso de la educación pública. El Estado la desnudó de su carácter fundamental de ser una educación para la libertad, fundamentada en la razón y el conocimiento, no en creencias sin evidencias que las sustenten.

El Foro por un Estado Laico “Eugenio María de Hostos” apoya una educación científica basada en la razón y la libertad de conciencia. Asigna las creencias religiosas al ámbito privado, no las persigue como lo hicieron los estados ateos del pasado. Respeta las creencias no por su contenido, sino por el derecho a expresarlas. Promueve la tolerancia para permitir libertad de pensamiento y el debate de ideas que pueden ser conflictivas y contradictorias. Y considera imprescindible para el desarrollo de la sociedad y los individuos la anulación del Concordato Trujillista, el cese al uso del dinero de los contribuyentes para financiar Iglesias, y el establecimiento de una Enseñanza Pública de calidad, Universal, Gratuita, Democrática y Laica. Muchas gracias.

Argelia Tejada Yangüela,

Ponencia presentada en el Acto de Protesta del 27 de febrero de 2013,

Organizada por el Foro por un Estado Laico “Eugenio María de Hostos”

Estado laico y derechos sexuales y reproductivos

 

Los casos recientes de las niñas Esperancita y de Lucecita han vuelto a poner sobre el tapete las trágicas consecuencias de no separar el poder espiritual del terrenal, la Iglesia del Estado, aún cuando esto es justamente lo que demanda la obediencia a nuestros preceptos constitucionales.

 

Esperancita murió a destiempo (y quizás innecesariamente, nunca lo sabremos) porque los médicos que la atendieron, temerosos de las consecuencias judiciales, se negaron proceder como indican los protocolos médicos, practicándole un aborto terapéutico para poder iniciar de inmediato la quimioterapia. Lucecita es una más de tantas niñas, adolescentes y mujeres dominicanas víctimas de violación sexual a quien el Estado niega la posibilidad de interrumpir un embarazo aún cuando, como en el caso de ella, casi pierde la vida en el proceso.

 

Los mandatos religiosos de la Iglesia católica (y de otras iglesias) no sólo prohíben el aborto en todos los casos, sino que además prohíben el uso de anticonceptivos, lo que efectivamente condena a las mujeres a la maternidad forzada --en concordancia con la visión eclesiástica de su rol social, centrado en la maternidad y el hogar.

 

Las restricciones eclesiásticas al ejercicio de derechos en los ámbitos sexuales y reproductivos no se limita a las mujeres y sus parejas, sino que también niega a las personas jóvenes la posibilidad de recibir información útil y fidedigna a través de la educación sexual escolar; y discrimina severamente a las personas gays y lesbianas, oponiéndose a su ejercicio igualitario de derechos, fomentando la homofobia y promoviendo las “terapias reparativas”, que han sido ampliamente denunciadas por la gravedad de los daños sicológicos que producen.

 

Ahora bien, ¿por qué nos importan tanto estas restricciones eclesiásticas? ¿Qué relación guarda todo esto con la laicidad del Estado? Recordemos que la libertad de conciencia y de cultos, el primero y uno de los más fundamentales de los derechos humanos, garantiza a las iglesias la facultad de dictar las pautas que deben regir el comportamiento de sus fieles. Lo que las iglesias no pueden hacer es imponer por ley estas pautas de conducta a creyentes de otras religiones, a no creyentes y aún a sus propios fieles. Por las mismas razones que no se puede prohibir a una persona su práctica religiosa, tampoco se la puede obligar a cumplir normas religiosas con las que no está de acuerdo.

 

Cuando los arreglos políticos de una nación permiten a una iglesia utilizar los poderes y los recursos del Estado para obligar por ley a toda la ciudadanía a cumplir sus dogmas particulares –como ocurre en RD con la educación sexual escolar y el aborto terapéutico, por ejemplo- no sólo se violan derechos fundamentales de las personas, sino que se vulnera la institucionalidad democrática. Porque no puede haber democracia sin que prevalezca el Estado de derecho y esto es imposible cuando se violan derechos establecidos constitucionalmente (a la libertad de conciencia y cultos, a la igualdad ciudadana, a la dignidad de la persona, a la intimidad personal y muchos otros).

 

Las encuestas nos dicen que la ciudadanía está mayoritariamente a favor de la educación sexual, del derecho al divorcio, al uso de anticonceptivos, a la prevención del SIDA por medio de preservativos y al aborto terapéutico. ¿Podemos seguir permitiendo casos como los de Esperancita y Lucecita? ¿Es posible que un país se desarrolle cuando una de cada cinco adolescentes ya es madre? ¿Es justo que las leyes dominicanas obliguen a las mujeres a parir en contra de su voluntad, sin importar las circunstancias? Si su respuesta a estas interrogantes es NO, entonces usted también está a favor del Estado laico. Exija el respeto a sus derechos ciudadanos. Demande la separación Estado-Iglesia.

 

Denise Paiewonsky

Ponencia presentada en el Acto de Protesta del 27 de febrero de 2013,

Organizada por el Foro por un Estado Laico “Eugenio María de Hostos”

Protesta contra Te Deum y por Estado Laico

 

La directiva del Foro por un Estado Laico “Eugenio María de Hostos” notificó al Estado Dominicano por Acto de Alguacil el día 15 de febrero de 2013,advirtiéndoles la inconstitucionalidad de celebrar un Acto de Estado en una Catedral Católica, con la eventual e inminente celebración de Misa y Tedeum, el próximo 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional.

El Foro por un Estado Laico “Eugenio María de Hostos” es una organización de ciudadanas y ciudadanos preocupados por la violación sistemática de la laicidad del Estado en la República Dominicana, situación que refleja a la vez que promueve el atraso institucional de nuestro sistema político, que vulnera múltiples derechos ciudadanos consagrados en la Constitución, y que sirve de sostén a políticas públicas que discriminan a diversos sectores sociales y perjudican el bienestar colectivo –como son la prohibición del aborto terapéutico, la falta educación sexual escolar, la negación de derechos a las minorías sexuales, la discriminación sistemática de librepensadores y miembros de otras religiones, etc.

El fundamento de la notificación judicial establece que la práctica consuetudinaria de la celebración de la Misa y Te Deum en las fechas patrias, con la participación del Presidente de la República y los demás representantes de los Poderes del Estado, constituye un manifiesto acto de adhesión del Estado a la Iglesia.

Este “Acto de Estado” constituye una injustificada violación a la Constitución de la República Dominicana, cuyos textos contemplan el carácter de Estado laico o aconfesional que las autoridades estatales están llamadas a preservar. La presencia del Presidente de la República en el Tedeum Católico lo convierte en un acto de adhesión suprema del Estado a una iglesia y religión en particular, lo que constituye una discriminación y patente violación al derecho constitucional sobre la igualdad ciudadana (Art. 39 de la Constitución), entre otros derechos.

Pero además resulta incongruente el celebrar el Día de la Independencia Nacional con los representantes de los poderes del estado arrodillados frente a los jerarcas de la Iglesia Católica Romana para escuchar sermones políticos que históricamente han sido catastróficos para la nación dominicana, como lo fue la Carta Pastoral del 24 de julio de 1844, mantenida por 100 años oculta al pueblo en el Archivo General de la Arquidiócesis de Santo Domingo.

En esta Carta, el Arzobispo Tomás de Portes e Infante amenaza con “excomunión mayor” a todos los que no apoyasen la política del gobierno de Pedro Santana que oponían Juan Pablo Duarte y los Trinitarios. Esto permitió que el gobierno del General Pedro Santana los sentenciara a muerte si no abandonaban el territorio dominicano, creándoles un estigma público en el contexto iletrado y supersticioso del Siglo XIX dominicano y facilitando la anexión de la República a España.

Por estas razones el Foro por un Estado Laico “Eugenio María de Hostos” realizará un acto de protesta el día 27 de Febrero, a partir de las 10 am en el Parque Duarte (Padre Billini esq. Hostos). Allí denunciaremos las múltiples formas en que los privilegios políticos y económicos de que goza la Iglesia católica constituyen un obstáculo al desarrollo democrático de la nación, al Estado de derecho y a las libertades ciudadanas, y demandaremos la plena vigencia del Estado laico, tal como lo establece la Constitución de la República.

Por el Foro por un Estado Laico “Eugenio María de Hostos”,

Argelia Tejada Yanguela

Guido Riggio Pou

Magaly Pineda

Denise Paiewonsky

Lorena Espinoza

Reina Rosario

María de Jesús (Susi) Pola

Santo Domingo, 20 de febrero de 2013

 

Campaña por el día del amor

 

Comunicado de Católica por el Derechos a Decidir sobre la Renuncia del Papa

 


BOLETÍN DE PRENSA

· CDD considera que la renuncia del Papa Benedicto XVI es un acto de humildad y tomado en conciencia

· Deja a la Iglesia en una crisis de credibilidad y con importantes pendientes que resolver

· CDD hace un llamado al Vaticano para elegir a un nuevo Papa que promueva una Iglesia incluyente, respetuosa y comprometida con la justicia social

Ante la reciente noticia de que el Papa Benedicto XVI renuncia a su cargo como líder de la Iglesia católica, Católicas por el Derecho a Decidir considera que esta decisión es un acto de humildad y tomado en conciencia, y hace un llamado al Vaticano para que en estos momentos de cambio, se elija a un Papa que promueva una Iglesia comprometida con la justicia social y los derechos humanos, una Iglesia incluyente y respetuosa de las diferencias y de las libertades individuales, una Iglesia que reconozca a mujeres y hombres como iguales.

A pesar de que un importante sector de la Iglesia acompañó a Benedicto XVI con devoción, esperanza y fe durante su pontificado, el Papa no cumplió las expectativas de acompañamiento de otro sector igualmente importante de la Iglesia pueblo de Dios, a través de una palabra evangélica, un acto de justicia, un gesto de consuelo. Benedicto XVI deja a la Iglesia católica en medio de una severa crisis de credibilidad, que no pudo resolver, y por lo contrario la agudizó dejando pendientes importantes en temas relacionados con la falta de justicia a las numerosas víctimas de abuso sexual por parte de religiosos; la obstaculización en el avance de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y jóvenes, específicamente en la negativa de uso de métodos anticonceptivos y el condón en la prevención del VIH; la reafirmación del papel de subordinación de las mujeres dentro y fuera de la Iglesia; el rechazo y la condena a las expresiones de la diversidad sexual, el silencio ante la violación sistemática de los derechos humanos al interior de la Iglesia, así como la negativa a entablar un diálogo y entendimiento con otras religiones.

En Católicas por el Derecho a Decidir consideramos que existe otra manera de ser Iglesia, tomando en cuenta el sentir de la feligresía e inspirada en el mensaje de Jesús y en el Evangelio. Por ello, esperamos que estos cambios permitan una reestructuración profunda de la Iglesia que responda al reclamo de millones de católicas y católicos que aspiran una Iglesia que:

· Reconozca a mujeres y hombres como iguales en dignidad,  y que fomente con acciones concretas la erradicación de la violencia y la discriminación.

· Reconozca la libertad de conciencia y la autoridad moral de mujeres y jóvenes en la toma de decisiones sobre su sexualidad.

· Se comprometa con la justicia social y los derechos humanos en todos los ámbitos, una Iglesia amorosa, incluyente y respetuosa de las diferencias y de las libertades individuales.

· Reconozca su responsabilidad en el encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos: reparar el daño moral a las víctimas y aplicar la justicia civil y la pena canónica a los culpables.

· Escuche a su feligresía y que sea sensible a los signos de los tiempos, que dedique su mayor esfuerzo al bien común y a su misión espiritual de promover la misericordia y el amor.

· Retome el llamado del Concilio Vaticano II el cual propuso, entre otros temas, romper con la estructura piramidal y excluyente que tiene esta Iglesia.

Es urgente que el Vaticano deje la simulación de ser un Estado y una religión y se avoque a su labor pastoral y a la defensa de los derechos humanos de las personas por el bien de nuestra Iglesia.

 

México. D.F., Febrero 11 de 2013

Niña violada y obligada por la legislación dominicana a llevar a término el embarazo pone en riesgo su vida y su salud

 

Santo Domingo, 8 de febrero del 2013.  La Colectiva Mujer y Salud, el Foro Feminista y la Asociación Dominicana de Periodistas con Perspectiva de Género, a través de este comunicado expresan gran preocupación por la desprotección en que se encuentran las niñas y mujeres dominicanas con relación a situaciones que comprometen su derecho a la vida y a la integridad personal, y que vulneran sus derechos sexuales y reproductivos.

En esta ocasión, hacemos un llamado a la sociedad dominicana para que, en conjunto, velemos por la vida de Lucecita, la menor que se encuentra en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Juan Pablo Pina de la Ciudad de San Cristóbal; quien a la corta edad de 11 años se vio obligada a llevar a término un embarazo producto de una violación sexual, perpetrada por el esposo de su hermana.

La legislación dominicana al prohibir de manera absoluta la interrupción del embarazo sometió a Lucecita, al igual que a Esperancita, a un trato cruel, degradante e inhumano, colocándola en un hilo entre la vida y la muerte.

Resulta extremadamente arbitrario que una mujer, y en este caso una menor de edad, víctima de violación sexual no tenga en nuestro país el derecho a decidir sobre su vida, su cuerpo y su sistema reproductivo. Resulta inhumano y cruel obligar a una niña de once años a llevar a término un embarazo.

Es por esto que exigimos:

· El traslado de la menor hospitalizada en el Juan Pablo Pina de San Cristóbal a la Plaza de la Salud, ya que su delicado estado de salud amerita condiciones que no se pueden garantizar en dicho hospital y que le aseguren todos los procedimientos necesarios para salvar su vida;

· Demandamos de manera urgente la despenalización del aborto por violación, incesto y cuando corre peligro la vida y la salud de la mujer;

· Educación sexual integral y científica en las escuelas;

· Políticas públicas que contribuyan a prevenir y sancionar de manera efectiva la violencia sexual contra las mujeres y las niñas;

· Que la justicia imponga todo el peso de la ley al violador;

· Protección social para la criatura, ya que Lucecita, de salvar su vida, no dispone de la madurez emocional, física, psicológica y material para ejercer la maternidad.

Obligar a parir a una niña violada, que lo que pidió fue una muñeca cuando tuvo un momento de lucidez, es una violación a los derechos humanos, a los derechos de la niñez, es un acto de tortura que no podemos tolerar.

No más Lucecita, basta Ya

 

Sociedad de Obstetricia rechaza modificaciones al Código Penal

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología se unió a la cadena de reclamos contra las modificaciones al Código Penal Dominicano aprobadas en primera lectura por la Cámara de Diputados lo que consideran un retroceso a nivel jurisdiccional.

La entidad que aglutina a los  profesionales del área de la Salud sexual y reproductiva asegura que su norte es la protección de los derechos de las mujeres y la equidad de género.

La Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología explica que la modificación en caso de sólo tipificar el feminicidio en caso de la pareja de la mujer, representaría la profundización de la violencia.

“Que la propuesta de reducir la pena frente a hechos como el acoso sexual representaría un duro golpe a la promoción de la equidad y el clima de respeto que debe reinar en todos los espacios en los que interaccionan  hombres y mujeres”, explica la entidad.

Asimismo, la Sociedad de Obstetricia y Ginecología se opone además penalizar el aborto, en el sentido de aumentar las penas, a juicio de la entidad en estos momentos se debe promover la despenalización por los peligros de muerte de la madre, las anomalías genéticas del feto, el incesto o la violación sexual.

“Que nuestra legislación y el código penal no deben ser  excepción, por lo que deben  ser congruentes con los tratados internacionales de los que el Estado dominicano es signatario, que son garantes de los derechos y la equidad entre hombres y mujeres”, indicó la Sociedad de Obstetricia y Ginecología en un comunicado de prensa.

El gremio que agrupa a los profesionales de la medicina hace el llamado ante la aprobación en primera lectura de la pieza, el pasado 16 de octubre por la Cámara de Diputados.

Consideran que en el sector salud las modificaciones al Código Penal constituyen un retroceso.

Fuente: http://www.acento.com.do/index.php/news/26915/56/Sociedad-de-Obstetricia-rechaza-modificaciones-al-Codigo-Penal.html#.ULaM8TksdYg.email del 28 de noviembre 2012

¡NO PUEDE SER!

AL CONGRESO NACIONAL, A LA OPINION PÚBLICA Y AL PAÍS

¡NO PUEDE SER!

Nosotras, abajo firmantes, quisqueyanas y quisqueyanas/americanas, rechazamos las disposiciones del proyecto de Código Penal en curso en el Congreso de la República Dominicana, que limitan seriamente los derechos de las mujeres y niñas dominicanas, y por extensión el bienestar de sus familias y comunidades.

No puede ser que el país cuyas Mariposas inspiraron el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer -25 de noviembre-, retroceda ahora vergonzosamente en la protección de sus derechos, aprobando un nuevo Código Penal que disminuye la seguridad y los derechos civiles de nuestras ciudadanas.

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Sabado 24 de noviembre de 9 a 12 CONCENTRACIÓN EN EL PARQUE INDIPENDENCIA

Para el día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres se convoca a una concentración en el Parque Indipendencia, sabado 24 de noviembre de 9 a 12.
Les sugerimos visitar el enlace http://issuu.com/lorenaespinoza/docs/qhnov2012-web-vff?mode=window&backgroundColor#222222 para ver el periódico Quehaceres de CIPAF del 2012, como cada noviembre abarca artículos de interés sobre la violencia contra las mujeres, los feminicidios, y el Nuevo Código Penal.
Si desean la versión en físico pueden presentarse en las oficinas del CIPAF o llamar al Las/los interesadas en la versión impresa del Quehaceres pueden pasar
por nuestras oficinas y/o llamar al 809 535-2696.

Reportan 163 mujeres han sido asesinadas en lo que va del 2012

El Observatorio del Ejercicio Ciudadanoque dirige Sergia Galván ofreció los detalles en ocasión de la proximidad del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Al 30 de octubre,163 mujeres han muerto víctimas de feminicidios, 75 registrados como íntimos y 88 no íntimos.

Las provincias que registran mayor cantidad de feminicidios son la de Santo Domingo, La Vega, Puerto Plata, San Cristóbal, La Altagracia y Santiago.

Una noticia alentadora, es que al 30 octubre de este año, el registro de feminicidios presenta una diferencia de 41 feminicidios menos en relación al 30 de octubre de 2011.

La entidad cree que puede estar impactando de manera positiva los esfuerzos desplegados por la Procuraduría General de la República y el Ministerio de la Mujer, además del trabajo de movilización social de las organizaciones feministas, de mujeres y otros actores de la vida nacional.

"Hay que destacar la importancia que ha dado el Procurador General de la República a la violencia contra las mujeres y las niñas y el compromiso y la sensibilidad hacia el tema de dos Procuradoras Fiscales de importantes ciudades, nos referimos a Yeni Berenice Reynosoy Olga Diná Llaverías" indica.

Sin embargo, a pesar de esa tendencia positiva en la reducción de los casos de feminicidios, es altamente preocupante, el retroceso que se pretende imponer desde el Código Penal,al eliminar la sanción a la violencia de género contra las mujeres; al considerar “grave” la violencia intrafamiliar sólo cuando se cause la muerte de la víctima, una incapacidad permanente o por más de 90 días.

El código dicen pretende reducir la pena al acoso sexual; sancionar como Feminicidio sólo el asesinato de una mujer cuando es cometido por su pareja actual o pasada;sancionar la interrupción del embarazo en todas las circunstancias, aún cuando peligre la vida de la mujer; reducir la pena al acoso sexual y encubrir la violación sexual a una menor de edad

"Demandamos, un enfoque y abordaje integral de la violencia contra las mujeres y las niñas por parte de las autoridades, que no se limite sólo a la violencia intrafamiliar, sino que la contemple en todas sus dimensiones y tipos" añade.

Llama la atención de manera especial, al Ministerio de Salud para que asuma la violencia contra las mujeres y las niñas dentro de sus prioridades de políticas.

"Al 30 de octubre, también han ocurrido 140 muertes maternas, que sumadas a los 163 feminicidios, asciende a 303 mujeres muertas por causas evitables en su gran mayoría. Lo que constituye una tragedia nacional" precisa.

"También queremos expresar nuestra preocupación por el hecho de que a la fecha, la magistrada Roxanna Reyes, Procuradora Adjunta de la Mujer, una figura clave en el trabajo para la prevención y la sancióna la violencia contra las mujeres y las niñas, aún no haya sido ratificada en su puesto. Consideramos oportuna la ocasión del 25 de noviembre,para que salgamos de la incertidumbre que tal situación acarrea, ratificando a dicha magistrada".

Fuente: http://www.diariodigital.com.do/articulo.php?id=23114 del 20 de noviembre 2012

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